Reforma constitucional: la legalidad no conlleva legitimidad

Unas 160 personas, en su mayoría jóvenes de diversas universidades como la UPOLI, UCA y American College, asistieron al foro “Desafíos de la juventud nicaragüense en el contexto político actual” el pasado martes tres de diciembre. El evento, organizado por la Coordinadora Civil, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, propició un espacio de reflexión, donde las y los jóvenes escucharan distintos puntos de vista con relación a la propuesta de reformas constitucionales propuestas recientemente por el Ejecutivo.

“Hablar del Estado y de la religión es hablar de dos temas completamente distintos, de dos horizontes distantes. […] desde 1893, las distintas constituciones han dejado claro que el Estado para cumplir con cabalidad sus funciones, debe apartarse de los hilos conductores de la religión” mencionó Claudia Reynosa, estudiante de derecho de la UPOLI, refiriéndose a al artículo cuatro de la propuesta de reforma, que plantea que el Estado asume la tarea de promover el desarrollo humano de las y los nicaragüenses bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias.

Según Reynosa, la Constitución Política de Nicaragua, prohíbe que el Estado pueda ser por un lado laico y por otro lado cristiano. La propuesta de reforma crea una contradicción, que a su vez genera discriminación, ya que en Nicaragua no hay sólo cristianos. “Se contradice el pluralismo sobre el que está sentada la sociedad nicaragüense”, puntualizó. 

Jorge Mayorga, también estudiante de derecho de la UPOLI, mostró su insatisfacción hacia la reforma del artículo 147, que deja el camino libre para la reelección presidencial indefinida. “La reelección indefinida o perpetua atenta en forma directa contra la democracia y contra esos principios básicos consagrados en la Constitución como lo es la igualdad, como lo es el derecho a ser electo o a elegir”, señaló.

Agregó Mayorga que las propuestas de reforma atentan contra la alternabilidad en el poder, la cual es la garantía de no caer en una dictadura, de elegir y ser electos y permite estar en un mismo plano de igualdad a la hora de elecciones populares y legales.

Otro de los aspectos de la reforma que motivó la participación de la gente joven, es la luz verde para que militares activos puedan ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. “Significa un retroceso en nuestra democracia, en el tan anhelado y casi invisible estado de derecho de nuestra Nicaragua; pudiendo llegar al temido ejercito politizado, desnaturalizado y retomando prácticas que como nicaragüenses ya creíamos haber superado” expresó la universitaria Nathaly Morales, quien prevé una inminente reforma. Sin embargo fue enfática al mencionar que de ser aprobada la propuesta de reforma “la legalidad no conlleva una legitimidad”.