PGR le quita al Marena autoridad para emitir permisos ambientales

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el 15 de febrero una Ley que da autoridad a la Procuraduría General de la República (PGR), de emitir “Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales”, documentos que solo eran entregados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y las alcaldías municipales.  

La  ley establece que “la Procuraduría General de la República, PGR, en consonancia con su atribución de velar por el cumplimiento del marco jurídico en la defensa del ambiente, otorgue Certificación Ambiental, de los permisos y autorizaciones que en esta materia emite el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, a fin de mantener congruencia, armonía e integralidad en la protección del medio ambiente”. 

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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea orteguista, justificó la aprobación de dicha ley, asegurando que está “busca completar el proceso de autorizaciones o permisos ambientales relacionados con el desarrollo de proyectos y obras de construcción”. 

“Pero para completar adecuadamente, también tiene que haber una forma de verificar, de comprobar los aspectos legales de la propiedad, para verificar y comprobar la idoneidad de los inversionistas o de las empresas que van a invertir o de las personas que van a desarrollar el proyecto”, argumentó Porras.  

El funcionario orteguista afirmó que la PGR es la institución idónea para realizar dicha tarea. Detalló que las empresas o personas interesadas en realizar un proyecto de construcción o inversión, deberán gestionar su certificación ambiental, en un periodo de 20 días; y la institución dará respuestas en 30 o 60 días.  

Para procesar las solicitudes de certificación ambiental, la PGR, habilitará un área para esa tarea. Las empresas o personas que no tengan el certificado ambiental de la PGR, no podrán iniciar sus proyectos, afirma la Asamblea Nacional.  

Ley tiene objetivo económico y de control

Amaru Ruíz, ambientalista nicaragüense en el exilio, afirma que este requisito extra puede significar un aumento de los costos para las personas o empresas inversionistas. “Considero que es una medida recaudativa”, asegura.  

Otro punto de vista de Ruíz, es que dicha ley tiene el objetivo de centralizar y controlar. “El Marena era una institución descentralizada y otorgaba los permisos ambientales para los proyectos. En este caso quien va a tener la última palabra será la PGR. Esto trae diversos riesgos, entre ellos que no otorguen el aval y tengas que negociar con la PGR, que son las manos del régimen”.

Ruíz considera que la aprobación de esta ley no significa que el régimen se preocupa más por el aspecto ambiental. “Ellos van a argumentar que está a favor de controlar los permisos ambientales y eso en la práctica es totalmente falso. El régimen ha demostrado que está desinteresado en los problemas ambientales que enfrenta el país”.