Muerte de Brooklyn Rivera debe ser investigada de forma independiente

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el fallecimiento del líder miskitu Brooklyn Rivera este 31 de mayo de 2026. Rivera estuvo secuestrado por la dictadura por casi tres años. En otro acto de crueldad, el régimen confiscó el cuerpo, prohibió a la familia asistir al velorio y ejecutó un entierro exprés. De esta manera, violaron la última voluntad de Rivera de ser sepultado en Sandy Bay de acuerdo con sus costumbres indígenas.

Con esa acción, la dictadura de Ortega y Murillo no permitió que el líder Brooklyn Rivera descansara en paz, ni siquiera tras su muerte.

Tras conocerse este hecho, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), condenó enérgicamente la muerte de Brooklyn Rivera en custodia del Estado. El organismo expresó su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades confiscaran los restos del líder miskitu, impidieran la participación de sus familiares en el velorio y el entierro, y detuvieran a varios familiares y aliados que intentaban rendirle homenaje.

“Conforme al derecho internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente y devolver de inmediato los restos mortales a su familia. Asimismo, debe asegurar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y por las demás violaciones a los derechos humanos cometidas. Estas obligaciones internacionales no pueden eludirse”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.

Según la dictadura de Ortega y Murillo, Rivera falleció debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19. Sin embargo, para Reed Brody, experto miembro del Grupo, Rivera no falleció por enfermedad sino como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas. “El Estado tenía la obligación de proteger su vida e integridad. No lo hizo”, sustuvo Brody.

Al momento de su arresto el 29 de septiembre de 2023, Brooklyn Rivera Bryan tenía 71 años y era diputado de la Asamblea Nacional por el partido político indígena YATAMA.

“La desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”, afirmó Ariela Peralta, también experta integrante del GHREN.

“Cuando una persona desaparecida fallece, las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”, añadió Peralta.

El 12 de marzo de 2026, el Grupo envió una carta al régimen de Ortega y Murillo exigiendo información sobre el paradero de Rivera, pero no obtuvo respuesta.

Según la investigación del GHREN, a la fecha se desconoce la suerte y el paradero de otras nueve personas (entre ellas, dos mujeres) que fueron detenidas arbitrariamente.

“Una vez más, llamamos a que las autoridades revelen de inmediato la suerte y el paradero de estas nueve personas, y permitan las visitas de sus familiares y abogados o abogadas”, concluyó Simon.

En su comunicado, el Grupo informa que ha documentado una serie de violaciones graves de los derechos humanos de integrantes de YATAMA, incluida la detención arbitraria y criminalización de Nancy Henríquez, diputada suplente de Rivera.

El Grupo señaló que la muerte de Rivera constituye la consecuencia más visible de un patrón amplio de violaciones de derechos humanos contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. “El Gobierno se ha infiltrado en las estructuras de autogobierno para debilitarlas, ha tolerado las invasiones de grupos armados que han llevado a la muerte a docenas de indígenas, y ha realizado detenciones arbitrarias, tortura y persecución contra líderes y lideresas indígenas como herramientas políticas deliberadas”.

En dicho informe publicado en 2024, el Grupo documentó 124 casos de detención arbitraria de líderes indígenas, defensores de derechos humanos y guardabosques entre 2018 y 2024, y al menos 46 asesinatos de indígenas durante el mismo periodo.

“Brooklyn Rivera dedicó cuatro décadas a defender los derechos de su pueblo”, dijo Brody. “Su muerte exige que la comunidad internacional finalmente preste atención a su situación”, finaliza el comunicado.

Organizaciones indígenas responsabilizan a Daniel Ortega

Los pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua y en exilio forzado, manifestaron su rechazo absoluto y condenaron la tardía confirmación oficial del fallecimiento del Ta Upla Brooklyn Rivera Bryan.

En un pronunciamiento conjunto, las nueve organizaciones indígenas, señalaron directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la desaparición forzada durante casi tres años, las torturas en cautiverio y el deceso de Rivera debido a la denegación de asistencia médica, lo que consideran como crimen de Estado.

Asimismo, denunciaron el entierro exprés impuesto por las autoridades para impedir el traslado del cuerpo de Rivera a su territorio ancestral.

Las organizaciones denunciaron lo manipulación institucional ejercida para dispersar a decenas de comunitarios Miskitus que intentaron asistir al funeral con recursos limitados. “Hacia el mediodía, canales oficialistas anunciaron que los restos irían a la Iglesia Morava Ingnika Raya, en Managua a un servicio ofrecido por la tarde, utilizando la fe costeña como engaño. Al llegar al templo, se impidió el acceso y se indujo el traslado de los asistentes hacia la Funeraria Monte de los Olivos en transporte estatal”.

Sin embargo, añade el comunicado, al arribar a dicha funeraria, constataron que el sepelio se ejecutaba realmente en la Funeraria Sierras de Paz, consumando una burla hacia los deudos y el pueblo Miskitu.

Fueron a la vela y al entierro

Las organizaciones repudiaron el cinismo de diputados oficialistas y operadores costeños que comparecieron en el sepelio. “Estos funcionarios son los mismos artífices de las estrategias de represión y despojo territorial en la Muskitia, y hoy pretenden instrumentalizar la imagen de la víctima cuya persecución ellos mismos ejecutaron”, señalan.

Las organizaciones le demandaron a la dictadura:

1. Detener inmediatamente el uso de la imagen de Brooklyn Rivera con fines de propaganda oficial en las regiones autónomas del Caribe y a nivel nacional.
2. Cesar la represión, amenazas y detenciones a comunitarios y comunitarias.
3. Detener la militarización en los territorios, sin causa válida alguna.

Además, instaron a los organismos multilaterales a activar los instrumentos jurídicos globales para sancionar este crimen de Estado y la transgresión a los derechos políticos, culturales y territoriales de los pueblos indígenas.   

Pidieron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (AOACNUDH), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, investigar la muerte de Rivera bajo los estándares del Protocolo de Minnesota, al tratarse de una muerte bajo custodia estatal que apunta a una ejecución extrajudicial.