UCA confirma confiscación y acusación de terrorismo por parte de la dictadura de Daniel Ortega

La Universidad Centroamericana (UCA) ha confirmado que, el día 15 de agosto de 2013, a las 05:29 minutos de la tarde, recibió un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la Jueza Gloria María Saavedra Corrales, notificándole la incautación de los bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA.

“Se ordena que la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, menciona la comunicación.

La jueza Gloria María Saavedra giró este oficio al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF)F, a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales. Ante todo, la Universidad Centroamericana reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años”, dice la comunicación de la UCA.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús manifestó en un comunicado que “son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua”.

La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, agrega el comunicado.

La UCA agradeció la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater. Anunció que, a partir de la fecha, suspende todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria. “La prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica”.

La Compañía señala que, esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad Centroamericana, no es un hecho aislado y forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país.

Recordó que, a partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU); este último, excluyéndola de las universidades miembros de este órgano beneficiarias del 6% destinado a la educación superior.

La UCA solicita al “gobierno” de Daniel Ortega que revierta inmediatamente la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial, cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes y busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.