Comunidades rama y kriol de Nicaragua exigen ante la Corte IDH, la derogación de la ley canalera y el respeto a su autonomía

El jueves dos de febrero las comunidades indígenas rama y afrodescendientes kriol junto con la comunidad negra creole de Bluefields denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las violaciones de derechos humanos por el Estado de Nicaragua.

En 2013 la Asamblea Nacional dominada por régimen Ortega-Murillo aprobó la Ley 840 que comprometía tierras indígenas y afrodescendientes para la construcción del Canal Interoceánico. Pero la aprobación de este proyecto se realizó “sin la consulta previa libre e informada de las comunidades de este territorio, acción gubernamental que paralizó el proceso de saneamiento y demarcación de los territorios comunales”, expresaron en sus testimonios, comunitarios que declararon ante la Corte.

En primera instancia, los liderazgos acudieron a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para denunciar el caso, pero esta instancia no les dio la razón. Por tal razón acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el caso permaneció por ocho años, pero ante la negativa del gobierno de Ortega a cooperar el caso pasó a manos de la Corte IDH.

La delegación de las comunidades indígenas demandó ante la Corte IDH que el gobierno de Nicaragua garantice la cuarta etapa del proceso de Titulación y Demarcación Territorial, como lo es la etapa de saneamiento de sus territorios comunales, que en la actualidad sufren situaciones de violencia por disputa territoriales entre la población de las comunidades y terceros que intentan apropiarse de los territorios.

Entre las representantes declarantes estuvo Dolene Patricia Miller, lideresa de la comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, quien en su intervención solicitó a la Corte IDH que se derogue la ley 800 (Ley para el desarrollo del Gran Canal Interoceánico), ya que esta afecta el proceso de demarcación territorial.

Así mismo, solicitó que se continúe con el proceso de demarcación territorial y que se garantice la integridad física de cada una de las personas afrodescendientes.  

Otro de los denunciantes fue Ruper Allen Clair Duncan, del Gobierno Territorial Rama y Kriol, quien en su declaración afirmó ante la Corte que en ningún momento el gobierno les consultó a las comunidades indígenas sobre la Ley 800 y la Ley 840 que crea la autoridad y concesión del Gran Canal.

“En ningún momento nos fue consultado, nos dimos cuenta por los medios televisivos, radiales y por los periódicos. Cuando nos enteramos que habían aprobado esa ley demandamos un recurso de amparo a la ley 800 y la ley 840 por la magnitud de afectación a nuestros territorios comunales que hasta la fecha no nos han respondido” declaró Clair Duncan.

Del mismo modo, la Comisión Interamericana identificó que el Estado de Nicaragua no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada frente a la planeación del proyecto del Gran Canal Interoceánico y que la adopción de la ley 840 se aprobó sin requerir ningún tipo de consulta a las comunidades indígenas.

Estado de Nicaragua ausente

Por otro lado, Becky McCray Urbina de la comunidad Rama Kay, señaló que no existe voluntad de parte del Estado de Nicaragua para ejecutar el proceso de saneamiento en los territorios indígenas  y que por el contrario ha invadido y desforestado la Reserva Biológica Indio Maíz.

“Como iniciativa propia hemos creado un mecanismo que se llama Guía de convivencia, para poder frenar la invasión de Colonos dentro de nuestros territorios, pero no hemos tenido el acompañamiento y apoyo de parte de las instituciones del Estado” dijo McCray.

La invasión masiva de colonos a los territorios indígenas Rama y Kriol ha dejado afectaciones irreversibles para las comunidades, entre las cuales Becky McCray mencionó:

1. La invasión del territorio ha alcanzado la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz

2. Destrucción de bosques vírgenes

3. Destrucción de la biodiversidad

4. Contaminación de los ríos, los terceros realizan actividades de ganadería intensiva

5. Despojo de las tierras comunales ya no es únicamente en zonas boscosas, sino también donde vive las familias indígenas y afrodescendientes

6. Afecta la seguridad alimentaria de las familias

7. Comunidades desplazadas. La comunidad indígena de Bangkukuk no tiene acceso a sus tierras, solo tienen acceso al mar, porque ya sus tierras están tomadas.

Por su parte el gobierno de Daniel Ortega no se hizo presente en la audiencia pública. Por lo que la comisión Interamericana lamentó la falta de participación del Estado nicaragüense durante todo el trámite del caso ante la Corte IDH.

María Luisa Acosta, representante de las víctimas, indicó en entrevista a Onda Local que después de este proceso esperan que la Corte declare al estado de Nicaragua como violador de los derechos humanos de estos pueblos.

“Debido a que el Estado de Nicaragua no ha realizado el proceso de saneamiento en el territorio Rama y Kriol, pedimos que lo haga y que en el caso de la comunidad negra Kriol indígena en Blufields que el proceso de titulación continúe a donde se quedó antes de que empezaran estas violaciones” puntualizó.