Suyen Barahona encontrada “culpable” por un sistema judicial controlado por Daniel Ortega

Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS) antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS) fue declarada “culpable” por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”. La Fiscalía pidió 15 años de prisión contra Barahona.

“Yo sé que mi hija es inocente. Ella debe estar en libertad”, dijo la madre de Suyen Barahona, al conocer el fallo.

La familia de Suyen expresó en un comunicado que ella fue condenada por delitos que no ha cometido. “Un poder judicial en completo desapego a la Constitución y a la independencia de poderes declaró un fallo de ‘culpabilidad’ por ejercer su derecho a expresar libremente su pensamiento; por defender cívica y pacíficamente los principios de la nación nicaragüense establecidos en nuestra Constitución: la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político”.

Para la familia de Barahona, lo único que cabe en este caso es la nulidad absoluta del juicio. “Lo único que Suyen ha hecho es atreverse a imaginar una Nicaragua donde niños como su hijo y la juventud nicaragüense puedan vivir en alegría y libertad, con acceso a una educación de calidad” y puedan contribuir, desde cada esfera que se encuentren, a la creación de un país con principios democráticos, de progreso, inclusivo y justo”, señala el comunicado.

“He dedicado gran parte de mi vida adulta a mejorar Nicaragua y defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Parte de mi lucha ha sido por mi hijo, para que sepa que hay que defender sus derechos”, dijo Suyen en su breve intervención, relata la familia, al tiempo que pidió libertad ara ella y para las mas de 170 personas presas políticas.

Esta semana continúa la farsa judicial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las personas privadas de libertad por razones políticas. Este 8 de febrero está programado el juicio contra el periodista y cronista deportivo, Miguel Mendoza.  

Los juicios contra las personas presas políticas no tienen “sustancia probatoria” ni tampoco “legitimidad de origen “, aseguró Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada se dieron las primeras sentencias políticas en contra de Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Lesther Alemán, Miguel Mora, Yader Parajón, Yaser Vado y la exdiputada María Fernanda Flores, a quienes se les declaró culpable del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

El Ministerio Público, presidido por Ana Julia Guido, anunció el pasado 31 de enero, el inicio de los juicios en contra de las personas privadas de libertad por razones políticas.  

La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó “los juicios políticos perpetrados por la dictadura Ortega-Murillo. “Rechazamos y desconocemos los juicios, sus resultados y condenas en perjuicio de todas las personas presas políticas. Todos estos procesos penales han estado viciados de actos nulos”, asegura.

Agrega que las personas presas políticas han sido juzgadas y procesadas en secreto, violando el derecho de publicidad procesal; se les ha impedido una comunicación directa y material con sus abogados, violando el derecho a la defensa; en las audiencias de garantías constitucionales, así como las audiencias preliminares se les ha impuesto un defensor público y no un defensor privado de su elección; las detenciones y la recolección de los medios de pruebas, además de impertinentes y desconectados con el delito acusado, han sido fruto de allanamientos ilegales y arbitrarios sin autorización judicial.

La organización recuerda que los juicios se mantuvieron suspendidos por varios meses sin razón legal alguna; las diligencias judiciales se han realizado en la cárcel de El Chipote y no en el Complejo Judicial y el delito acusado no existe. “Los hechos narrados no son más que ejercicios de meros derechos constitucionales y humanos que las personas presas políticas ostentan, sumado al hecho que a la mayoría se le acusa por conspiración sin individualizar a otro conspirador o conspiradora, es decir, para los jueces y fiscales, ellos y ellas han conspirado solos y solas”.  

Este 7 de febrero, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), rechazó los juicios “arbitrarios” y las condenas ilegales que se vienen realizando en Nicaragua en contra de las personas presas políticas.

Según la FIDH, estas condenas “solo persiguen criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos” en Nicaragua, como la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.

Todas las personas detenidas fueron condenadas por el mismo delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. “Las audiencias son a puerta cerrada, pues solo le han permitido la asistencia a un familiar, los cargos no tienen fundamentos fácticos, ni legales, el Estado se ampara en normas arbitrarias y altos funcionarios, incluido Daniel Ortega, violan regularmente la presunción de inocencia de los presos en declaraciones públicas”, denunció la FIDH.