Contaminación a ríos de Bonanza minimizado por autoridades estatales

A casi un mes desde que se conoció sobre el derramamiento de pulpa de cianuro, en la planta de tratamiento de residuos de la empresa minera Hemco, ubicada en Bonanza, los comunitarios señalan que las autoridades no le han dado seguimiento oportuno al caso.

Luego de la denuncia, el 25 de mayo el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), señaló mediante un comunicado  que luego de una inspección determinaron que al menos 10 metros cúbicos de pulpa cianurada cayeron sobre el caño Bonancita, confirmando de esta manera que hubo consecuencias del derrame. 

En el documento sostienen que “no se constató afectación en la fauna acuática, sin embargo, el impacto asociado probablemente a las primeras concentraciones reportadas puede tener repercusiones en (peces), con la aplicación de hipoclorito de calcio, se logró disminuir el nivel de concentración de cianuro en el agua, y así mismo, el caño Bonancita se observó en color marrón por la aplicación de las mismas”.

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Cuestionan informe de inspección

Para algunos líderes comunitarios, el informe emitido por el MARENA no fue sustentado con la realidad de los territorios y aseguran que con ese documento se intenta minimizar el daño ocasionado por la pulpa de cianuro al medio ambiente, haciendo hincapié en la respuesta rápida de la empresa minera. 

“El abandono y preferencia de las autoridades por los intereses económicos y de estabilidad para las empresas mineras, es notable frente a la necesidad de las familias indígenas y afrodescendientes”, expone un líder comunitario del territorio Sauni Arungka. 

La realidad de las comunidades cercanas es que al tener pocas fuentes de agua en la zona, tienen que continuar utilizando las aguas de estos ríos, lo cual a corto y mediano plazo puede ocasionar problemas a la salud de las familias.

Juan Carlos Ocampo, comunitario del Caribe Norte menciona que el giro de la minería “es un modelo extractivista” donde se entregan concesiones a transnacionales que ven en Nicaragua una oportunidad de “enriquecimiento económico” sin muchas exigencias.

“El Estado se beneficia porque hay impuestos, cuando hay corrupción y tráfico de influencias  los funcionarios estatales se vuelven accionistas, eso complica la fiscalización y el cumplimiento de la legislación en temas ambientales”, lamentó Ocampo.

Entre 2014 y junio del 2021, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se han otorgado 274 concesiones mineras en el país, lo que ha venido a deteriorar los recursos naturales de zonas protegidas.