Diputadas 2022 - 2026: Puro igualitarismo, casi nada de poder

El 28 de junio de 2010 se publicó en la Gaceta no. 121 el reglamento de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Posteriormente, en 2012, la Asamblea Nacional, subordinada a Daniel Ortega, aprobó una reforma a Ley Electoral y a la Ley de Municipios que obligó a los partidos políticos a garantizar la igualdad en las candidaturas a cargos de elección popular, conocida como Ley 50-50. El país ha avanzado en igualitarismo, pero las mujeres que ocupan cargos públicos siguen relegadas en la toma de decisiones, tienen derecho a voto, pero sin voz.   

Luego de 17 años gobernando “desde abajo”, Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua comprometiéndose a mantener la "estabilidad socio política del país", la “reconciliación nacional” y "sacar a Nicaragua de la pobreza". Estableció que una de las vías para lograrlo era la promoción de “la igualdad ante la ley” mediante la aprobación y reformas de un conjunto de normativas a favor de “los derechos de las mujeres”.

Así, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empezó a manipular la bandera del feminismo en su afán de atraer simpatías de las mujeres, que representan más de la mitad de la población nicaragüense. 

Para Boanerges Fornos, exfiscal y defensor de derechos humanos en Nicaragua, esta idea de inclusión de la mujer, por parte de la administración Ortega-Murillo, era y sigue siendo “una estrategia política de decirle a las mujeres a nivel nacional y a organizaciones defensoras de derechos humanos y del derecho de las mujeres a nivel internacional que, en Nicaragua, hay una igualdad en el tratamiento y en el acceso a posiciones de las mujeres en puestos de poder”.

Esta estrategia políticamente se estableció a través de acciones de implementación de programas sociales, y una “transversalización del género” como política nacional y parte de los planes nacionales de desarrollo humano, abriendo paso a una amplia presencia e inclusión de las mujeres en distintas instancias de Estado. El 28 de junio de 2010 se publicó en La Gaceta el reglamento a la “Ley de Igualdad de derechos y oportunidades”.  

Esta Ley establece que el Estado de Nicaragua “garantiza la igualdad de derecho a optar a cargos de elección popular como una oportunidad a la que tienen acceso tanto hombres como mujeres, estableciéndose un porcentaje proporcional del 50% para hombres y 50% para mujeres a las elecciones Nacionales, Regionales, Municipales y del Parlamento Centroamericano, promoviendo la participación, el progreso social, elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de igualdad y de oportunidad”.

Una década después de aprobada la Ley, el 50 por ciento de los curules de la Asamblea Nacional están en manos de mujeres. En las votaciones realizadas el pasado 7 de noviembre de 2021, el Consejo Supremo Electoral (CSE), siguiendo los preceptos de la Ley 50-50, asignó a las mujeres 46 diputaciones propietarias y 45 suplentes. Además, 10 mujeres alcanzaron una diputación ante el Parlamento Centroamericano.

Eyling Cruz, abogada defensora de derechos humanos y también exfiscal, explica que el fundamento legal en cuanto a la cantidad de mujeres diputadas en la Asamblea Nacional está basado en la Ley de Igualdad de Oportunidades donde debe existir una equidad de género no sólo en las diputaciones sino en todos los entes, ministerios y en todos los poderes del Estado, sin embargo, agrega “esto es meramente nominal” porque no participan activamente en la toma de decisiones”.

Para la joven activista política, María Laura Alvarado, estas cuotas -en condiciones de autonomía plena para las mujeres- representarían una gran oportunidad para avanzar en la agenda de igualdad de género, porque permitirían que llegaran a la Asamblea Nacional las demandas reales de las nicaragüenses. “Si realmente viviéramos en un estado de derecho y estas mujeres representaran las demandas de las mujeres, estaríamos en un país en donde las mujeres tuviésemos oportunidades, pero este no es el caso. En Nicaragua tenemos a un 50 por ciento de mujeres, pero estas mujeres no representan realmente nuestras demandas. Lo que hemos visto es un retroceso en los derechos que ya les fueron reconocidos a las mujeres tiempo atrás”.

Para Boanerges Fornos, lo descrito por María Laura, obedece a una estrategia interna del partido gobernante, tener mujeres en supuestos cargos de poder sólo como guardianas, pero sin derecho a hacer uso de estos, más que para agilizar gestiones a favor de la cúpula de poder del partido y la familia Ortega Murillo. “Esa igualdad no es real es una igualdad formal, es decir, solo las colocas allí para que estén, pero los verdaderos tomadores de decisiones son varones, salvo la excepción de la actual vicepresidenta de Nicaragua que, sí tiene poder de decisión”, explica el abogado de Acción Penal.

Cruz analiza que, en la composición de la Junta Directiva de la Asamblea, prevalece el dominio de parte de los hombres. “Yo creo que desde los noventa no tenemos una presidenta en la Asamblea que sea mujer, si mal no recuerdo desde la época del gobierno doña Violeta”, afirma la abogada. “Otro de los puntos es que hay antecedentes, por ejemplo, de algunas diputadas que ejercían algún cargo de secretaria que trataron de tener alguna incidencia y cuestionar algunas decisiones y fueron severamente tratadas por parte del presidente de la Asamblea y jefes de bancada”, agrega.

Para algunas organizaciones civiles consultadas no existe un cumplimiento real de la Ley de Igualdad y Oportunidades, lo que existe en la Asamblea es una composición meramente nominal, sin embargo, para efectos sustantivos porque siempre prevalece la desigualdad de género y la voluntad presidencial. En la práctica hay una estrategia política del partido de gobierno para tratar de tener visibilidad internacional en temas de género, pero operativamente no funciona de esa manera.

Una realidad que en el actual contexto de crisis socio política, el tener 45 diputadas en la Asamblea Nacional no suma puntos al gobierno de Ortega, todo lo contrario aunque “intentan presentar estadísticas ante la comunidad internacional y decir en el aspecto formal “estamos cumpliendo” materialmente no lo están haciendo “yo creo que ya la comunidad internacional está clara de que la situación en Nicaragua es sumamente difícil, y que particularmente la situación de las mujeres, es difícil y no han logrado alcanzar las posiciones que deberían y no sólo por el hecho de ser mujer sino por sus capacidades”, explica Fornos.

Ciertamente lo que existe es una voluntad de utilizar el mecanismo de las mujeres como una plataforma política para poder acceder a un cargo superior pero no ha impactado en la realidad de la ciudadanía nicaragüense, particularmente de las mujeres, coinciden Alvarado y Cruz. Para ellas, la bandera feminista ha sido utilizada por diversos partidos como una plataforma para captar votos, pero las nicaragüenses siguen en el abandono y la desigualdad que provoca el Estado patriarcal.