Instituciones del Estado en desacato con la Ley de Acceso a la Información Pública

Al terminar el primer semestre del año 2023, diversas instituciones del Estado de Nicaragua aún no han publicado sus informes de gestión, anuarios estadísticos, reportes de rendición de cuentas, entre otros documentos claves para transparentar el trabajo que realizan, violentando las normativas y reglamentos institucionales, así como el marco jurídico del país. 

En Nicaragua está vigente la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley No. 621, la que obliga a las instituciones que manejan recursos públicos a brindar información transparente sobre el uso de estos. De acuerdo a una experta en políticas públicas, la información de las instituciones es fundamentales para tomar decisiones en distintos ámbitos como la salud, la educación y la economía.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tiene datos que reflejan el comportamiento de la cantidad de cotizantes que ingresaron o abandonaron el sistema de seguridad social por año. Sin embargo, hasta la fecha no ha publicado el anuario estadístico correspondiente al año pasado. En su página web tiene una pestaña que dirige a los anuarios estadísticos publicados desde 2006 hasta el 2021.

Otra institución que no ha dado a conocer el anuario de 2022 es la Policía Orteguista, pese a ser una de las instituciones que mayores partidas presupuestarias recibe y una las más cuestionadas por su rol represivo contra la población. En el Centro de Documentación (Cedoc), de la institución policial se encuentran los anuarios estadísticos desde 1998 hasta el 2015, aunque los del periodo de 2016 a 2021 no están visibles en el sitio web pueden ser encontrados a través de los motores de búsqueda.

Tampoco el Ministerio del Trabajo ha publicado su anuario estadístico 2022. En su página web hay una pestaña que aloja anuarios de años anteriores. La misma situación ocurre con El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), en cuyo sitio web únicamente están los anuarios estadísticos de 2005 hasta 2021. De igual forma la página web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tiene accesible el anuario estadístico del año pasado, y si desea acceder a los anteriores hay que hacerlo a través de un enlace de la Dirección de Información Estadística (DIE), ubicado en la portada de la página web.

El Banco Central de Nicaragua es una de las pocas instituciones que ha publicado el anuario estadístico de 2022. En su página web están alojados los en los anuarios desde 2006.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales no tiene ningún documento como anuario estadístico o informe de gestión, al menos de forma pública. En su página web hay un espacio llamado Sistema Estadístico Nacional, pero no tiene información, está en blanco.

En el caso del Ministerio de Salud (Minsa), la página correspondiente a estadísticas de salud está oculta, pues al entrar al espacio virtual aparece el mensaje de “página no encontrada”.  Si bien está institución actualizó los datos del Mapa de la Salud en Nicaragua, este documento se limita a brinda detalles sobre el comportamiento de enfermedades crónicas, causas de defunciones, enfermedades epidemiológicas, sin un análisis a profundidad.  

El 13 de abril de 2023, los medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, publicaron la noticia de la presentación del Informe de Gestión del año 2022 de la "Presidencia". Sin embargo, quien presentó el informe fue Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. No obstante, por ninguna parte, es posible conseguir el informe de gestión. El Ejecutivo, ni siquiera tiene una página web activa.

La experta en políticas públicas afirma que la ley no especifica quien debe presentar el informe de gestión de la Presidencia, sin embargo, por la relevancia del informe, debería ser presentando por el jefe de Estado, recalca.

“Eso generalmente le corresponde al jefe del poder Ejecutivo. Desde luego, Iván Acosta es un ministro sancionado de una entidad que se encarga de la parte financiera. Se le da poco valor a la presentación del informe de esta naturaleza”, afirma.  

En cambio, la Asamblea Nacional que es el poder Legislativo, no publica ni un informe de gestión ni tampoco anuario estadístico. En su página web tiene un enlace de acceso a la información pública sin ningún contenido útil para transparentar su gestión. Por su parte, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tampoco publica informaciones estadísticas sobre su trabajo.

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Pocas instituciones cumplen

Los anuarios estadísticos e informes de gestión son parte de los documentos necesarios para que haya transparencia, deben de estar a disposición de cualquier persona, asegura la especialista.

“Me atrevo a decir que menos del 20% de las instituciones del Estado cumplen con la obligación de transparentar la información de su gestión. Todos los poderes del Estado están en la obligación de generar sus informes de gestión, pero nunca he leído uno”, asegura la experta consultada por Onda Local.

La fuente considera que el ocultamiento de la información es intencional. “No hay una cultura de transparencia y rendición de cuenta. No les interesa rendir cuenta”.

El artículo 20, inciso J, de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las entidades públicas deben dar a conocer “información anual de sus actividades”. Dicha información puede ser distribuida a través de sitios web y registros físicos. Aunque, la ley no menciona fechas de publicación de esta información, existe un momento idóneo para esto, afirma la especialista.

“Como investigadora considero que el momento indicado para publicar los anuarios estadísticos o informes de gestión es el primer trimestre de cada año. Este periodo es clave para poder tomar decisiones. Si generás información de forma tardía llegará tarde para tomar decisiones”, refiere.

La especialista agrega que actualmente el deterioro es mayor, porque hay ausencia de información masiva que antes se publicaba. “Se sigue generando información, pero se publica de manera muy tardía, informes que antes se publicaban en marzo ahora se publicaban en junio”, advierte.

“La policía está dejando de publicar información sobre la planificación de sus compras. Dejó de publicar en el sitio Nicaragua Compra donde por ley deben publicar este tipo de información. Esto ha ocurrido en los últimos tres años. Nadie sabe que están comprando esa institución”, asegura.

En el sitio “Nicaragua Compra” se debe publicar la información de las compras que realizan las instituciones públicas y las 153 alcaldías, explica la fuente.

Falta de datos limita el ejercicio periodístico

A criterio de la especialista son varias las consecuencias por la falta de transparencia de las instituciones del Estado. Desde su experiencia como investigadora asegura que los centros de investigación se alimentaban de esta fuente de datos y al faltar dicha información “nuestros análisis podrían estar limitados”.

Otra consecuencia es que la falta de información limita a la población en tener una participación en asuntos públicos. “La información de este tipo es importante para que la población participe, ya que una participación sin información es llana, pero si tenés información generás opinión”.

Organismos financieros internacionales, así como inversionistas necesitan estos datos para tomar decisiones. Por ese motivo es que el Banco Central es una de las pocas instituciones que ha publicado su anuario estadístico, destaca la experta.

 Instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) o Cancillería, ni siquiera tienen una página web activa.

Para quienes ejercen el periodismo encontrar datos estadísticos oficiales e información de la gestión de las instituciones públicas se ha vuelto complejo. Valerio, un periodista que ha  trabajado por más de 20 años en temas económicos, opina que contar con datos es fundamental. “Si no tengo datos estoy especulando o en todo caso estoy reportando impresiones de los expertos”.  

El periodista, quien está en el exilio, considera que la estrategia del régimen de ocultar información, solo evidencia su mala gestión. “Escribir sin datos hace que la calidad de nuestro trabajo sea inferior a lo que podía ser si tuviéramos los datos precisos y en el momento indicado”, afirma Valerio.

El Informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 2023, que publica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es uno de los últimos documentos que consultó el periodista.

Valerio afirmó que este se publica con un trimestre de atraso, lo que considera como una práctica irregular. Por otro lado manifestó, que es difícil conseguir información claves de instituciones como: el Seguro Social, Empresa Portuaria Nacional o el Centro de Trámites de Exportaciones (Cetrex).

Refirió que la página de Cetrex sigue funcionando, pero ha tenido cambios que limitan la consulta de datos. “Antes yo podía comparar algunos datos, por ejemplo, julio de 2022 con julio de 2023 y ver el comportamiento de un producto y la cantidad de exportación del mismo. Ahora lo que hacen es un resumen, donde ponen los datos que les interesa poner y cruzan las variables que a ellos les conviene”, afirmó.

Valerio recuerda que el Banco Central tenía en su página web un calendario de publicaciones con el que se conocía previamente la fecha de publicación de algún informe. “Hace varios años empezaron a desfasarlo por mes y muy probablemente ese calendario ya ni exista o el Banco Central dejó de cumplirlo”.

Ahora, las y los periodistas deben estar pendientes de los medios de propaganda para ver si algún ministro o funcionario da a conocer datos que le pueden servir en su trabajo informativo, señala.

Irónicamente, una de las primeras decisiones de Daniel Ortega cuando volvió al poder en 2007, fue introducir la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, la que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Años después su régimen no la cumple.  

La periodista Jenifer Ortiz, fundadora del medio de comunicación Nicaragua Investiga, obligada al exilio en 2021, asegura que estamos ante el cierre más descomunal de acceso a la información que ha vivido el periodismo.

“El régimen no tiene comparación. Ha trascendido como un mal ejemplo en Centroamérica, ya que nuevos políticos copian esas estrategias y como consecuencia hay una crisis por contagio, de represión contra la prensa independiente en toda la región”, asevera Ortiz.

Relata que cuando empezó su carrera de periodista estaba en su etapa final el gobierno de Enrique Bolaños. “En esa época para el periodista era bastante accesible el tema de las estadísticas y también era fácil llamar a los ministros y directores de entes independientes para hacer entrevistas”, recuerda.

La periodista advierte que desde que Daniel Ortega asumió nuevamente el poder en 2007, las cosas cambiaron. El régimen ejecutó un plan de censura contra medios de comunicación y periodistas que no estaban alineados a su política. A partir de 2018, el cerco se cerró mucho más. Ahora es más desafiante poder acceder a información pública, menciona.  

“Para el régimen ha sido una estrategia porque así impide ver la realidad del país. Las estadísticas te permiten saber cómo está el país, son una radiografía de la situación de la vida social y económica. Con los datos se descubren muchas de sus mentiras”, asevera la periodista.

A manera de ejemplo, asegura que recientemente buscó datos sobre la deserción escolar sin tener éxito. “Informes de ese tipo no se han generado desde hace muchos años. Para el periodismo es un desafío encontrar cifras exactas y poder hacer el periodismo que uno quisiera”, lamentó.  

El Ministerio de Educación (Mined) publicó el Mapa de la Educación en el que brinda datos de 2022 sobre matricula, estudiantes egresados, etc. Sin embargo, omite estadísticas sobre deserción escolar y analfabetismo.

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Algunas estadísticas que publican no representan la realidad del país. Por ejemplo, a finales de junio, el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDE) publicó datos sobre la tasa de desempleo en Nicaragua en donde asegura que solo tres personas de cada 100 no tienen empleo.

“Eso es imposible de creer. Aunque publique este tipo de estadísticas, no son creíble y siempre hay que contrastarla”, recomienda Ortiz.

Por su parte, otro periodista de Nicaragua en el exilio al que llamaremos Henry considera que el régimen brinda información muy limitada que no permite hacer análisis a fondo y más bien dejan más preguntas que respuestas.

Relata que recientemente usó una base de datos del INSS sobre la cantidad de personas jubiladas y lisiadas de guerra en los años 80. En la base de datos salía cuántos eran y qué cantidad de dinero recibían y los tipos de lesiones que tienen. Sin embargo, los datos disponibles llegaban hasta 1999.

“No pude establecer cuantos años esas personas recibieron esa pensión. Estoy seguro de que esos datos existen, pero están ocultos.” La falta de transparencia se ha convertido en una costumbre en 16 años”, critica.

Henry señala que por ningún lado se pueden encontrar las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos. Y la información sobre el Registro Civil, que se supone es pública, no se encuentra, lo que dificulta investigar a un funcionario.

Como consecuencia de la falta de información, algunos periodistas construyen sus propias bases de datos. “Me ha tocado construir base de datos desde cero y toma meses, hasta años. Aun así, esa base de datos no refleja la universalidad del tema que abordo”, afirma Henry.

Otra consecuencia de la falta de datos es que las y los periodistas están obligados a recurrir a fuentes bajo anonimato para protegerlas, aunque esta práctica afecta la credibilidad del periodista o del medio para el que reporta.

Nicaragua con baja transparencia

Transparencia Internacional es una organización que elabora el Índice de la Percepción de la Corrupción. En su último informe del año 2022, publicado en enero de 2023, Nicaragua aparece como uno de los países con menor puntaje en el índice. En este documento, los países con mayor percepción de corrupción reciben un puntaje menor a 40. Nicaragua tiene un puntaje de 19 de 100 en el último índice.

Un estudio de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro publicado en 2021, reveló que de las 65 instituciones públicas que existen en Nicaragua 58 tienen páginas web, sin embargo, la información que brinda no ayuda a transparentar la gestión que realizan.

Transparencia Internacional mide variantes como acceso a la información en asuntos públicos y transparencia de funcionarios públicos, entre otras, para poner las calificaciones a los países. En su informe destaca que desde el 2012 hasta el 2022 Nicaragua ha bajado su puntuación. En 2012, la puntación fue de 29.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley No. 662, Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense, todas las instituciones del Estado deben crear y actualizar sus páginas web con información sobre el uso y ejecución del presupuesto, “con el fin de transparentar la gestión pública”.

La periodista Jenifer Ortiz, afirma que los datos estadísticos son importantes no solo para periodistas, sino para agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales quienes enfocan sus recursos en los sectores más vulnerables.

Por su parte, la experta señala que la información pública debe estar a disposición para que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a estar informada.