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Ministerio Público confirma reanudación de juicios de personas presas políticas

Julio López

El Ministerio Público (MP), controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó mediante este comunicado que, a partir del primero de febrero de 2022, se realizarán los juicios orales y públicos, de las personas “detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial" y de quienes "se encuentran con arresto domiciliar”.

Según el Ministerio Público, “estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”.

En abierta violación al debido proceso, el MP califica a las personas presas políticas como “criminales y delincuentes” que “han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creados daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.

Al menos, un centenar de familias de personas presas políticas han suscrito un comunicado demandado la liberación de los 170 reos de conciencia, así como la anulación de sus juicios políticos. Sin embargo, el régimen ha respondido reactivando los juicios contra Yader Parajón, Yaser Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyen Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaurre, María Oviedo, Irving Larios, y Freddy Navas.  

“Hacemos del conocimiento público que se han reanudado los juicios injustos en contra de algunos de nuestros familiares y que las próximas audiencias se han programado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial”, señala un comunicado de familiares de las personas presas políticas.

A traves de un comunicado, reiteraron que sus “familiares son inocentes de los cargos por los que son acusados y que ellos sólo han ejercido sus derechos constitucionales de expresión y de opinión, en defensa de todos los nicaragüenses. Por tanto, lo que legalmente corresponde es que los judiciales decreten la anulación total de todos los procesos desde su inicio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, con pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales”

Manifestaron que, durante todo este tiempo, las personas presas políticas han estado en total indefensión y discriminación inhumana. “Entre otras anormalidades, se ha violentado y obstaculizado el derecho a la defensa, celebrándose audiencias secretas sin presencia de abogados defensores ni familiares y celebrándose audiencias en el centro de detención del Chipote; se ha impedido que nuestros familiares se reúnan de forma privada con sus abogados, quienes no tienen siquiera acceso a los expedientes completos del proceso”.

Además, recalcaron que, como familiares, tienen derecho a estar presentes en todas las audiencias, ya que los juicios penales son públicos y que las audiencias deben realizarse en un ambiente adecuado en las salas judiciales respectivas y no en centros de detención e investigación.