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Periodistas nicaragüenses bajo ataque

Onda Local

Las coberturas periodísticas independientes siguen siendo de alto riesgo en Nicaragua. La Policía de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra periodistas que únicamente cumplen con su deber de informar.

Según Alertas Libertad de Prensa, al periodista Francisco Cantillano, la policía lo asedió en su vivienda y le confiscó sus equipos, luego de que éste diera cobertura a una protesta en Boaco por la libertad del religioso José Leonardo Urbina, a quien el  régimen acusa por el delito de violación contra una niña de 12 años.

“…Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento. (Artículo 68, Constitución Política de Nicaragua).

El pasado 7 de julio, el Diario La Prensa denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, inició desde la noche del miércoles 6 de julio una cacería en contra de su personal: conductores, fotógrafos y reporteros. Dos trabajadores del Diario fueron detenidos.

La denuncia detalla que la “persecución estuvo dirigida al equipo que dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de las Misioneras de la Caridad por parte del orteguismo. El conductor que movilizó al equipo periodístico fue secuestrado de la casa de su familia al caer la noche del miércoles”.

La Red de Defensa Jurídica, suscrita por El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) condenó la continuidad de las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del periodismo independiente de Nicaragua.

Demandamos el cese inmediato de cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de colegas, afirme la Red. Asimismo, mantienen la exigencia de libertad inmediata para periodistas que sufren tratos crueles en El Chipote.

En junio de 2022, Voces del Sur documentó 67 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 64 fueron perpetrados contra medios de comunicación (95.5 %), y tres contra personas naturales (4.5 %).  

El informe destaca que en junio se produjo el allanamiento a las instalaciones del medio Trinchera de la Noticia por parte de agentes policiales. Posteriormente, añade, se conoció de una cédula judicial que obligaba su cierre definitivo. Por otro lado, los medios católicos TV Merced, propiedad de la Diócesis de Matagalpa y Canal Católico San José, propiedad de la Diócesis de Estelí, fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable, por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor).

En mayo, CLARO sacó de su parrilla de programación al Canal Católico de Nicaragua, también por órdenes de TELCOR.

Durante el mes de junio, la emisora Radio Estéreo Libre se vio obligada a cerrar operaciones luego que la Asamblea de Nicaragua, controlada por Daniel Ortega, cancelara la personalidad jurídica de la “Asociación Infantil Tuktan Sirpi-Jinotega”, entidad que administraba este medio de comunicación, señala el informe de Voces del Sur.

Esta escalada de agresiones contra periodistas independientes ha provocado una nueva ola de periodistas exiliados.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el deterioro del estado de salud de seis periodistas presos en Nicaragua, entre ellos una mujer, que cumplen condenas de hasta 13 años de prisión. La organización pidió su liberación inmediata "por tratarse de presos de conciencia", quienes fueron sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes.

La SIP reiteró su pedido a la comunidad internacional para cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, estos tres últimos del diario La Prensa, quienes enfrentan afecciones a su salud y a quienes se les violan derechos contemplados en normas internacionales sobre tratamiento de prisioneros y derechos humanos.

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