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Régimen en Nicaragua ejecuta nuevos cierres de oenegés y se acerca a tres mil

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Amelia Coronel, Ministra de Gobernación, ejecutora de las oenegés, junto a la pareja dictatorial.
Amelia Coronel, Ministra de Gobernación, ejecutora de las oenegés, junto a la pareja dictatorial.

Foto: Sitio Web / El 19 Digital

El régimen de Daniel Ortega continúa con su arremetida en contra de la sociedad nicaragüense organizada, ya que el Ministerio de Gobernación publicó este primero de diciembre la cancelación de 86 Organizaciones No Gubernamentales nacionales y 14 internacionales. 

Hasta el 25 de noviembre el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más contabilizaba la cancelación de al menos 2973 organizaciones, pero con lo ocurrido el día de hoy hace un recuento de 3073 organismos cancelados.

El Ministerio de Gobernación argumenta que la cancelación de las 86 oenegés nicaragüenses fue por “obstaculizar” el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, al no reportar sus juntas directivas e informes financieros por más de dos hasta 24 años. 

En el caso de los 14 organismos internacionales, señalan que fueron cancelados por estar en abandono y tener entre dos a cuatro años de incumplimiento de sus obligaciones. 

De acuerdo con  Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos, estos argumentos son sin fundamentos, ya que afirmó que muchas organizaciones  han presentado sus estados financieros y las certificaciones de su junta directiva, pero señaló que el Ministerio de Gobernación no está accediendo a entregarles la documentación actualizada.  

“Cuando miembros de estas organizaciones se presentan al Migob no les reciben estos documentos y eso los hace que en teoría se mantengan en la ilegalización y que sea el argumento para cancelar su personería jurídica” explicó Ruiz. 

La mayoría de los organismos clausurados son de proyectos sociales que benefician a la población nicaragüense. Por ejemplo en esta arremetida eliminaron a la Asociación de Ciegos de Nicaragua-Bartimeo, a la Asociación Bufete Jurídico Popular Pro-Ayuda a la Mujer y  la Niñez, Asociación Movimiento de Mujeres por Nuestros Derechos Humanos y la Fundación Pro-Adulto Mayor por una Vida Mejor.

Con este proceso de cierres de organismos, según Amaru Ruíz, el régimen pretende tener el control absoluto del bien común. “Es evidente que el régimen quiere tener el control absoluto del bien común, es decir de quien puede hacer desarrollo en el país, quiere controlar y eliminar cualquier organización que le cree una competencia para generar desarrollo en el país”. 

Para Amaru las primeras organizaciones fueron canceladas por ser consideradas por el régimen como opositoras, pero considera que estas nuevas cancelaciones se dan para mantener el control hegemónico. “Los principales objetivos en estas cancelaciones son mantener el control sobre el bien común y desarticular cualquier nivel asociativo que pueda existir en el país que no puedan controlar” concluyó. 

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