Proyecto Canal Interoceánico de Nicaragua bajo sentencia en Corte IDH

Nicaragua no consultó sobre la aprobación de la Ley 840 a las comunidades indígenas Rama y Kriol, del caribe de este país. El Estado Nicaragüense consumó la violación a los derechos de los dueños ancestrales de esos territorios,  concesionando una amplia porción de tierras para un proyecto canalero. El caso fue presentado en 2021 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y está nuevamente en agenda en estos días.

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Entre el 7 al 22 de marzo de 2024 se lleva a cabo el 165 Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, que agendó para esta oportunidad, la deliberación de la sentencia sobre el caso que tiene como peticionarios a los Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields del país centroamericano.

El demandado es el mismo Estado de Nicaragua a quien se le acusa de ser responsable por la violación de los derechos a la propiedad, derechos políticos, igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medio ambiente sano de las nueve comunidades indígenas en donde habitan las partes demandantes.

Según informó a Onda Local la doctora María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), “esta vez la Corte en su sesión ordinaria, se está reuniendo para debatir la sentencia (de manera privada). La abogada especialista en temas de pueblos indígenas afirmó que una vez la corte tenga lista la sentencia, “la van a dar a conocer en una lectura en acto abierto y público donde estaremos presentes”.

De acuerdo a Acosta, los resultados de este proceso se conocerán a mediados de este año (Entre mayo y junio), acontecimiento de gran interés para las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, dado que el 52% del proyecto canalero pretendido por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está sobre los territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe el Sur de este país, los cuales fueron excluidos del proceso de consulta libre y previamente informada.

En 2013 la Asamblea Nacional subordinada al régimen Ortega-Murillo aprobó la Ley 840 que comprometió las tierras indígenas y afrodescendientes para la construcción del Canal Interoceánico. Pero en ningún momento el proyecto fue consultado con los pueblos reconocidos como propietarios de manera ancestral.

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“Nos dimos cuenta por los medios televisivos, radiales y por los periódicos. Cuando nos enteramos que habían aprobado esa ley demandamos un recurso de amparo a la ley 800 y la ley 840 por la magnitud de afectación a nuestros territorios comunales que hasta la fecha no nos han respondido”, denunció en 2023 a Onda Local, Allen Clair Duncan, uno de los líderes comunitarios que en febrero del año pasado llegó hasta la Corte IDH para brindar su declaración.

Pero el Estado de Nicaragua en ningún momento ha demostrado voluntad, “por el contrario ha promovido la invasión y desforestado la Reserva Biológica Indio Maíz (ubicado en territorio indígena y afrodescendiente), dijo en esa ocasión la abogada de origen rama, Becky McCray Urbina.

En Onda Local, nuestro compromiso es dar seguimiento a lo que ocurra en torno a la sentencia.