Mossi defiende financiamiento del BCIE al régimen Ortega Murillo

Este 16 de marzo se llevó a cabo un debate entre Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo del Diálogo Interamericano, Ryan Berg, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y Dante Mossi, director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sobre el financiamiento que el banco brinda a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin tomar en cuenta la crisis sociopolítica y las violaciones a los derechos humanos que se vive en Nicaragua.  

Durante el debate Mossi afirmó que él solo hace su trabajo, que quienes aprueban los desembolsos son los líderes financieros. Expresó que el banco “no es una organización política” y que su función es financiar proyectos para el desarrollo de los beneficiarios. 

Al respecto, Orozco le recordó que el aumento de préstamos a Nicaragua de parte de esta entidad financiera ha ocurrido mientras existe criminalización del proceso democrático y crímenes de lesa humanidad.

“Todo lo que hace el BCIE tiene una óptica política, los contratos dentro del BCIE son políticos, entonces no le creo cuando me dice que no está siendo político, usted dijo en una entrevista que las sanciones contra ortega son injustas”, puntualizó Orozco. 

Mossi evadió el señalamiento y se limitó a contestar de manera escueta que “el banco no es una entidad política, eso es un factor muy importante, igual que pasa con el BID y el Banco Mundial, trabajamos para beneficiarios muy puntuales y en el caso de Nicaragua se trabaja en torno a sus necesidades específicas”, dijo. 

Préstamos sostienen a la dictadura

Por su parte, Ryan Berg, lo señaló de aprobar préstamos, aun cuando el grupo de expertos de la ONU responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad.

“Mossi ha aprobado a Nicaragua préstamos desproporcionados relativamente a su población y tamaño, hablamos de 3, 5 mil millones de dólares aprobados en los últimos cinco años, eso es una locura, desembolsar algún préstamo, cuando las garantías de los derechos humanos y las condiciones no han mejorado en Nicaragua” refirió Berg.

Ante la interpelación de Berg, Mossi señaló que el BCIE no presta dinero gratis a ningún país y que todos los países tienen derecho de recibir préstamos, incluyendo Nicaragua. Dijo conocer muy bien donde se invierte el dinero que se desembolsa para Nicaragua. 

Comunidades indígenas afectadas 

Orozco y Berg cuestionaron a Mossi sobre el riesgo que representa para las comunidades afrodescendientes e indígenas el financiamiento del BCIE al proyecto Bioclima. Este proyecto fue aprobado con un monto de 116.6 millones de dólares. Pretende “reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua”, entre las fuentes de financiamiento están el BCIE, el Fondo Verde para el clima y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 

 “Las comunidades le han escrito muchas cartas y le han expresado que no han dado el consentimiento y tienen temor a la invasión de sus tierras”, expresó Berg. 

Ante los señalamientos Mossi respondió que “es el gobierno de Nicaragua el que debe atender estas demandas. Además, que este proyecto cuenta con un mecanismo de retrocesión para las personas que sienten que no están siendo beneficiadas”. 

Mossi también aseguró que el BCIE no “descarta quitar el financiamiento al proyecto” si continúan las quejas de daños a las comunidades indígenas. Por último, mencionó que está abierto a reunirse con el Tribunal de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Para Urnas Abiertas las declaraciones de Dante Mossi, no coinciden con la realidad de Nicaragua. “El BCIE asegura que financia proyectos en el “rango de servicio humanitario” y no por razones políticas. Los proyectos que financia el BCIE como carreteras, hospitales, son usados para hacer propaganda del FSLN”. Además, añadió que al final es la ciudadanía la que termina pagando estos proyectos, a través de los impuestos.