Michelle Bachelet: Persisten violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo durante su intervención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua en febrero de 2020, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el “Gobierno” percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos.

De acuerdo con Bachelet, el derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió 43 denuncias de violaciones a los derechos humanos como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Bachelet remarcó que todavía no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años en Nicaragua, también debido a la Ley de Amnistía.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”.

Entre las graves violaciones a los derechos humanos registrados en Nicaragua, Michelle Bachelet mencionó los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, el 26 y 27 de marzo pasado. Los incidentes violentos del 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, que dejaron al menos dos comunitarios y tres policías heridos, así como varias personas detenidas.

“Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior”, señaló la Alta Comisionada.

También recordó que ninguno de los 86 presos políticos ha sido beneficiado con la medida de convivencia familiar, por la cual el régimen de Daniel ortega liberó a más de 4 mil reos. “Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años”.

COVID-19 provoca mayores restricciones de espacios democráticos

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó que la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. “El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”.

Asimismo, señala Bachelet, la pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período de 2019, habrían registrado 27 casos.

Bachelet señala la poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos de COVID-19 registrados en Nicaragua y algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. “Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”, señaló.

Michelle Bachelet también hizo referencia a la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Hermanamientos Municipales que ha venido trabajando por el desarrollo del municipio de Camoapa. Además, señaló que desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.

“Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”, finalizó.