Paulo Abrão: Nicaragua vive en un estado policial

Paulo Abrão, experto en derechos humanos y ex-Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Nicaragua vive un ambiente de represión permanente y esto afecta de manera grave los derechos humanos de la ciudadanía y debilita todo Estado de derecho.

Paulo Abrão, junto a Haydée Castillo, defensora de derechos humanos, Julio Martínez, vocero de Urnas Abiertas, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH  y Enrique Sáenz, analista político y economista nicaragüense, participaron en el foro Persecución Judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral en Nicaragua.

Para Abrão hace falta que los órganos políticos de la comunidad internacional tengan una disposición política efectiva y reconozcan sus realidades, “enfrentarla de manera directa y confrontada a esta sin tergiversaciones, sabiendo y apuntando que uno de los factores más relevantes de esa crisis en el país se vincula con este Estado policial que prevalece dentro de Nicaragua”, agregó Abrão en el marco de 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A juicio de Abrão, si se parte de las premisas que en el país no hay Estado de derecho, independencia judicial, respeto a los derechos humanos y democracia, “estamos frente a un grave riesgo de desmoralización de los organismos y espacios multilaterales para responder a las situaciones más críticas”.

Por su parte Haydee Castillo, defensora de derechos humanos y ex integrante de Panorama Electoral destacó que la implantación de una dictadura en Nicaragua tiene como punto de partida el pacto que firmó Daniel Ortega con Arnoldo Alemán en 1999, donde se distribuyeron todas las instituciones del Estado, fue el inicio de la construcción de esta dictadura. “Ahora el régimen Ortega-Murillo en menos de seis meses aprobó una decena de leyes y reformas represivas que a nuestro juicio terminaron de enterrar el Estado de derecho que ya venía vulnerado desde este pacto y luego con la llegada de él al poder”.

En su intervención, Castillo realizó un recuento de las leyes que hasta la fecha la dictadura de Daniel Ortega ha aprobado; algunas de ellas son: La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,  Ley de Ciberdelitos, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo e Independencia de la Soberanía, Autodeterminación para la Paz, Ley de Cadena Perpetua, la Reforma Adicional a la Ley 406 del Código Penal, que autoriza al mismo régimen retener a una persona por 90 días para investigarla sin que haya de por medio ninguna acusación o proceso penal, también se reformó la Ley 842.

“El impacto de todo este andamiaje de reformas y de abusos a la legislación nicaragüense tiene como producto que 13 organizaciones no gubernamentales fueran despojadas de su personería jurídica y otras obligadas a cerrar su labor”, agregó Castillo.

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La defensora de derechos humanos aseguró que los destinos de la nación y la toma de decisiones está en manos de un régimen dictatorial. “El impacto en los partidos políticos ha liquidado y ha asfixiado la democracia participativa pero también la democracia representativa. Estamos asistiendo a una situación en que el pueblo de Nicaragua se encuentra en total indefensión ya no existe ninguna institución a la que se pueda recurrir para la protección”.

Vilma Núñez aseguró que ha habido un incremento de la represión dictatorial implementada desde 2018 por Daniel Ortega y Rosario Murillo y expresó que en esta nueva arremetida está utilizando métodos más excesivos.

“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo, perpetuarse en el poder eliminando todo lo que para ellos signifique obstáculo o riesgo; ha decidido destruir las elecciones e impedir la realización de las mismas a toda costa y ahí se incrementa el repunte de una forma perversa e inédita de represión que inicia el 20 de mayo con la persecución de Cristiana Chamorro y ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el Ministerio de Gobernación, el asalto y robo de las instalaciones de  Confidencial, el desfile forzoso de personas citadas arbitrariamente a la Fiscalía y evidencia que el objetivo a atacar en esta nueva etapa es a los precandidatos presidenciales y a los dirigentes políticos y económicos, persigue a periodistas independientes y provoca un exilio masivo que incluye a los defensores privados de los presos políticos”.

En Nicaragua existen 27 personas opositoras detenidas arbitrariamente por la policía Ortguista en las últimas semanas y al menos 140 presas y presos políticos. La noche del 05 de julio fueron secuestrados por la policía Orteguista;  Lesther Alemán y Max Jerez, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), así como, el precandidato presidencial Medardo Mairena y los integrantes del Movimiento Campesino Pedro Mena y Freddy Navas.