El “montaje” judicial del régimen contra Cristiana Chamorro a un año de su arresto

La mañana del 2 de junio del 2021, un fuerte dispositivo policial irrumpió en la casa de habitación de Cristiana Chamorro. La residencia de Chamorro fue allanada, los agentes policiales del orteguismo se llevaron documentos y otros bienes, también la despojaron de su celular, computadoras y otros dispositivos electrónicos. La dejaron incomunicada y bajo custodia policial que hasta la fecha se mantiene. 

La policía orteguista ejecutaba una orden de allanamiento y arresto domiciliar emitida por la jueza Karen Chavarría Morales, solo horas después de que Chamorro acudiera a la sede del ahora extinto Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), para inscribirse en un proceso interno que esa agrupación política convocó para escoger un candidato para enfrentarse en las urnas a Daniel Ortega, el eterno candidato del sandinismo.

“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república” tuiteó Chamorro horas antes de su detención.

A un año del arresto de Cristiana Chamorro diversas voces se pronunciaron sobre el proceso judicial al que la precandidata y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue sometida.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a través de un mensaje de solidaridad divulgado en redes sociales refirió que “a un año de su encarcelamiento, aislamiento, humillación, desprestigio, acusaciones falsas, incomunicación y negación de la atención médica especializada, no han podido destruir a Cristiana Chamorro”.  

En su mensaje el CENIDH recordó que la precandidata, al terminar el juicio en su contra, defendió su inocencia y aclaró que nadie manchará el legado histórico de sus padres.

“Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente”, Cristiana Chamorro. 

El periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, publicó en su cuenta de Twitter “Hoy cumple un año de arresto domiciliario mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, condenada a 8 de años de cárcel por delitos fabricados por el régimen. Libertad para todos los 181 presos políticos y anulación de los juicios espurios. Todos son inocentes”.

Sobre el encarcelamiento y judicialización orquestado por el régimen Ortega-Murillo contra Cristiana Chamorro y otros precandidatos, así como en contra de líderes de oposición y periodistas, la abogada Martha Patricia Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anti corrupción, señaló que “no son procesos judiciales, son montajes. Nicaragua ya no existe como Estado porque sus elementos constitutivos se han fraccionado a tal punto de desaparecer”.

La jurista agregó que el montaje realizado por el sistema judicial (magistrados, jueces, fiscales, policías) de Nicaragua, en contra de los presos políticos es ilegal y arbitrario. “Ninguna de los casos responde al debido proceso y a las garantías establecida en la Constitución Política y las leyes. Han querido dar un rostro de legalidad y decir que son procesos judiciales cuando no lo son” acotó.

Recordó además que Nicaragua es un territorio donde impera la ley del más fuerte. “La policía y el ejército se han convertido en empresas privadas de la familia Ortega-Murillo, son quienes se encargan de mantenerles en el poder. Bajo este panorama es evidente que no se respeten las leyes” sentenció.

Molina aseveró que se han vulnerado absolutamente todos los derechos humanos de los secuestrados políticos y de sus familiares.

“Las detenciones se convirtieron en secuestros; el encarcelamiento en procesos de tortura y los juicios directamente en una condena” dijo la abogada, quien agregó que “cuando ellos entraron a prisión ya estaban con la condena incluida”.

Cristiana generó miedo en El Carmen

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, se perfilaba como la figura de la oposición con mayor aceptación entre el electorado nicaragüense, lo que le hacía contrapeso al caudillo del sandinismo Daniel Ortega, según una encuesta de la firma CID Gallup divulgada a finales de mayo del 2021, solo unos días previo a su arresto.

Los zarpazos del proceso 

Cristiana fue arrestada el 2 de junio del 2021 luego de ser acusada por el Ministerio Público de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, adicionalmente se le imputaron los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, que según la fiscalía habría cometido como directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Cabe recordar que durante los días previos al arresto de la precandidata, la fiscalía citó a varios periodistas y directores de medios de comunicación quienes a lo largo del mes de mayo desfilaron por el Ministerio Público para responder interrogatorios referidos a su relación con la FVBCH. Cerca de 60 periodistas pasaron por el mismo periplo.

El juicio contra Cristiana, inició el pasado 3 de marzo y concluyó el 12 del mismo mes, con una sentencia de culpabilidad. Posteriormente, el 21 de marzo, el juez orteguista Luden Martín Quiroz le dictó una condena de 8 años de prisión.  Junto a Cristiana fueron condenados también su hermano Pedro Joaquín Chamorro y los extrabajadores de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Gómez.

El 7 de marzo, mientras se desarrollaba el juicio, la jurista Orieta Benavides, abogada de Cristiana, afirmó que todas las acciones judiciales emprendidas contra la FVBCH, “no son más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso en el cual se han violentado absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso.”

Las declaraciones de Benavides se dieron durante el Foro “Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión” organizado por Voces del Sur, una red de organizaciones con presencia en 14 países que trabajan por la libertad de expresión. En el foro participó también el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, quien afirmó que en Nicaragua impera un terrorismo de Estado disfrazado de legalidad.

Régimen se ensañó contra la familia Chamorro

La familia Chamorro a lo largo de la historia ha tenido un protagonismo activo en la política nicaragüense y también en el periodismo nacional.

A raíz de la rebelión cívica de abril del 2018, el régimen Ortega-Murillo persiguió y encarcelo a varios de sus miembros, incluyendo a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana, Juan Sebastián Chamorro (primo, y también aspirante presidencial), y a Lorenzo Holmann Chamorro (también primo), quien al momento de ser arrestado se desempeñaba como gerente general del diario La Prensa, medio de comunicación que también fue confiscado de facto por el régimen. Cabe mencionar también que a Carlos Fernando Chamorro, también hermano de Cristiana, le fueron confiscadas las oficinas de Confidencial, el medio de comunicación que ahora dirige desde Costa Rica.

Algunos sectores de la sociedad nicaragüenses han señalado que la pareja presidencial se ensañó contra la familia Chamorro, no solo por el temor de enfrentarlos electoralmente sino también por razones históricas.

Al respecto la jurista Martha Patricia Molina opinó que “No dudaría esta aseveración. La familia Chamorro Barrios es sinónimo de paz, democracia y valores éticos, morales y humanos y esos principios son intolerables para el actual régimen”.