Silencio a cualquier costo, la táctica de represión de Daniel Ortega en Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua” en el que denuncia las estrategias represivas del régimen de Daniel Ortega contra cualquier persona que se oponga a a sus políticas. Quien protesta en Nicaragua puede perder su libertad y hasta su vida.  

AI destaca que desde 2018 cuando estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el “gobierno” no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Más bien, se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos.  

“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas, que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa”, agrega.

Organizaciones locales continúan denunciando como el gobierno utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, detalla la nota de prensa publicada por Amnistía.

Agrega que, al interior de las cárceles, las personas detenidas por su activismo siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua y ha generado alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos preocupadas por las condiciones de las personas detenidas.

Organizaciones locales entrevistadas por Amnistía Internacional relataron que decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19. De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía Internacional, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios.

Activistas excarcelados y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares después de haber sido excarcelados es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad. Alrededor de 30 personas excarceladas han sido nuevamente detenidos, señala el informe de Amnistía.

Las expresiones de acoso han incluido, señala Amnistía, controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades, incluyendo la cancelación de personerías jurídicas, la incautación de sus bienes y la destrucción de sus instalaciones; específicamente del Cenidh, 100% Noticias y Confidencial.  

El informe recoge que, desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión.

“Lo que están aprobando son instrumentos de represión para dar la forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo en contra de los derechos humanos”, dijo Vilma Núñez, defensora de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien participó en la presentación del informe de Amnistía Internacional.   

Las constantes amenazas y hostigamiento han provocado que cientos de miles de personas, incluyendo periodistas y quienes defienden los derechos humanos, tengan que huir a otros países para resguardar su libertad y su vida. “Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio”, explicó a Amnistía Internacional el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien ahora vive fuera de Nicaragua y dirige la organización de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

El informe alerta que lo peor no ha pasado. Se teme que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales del 7 noviembre de 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudezcan, mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica.

“Conseguir justicia en Nicaragua parece imposible. La comunidad internacional debe dar pasos contundentes para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a las todas las personas que mantienen su lucha por una Nicaragua libre de represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia hasta que el gobierno nicaragüense rinda cuentas por sus acciones y ponga un alto a las violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.