Nicaragüenses denuncian ante la CIDH el despojo arbitrario de la nacionalidad y violaciones a los derechos humanos

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Periodo de Sesiones 186. • Foto: Transmisión de la CIDH

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto a nicaragüenses que fueron arbitrariamente despojados de su nacionalidad, dieron testimonios y presentaron sus demandas, durante la Audiencia de Oficio Adicional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Periodo de Sesiones 186.

Entre las personas que intervinieron en la audiencia estaban: Kevin Solís, estudiante, Lucía Pineda, periodista, Anibal Toruño, director de Radio Darío y las feministas Ana Quiroz y Haydée Castillo. Estas personas brindaron detalles sobre el actuar del gobierno de Daniel Ortega contra la ciudadanía.

 Kevin Solís: "Se me ha secuestrado, torturado y expulsado de mi país. El 03 de septiembre de 2018 en horas de la noche entraron a la casa de seguridad donde me ocultaba, fui secuestrado por personas encapuchadas, golpeado y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Fui detenido ahí durante dos meses, luego me trasladaron al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, donde estuve recluido por siete meses, esta fue la primera vez que me secuestraron. El seis de febrero de 2020 fui secuestrado por segunda vez, al salir de la Universidad Centroamericana, tres hombres de civil me montaron a una camioneta con un arma apuntando en la costilla. El 12 de febrero fui trasladado a las celdas de máxima seguridad conocidas como “El Infiernillo”. Me recibió Roberto Guevara (Director de la Galería 300), la persona que más dolor me ha hecho sentir en toda mi vida. Llevo recuerdo de cada abuso que cometió en mi contra. Tuve miedo de perder la razón, fueron tres años en las celdas “El Infiernillo”, sin luz alguna, durmiendo en una loseta de piedra con la puerta totalmente cerrada y viendo una vez al mes a mi madre".

Solicitaron a la CIDH informar al gobierno de Costa Rica y al resto de naciones donde se encuentran nicaragüenses despojados de su nacionalidad, para que activen medidas de seguridad. “Ante la persecución que siempre representa un riesgo importante para nuestra integridad física, ya que no dudo que la dictadura nos quiere eliminar por completo. También pido a la Comisión que avance en el conocimiento sobre los casos de periodistas y medios de comunicación, para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas en nuestro país a quien ejercemos el periodismo independiente”, fue parte de la solicitud hecha por Lucía Pineda. 

Así mismo, Haydée Castillo en su intervención solicitó a la CIDH que proponga medidas urgentes contra el desplazamiento forzoso de millones de nicaragüenses, la apatridia de 317 personas y que trabaje en conjunto con los Estados que han ofrecido otorgar la nacionalidad. “Solicitamos el papel relevante de la Organización de Estados Americanos para que declare la ilegitimidad de la acción que hizo la dictadura de despojarnos de nuestra nacionalidad”, puntualizó Castillo. 

Lucía Pineda Ubau: Periodista y directora del medio 100% Noticias. "Me he caracterizado por decir la verdad y por informar sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Desde el 2018 Daniel Ortega y Rosario Murillo prácticamente ordenaron una persecución en mi contra y del equipo periodístico 100% Noticias. La policía sandinista junto a civiles armados asaltó el canal de televisión, el 21 de diciembre de 2018. Tanto a mí como al director de ese momento, Miguel Mora, nos llevaron a celdas de Auxilio Judicial El Chipote y nos sometieron a intensos interrogatorios. Estuvimos retenidos por seis meses en celdas de aislamiento totalmente incomunicados. Luego nos excarcelan con una Ley de Amnistía. Yo me traslade a Costa Rica y retome mis labores como periodista, sin embargo, las amenazas y ataques de la dictadura no cesan, el régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia, todo en solo acto para arrebatarme mi nacionalidad y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida".

 Ana Quiroz : "Soy feminista, defensora de derechos humanos y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS).  El 18 de abril de 2018 fui golpeada por fuerzas paramilitares en presencia de la Policía. Dejándome dos heridas, por lo que me tuvieron que hacer 22 y 18 puntadas en ambas. También al protegerme me quebraron los dedos y la muñeca. Quedé con limitaciones serias, a pesar de cuatro operaciones que he tenido hasta el momento, sin poder retomar la movilidad completa. Después de eso fui acosada y hostigada, los ataques tuvieron que ver con la situación de ser mujer, ser feminista y ser lesbiana. Esto continuó hasta el 26 de noviembre de 2018 cuando fui llamada a la Dirección General de Migración y Extranjería para leerme una resolución en la que me quitaban mi residencia, luego me llevaron al Chipote y unas horas después me leyeron una nueva resolución en la que me expulsaban de Nicaragua por cinco años, me llevaron esposada hasta la frontera con Costa Rica donde me entregaron con un acta las autoridades costarricenses. Tres días después de eso la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de SISAS, una organización con 35 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos y la salud".

Del mismo modo CEJIL y el Colectivo de Derechos Humanos pidieron a la Comisión Interamericana que continúe monitoreando y documentando las graves violaciones a los derechos humanos a través del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua. También solicitaron que la CIDH brinde acompañamiento a  todas las personas que han sido despojadas de su nacionalidad. 

“Pedimos a esta honorable Comisión que las medidas cautelares que han sido otorgadas sean realizadas de manera diligente y de ser posible en algunos casos ser elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También pedimos que se continúe exigiendo la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en nuestro país, incluyendo a Edder Muñoz quien cuenta con medidas provisionales”, fue otra de las solicitudes. 

Además, pidieron que se implementen políticas públicas conforme estándares internacionales, como la creación de una mesa técnica que dé respuesta ante el despojo de la nacionalidad  y un grupo de trabajo que les ayude con los procedimientos necesarios para la adopción de otras nacionalidades. 

“Pedimos a la Comisión Interamericana pueda realizar un informe temático sobre el despojo arbitrario de la nacionalidad y apatridia, un crimen de lesa humanidad ratificado en el Estatuto de Roma, así como también que se ha presentado ante la Asamblea General de la OEA y la posibilidad realizar visitas in situ a los países que reciben a las personas desplazadas forzadas que han sido trasladadas que han perdido su nacionalidad”, expresó Braulio Abarca, abogado y defensor de derechos humanos. 

La CIDH reitera su compromiso con la ciudadanía nicaragüense 

Esmeralda de Troitiño, relatora y primera vicepresidenta de la Comisión expresó que escuchar los testimonios le mostró la complejidad y la situación de angustia que viven estas personas y sus familiares, “hay que buscar alternativas para atender esta situación tan compleja como la que vive Nicaragua”, señaló.  

Por su parte Julissa Mantilla Falcón, relatora para los Derechos de las mujeres refirió que  han monitoreado de cerca la violación de los derechos de las mujeres y les dijo que la situación que han pasado “tiene que ser memoria y este no es un problema de Nicaragua es un problema de la humanidad y de la democracia”. 

Por último, Roberta Clarke, integrante de la CIDH reiteró que la Comisión va a estar haciendo su parte y continuará monitoreando de cerca lo que está pasando en Nicaragua. “Nosotros vamos a fortalecer nuestras voces y nuestras convocatorias al Sistema Interamericano, para poder lograr una respuesta y restaurar la democracia y restaurar sus derechos” concluyó.

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