Noticias | Mayoría de presas y presos políticos cumplen un año de prisión en condiciones inhumanas

Mayoría de presas y presos políticos cumplen un año de prisión en condiciones inhumanas

Ulises y Nísia

El 21 de junio del 2021, a eso de las 9 de la noche, la policía orteguista allanó la casa del periodista deportivo Miguel Mendoza, los agentes robaron todos los equipos electrónicos que encontraron. Mendoza no estaba en su casa, pero fue capturado esa noche.

Esa misma noche seis patrullas policiales invadieron la casa del también periodista Carlos Fernando Chamorro, con la intención de capturarlo. Sin embargo, esté ya había salido hacia Costa Rica. “Tropas de la Policía ejecutan a las 8.30 p.m. un operativo ilegal de allanamiento en mi casa en Intermezzo del Bosque” decía en parte un tuit publicado por Chamorro desde el país vecino.

Un día antes de la captura de Mendoza y el allanamiento de la casa de Chamorro, varias patrullas policiales llegaron con lujo de violencia a la casa del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora, así lo denunció Verónica Chávez, su esposa. Ese día los agentes allanaron la residencia y se llevaron a Mora, siendo esta la segunda ocasión que el régimen lo hacía prisionero. El periodista fue arrestado el 21 de diciembre del 2018 y puesto en libertad el 11 de junio de 2019 como parte de una Ley de Amnistía promovida por el orteguismo y cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

La captura de los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, fue parte de una intensa y agresiva redada policial que inició a finales de mayo y continúo durante los siguientes meses del 2021, la misma incluyó, persecución, asedio, allanamientos y una serie de arrestos de líderes de la oposición, todo, al mejor estilo de las peores dictaduras que asolaron a varios países latinoamericanos durante las últimas décadas del siglo pasado, según cuestionaron diversos sectores de oposición.

Cacería desenfrenada

En esta desenfrenada ola de arrestos contra líderes de oposición, los primeros capturados fueron los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes a finales de mayo, fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua conocidas como “Nuevo Chipote”, luego de ellos siguió el allanamiento y arresto domiciliar de Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCH y precandidata presidencial, ocurrida el 2 de junio.

La cacería policial estaba lejos de terminar, en los días posteriores, las patrullas orteguistas continuaron allanando viviendas y capturando a personajes de diversos sectores de la oposición, la mayoría acusados de traición a la patria y menoscabo de la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitación a la injerencia extranjera, entre otros delitos, amparados en la Ley 1055.

La mañana del 5 de junio Arturo Cruz, exembajador de Nicaragua en Washington y también precandidato presidencial, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, luego de arribar de Estados Unidos, donde había viajado desde el 28 de mayo.

El 8 de junio, la policía arrestó a cuatro líderes opositores. Félix Maradiaga, aspirante presidencial, fue hecho prisionero luego de salir de una entrevista en la Fiscalía para la que había sido citado. Por la noche fue allanada la vivienda de Juan Sebastián Chamorro y él llevado a prisión. También fueron arrestados el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri y la líderesa opositora Violeta Granera. Posterior a la detención de Granera, su hijo, Julio Sandino Granera, denunció que uno 35 oficiales allanaron la vivienda de su madre, la despojaron de su celular, documentos y la esposaron. Granera posteriormente fue traslada al “nuevo Chipote”.

Entre el 13 y 14 de junio fueron apresado los exguerrilleros y disidentes sandinistas, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y el general en retiro Hugo Torres, quien moriría 8 meses después bajo la condición de preso político. También en esa misma redada fueron apresadas las líderesas opositoras, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona, las tres dirigentes de la agrupación política Unamos.

La noche del 25 de junio fue detenido el periodista Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y Carlos Fernando, y también precandidato presidencial.

El 5 de julio, la cacería se intensifica y la policía secuestra a 5 líderes opositores más: El precandidato presidencial Medardo Mairena, los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena, así como los líderes universitarios Lesther Alemán y Max Jérez.

El 21 de julio la policía orteguista anuncia la detención de María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Tres días después, son arrestados el aspirante presidencial Noel Vidaurre y al comentarista político Jaime Arellano.

Otras personalidades convertidas en presos políticos posteriormente fueron los exdiplomáticos, Edgar Parrales y Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la OEA y exembajador de Nicaragua en Costa Rica, respectivamente. También los entonces presidente y vicepresidente del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas.

Reos en condiciones crueles

De acuerdo a un informe emitido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas al 31 de mayo de este año, se contabilizan 190 personas presas políticas en Nicaragua, de las cuales 172 son hombres y 18 mujeres. Entre los privados de libertad, están 9 que aspiraban desafiar a Ortega en las elecciones de noviembre del 2021.

El informe también registra los malos tratos y torturas que sufren los prisioneros políticos, así como sus familiares, entre los que menciona la falta de atención médica oportuna, la negación de información a familiares sobre su estado de salud. Por otro lado, el incremento del control arbitrario de la alimentación como forma de castigo, escasas pertenencias y paquetería, lo que ha generado en la mayoría de presos y presas políticas, la excesiva pérdida de peso.

El documento también refiere que “las golpizas han sido una forma de tortura utilizada en distintos momentos con personas presas políticas, estas buscan lesionar física y emocionalmente a la persona, mantenerla en un estado de alerta permanente y con la sensación de constante inseguridad o peligro, y vulnerabilidad”.

Familiares denuncian que sus vidas están en riesgo y demandan su liberación

El pasado 14 de junio, los familiares de los reos políticos, denunciaron en conferencia de prensa, que sus vidas están en riesgo, porque “están experimentando enfermedades crónicas y padecimientos sobrevenidos por la reclusión”, también expresaron que persiste la falta de atención médica oportuna y que estos son atendidos hasta que ya están muy mal, como ocurrió con el caso de Nidia Barbosa, quien fue llevada de emergencia al hospital de Granada, e internada en la Unidad de Cuidados donde pasó varios días en estado crítico. Luego de presentar mejoría Barbosa fue llevada nuevamente a la cárcel, cuando todavía estaba en periodo de observación.

El trato cruel a los prisioneros políticos, contraviene lo establecido por la Constitución Política, así como los tratados, declaraciones y convenios internacionales relativos a derechos humanos suscritos por Nicaragua. Los familiares de los presos políticos reiteraron el llamado a la comunidad internacional y al Estado para que se haga efectiva la liberación inmediata de sus familiares.

Las declaraciones de los familiares de los reos, se dieron luego de que el régimen permitiera que estos fueran visitados entre el 10 y el 12 de junio pasado, visitas en la que pudieron constatar el estado de salud, la mala alimentación, el aislamiento, entre otras condiciones inhumanas en que estos permanecen. 

Varios de los reos políticos del régimen Ortega Murillo, tienen medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Por otro lado, el pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de una resolución ordenó al gobierno que “proceda a la liberación inmediata” de los reos Michael Healy, Álvaro Vargas, Medardo Mairena, Pedro Mena, Jaime Arellano, Miguel Mendoza, Mauricio Díaz, Max Jerez y Edgar Parrales, sin embargo, tanto las medidas cautelares como la orden de liberación han sido desoídas por la dictadura.