Perseguidas por no apañar y no callar

Yolidia también ha recibido amenazas. A su celular han llegado mensajes donde le advierten que no se meta en lo que no le importa, “son unas vagas, que no tienen maridos que las detengan que porque pierden el tiempo en andarse metiendo en la vida ajena”. Pero las respuestas de Yolidia y de las demás, son contundentes: “Mi tiempo es mío, es mi derecho”.

Por su parte, Lesbia Salgado llegó hasta Managua para participar en la marcha que anualmente se realiza para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Viene de una comunidad rural, Apante Grande, Matagalpa. Es defensora y promotora de derechos humanos. Ante la retardación de justicia han tenido que realizar acciones de calle y hacer presencia en los juzgados locales. Enfrenta el maltrato policial y el cierre de las Comisarías de las Mujeres:

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa es una organización que apoya el trabajo de defensoría que menciona Lesbia. Trabajan con defensoras de catorce comunidades brindando herramientas para hacer defensa de derechos humanos, explica Leonila Argüello:

Se registraron 49 femicidios en Nicaragua en el 2016, según el Observatorio Voces “Los datos hablan”. Matagalpa ocupa el puesto cuatro entre los municipios con mayor cantidad de femicidios denunciados (Costa Caribe Norte y Sur (20) Jinotega (8), Managua (6), Matagalpa (3)). Pero la Policía aseguró que únicamente 10 hechos fueron femicidios en 2016.

En los dos primeros meses del 2017, ya se registraron once femicidios, tres en Matagalpa.

Defender derechos incomoda al poder

Al Estado corresponde garantizar derechos, pero las defensoras perciben que es el enemigo. “No siento protección por el Estado porque yo sé que lo que yo hago no le cae bien y lo lamento”, refiere Yolidia. “El enemigo más grande que tenemos es el gobierno, porque de una u otra manera, busca las estrategias para atacar, agrega Esperanza Soza.

Amanda Centeno es más categórica y expresa que a las defensoras no las ubican como adversarias, sino como enemigas, “acordate que para este gobierno no hay adversarios hay enemigos”.  

Amanda vive en el municipio de Condega, un territorio tradicionalmente sandinista, pero lo que antes era un valor del sandinismo, hoy expresarse libremente, denunciar un abuso o determinada situación conlleva una latente amenaza. "No es casual que en cargos de confianza en el gobierno esté gente de esta zona”, comenta. Por esa razón, las actividades públicas son difíciles. Dado el contexto, la situación de las defensoras aquí es peligrosa porque son “blanco fácil de los ataques”. 

Además de acompañar, denunciar y defender derechos, muchas defensoras promueven procesos de formación. Amanda recuerda que el gobierno no invierte en educación y lo hace deliberadamente. Por eso, para ella es urgente generar reflexiones en distintas situaciones que se viven en el país. A su juicio, se necesita un análisis global. 

La Ley de Seguridad Soberana, asegura, pretende sentar las bases para la expansión del capital. Los recursos naturales, aguas superficiales secas, contaminación del manto acuífero, perjudican a la gente. Se suma la producción de tabaco que expone a la personas, particularmente a mujeres y niños. “Es importante que la gente encuentre en cada lugar la forma de vincular estas luchas locales a lo nacional, para mi esos es muy importante”, enfatiza. 

Centeno percibe un ataque directo a su liderazgo. Antes se le señalaba como adversa al Frente Sandinista. Últimamente los ataques son dirigidos a su vida privada, mediante campañas de desprestigio. “…que allí hay una escuela de lesbianas. Trabajamos con jóvenes, entonces lo que hacen es atacarte por allí, para que las madres no manden a sus niñas a los procesos”.

Pero la campaña no ha dado resultado, las muchachas han adquirido nuevos conocimientos y sus padres y madres han podido verificar cambios. “Vos hablas claramente y en realidad sos el ejemplo de la gente, la gente ve, y dice, en realidad no es así”.

Las mujeres urgen de créditos

Desde los diecisiete años es defensora. En la década del ochenta se desempeñó como promotora, entregaba pastillas para la malaria en su comunidad. Luego se integró a trabajar en cooperativas como responsable de una brigada de producción, y tuvo que movilizarse a otros territorios. Regresó para estar a cargo de la vigilancia revolucionaria. “Me tocaba organizar el rondín y todas esas cosas”.

Feliciana del Carmen Rivera Jiménez, es originaria de Jalapa, Nueva Segovia, afianzó su lucha por la defensa del derecho a la producción cuando en 1993 entró a formar parte de la Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia, Oyanka. Desde ese espacio sigue defendiendo los derechos humanos.

Las mujeres son afectadas porque no tienen (el mismo) derecho al crédito (que los hombres). Los bancos dan grandes “préstamos a los hombres. Si nosotros vamos a una financiera, por la cantidad que tenemos a nuestro nombre no nos dan un buen crédito”, cuenta Feliciana, que es la realidad que viven las rurales en el norte, donde tener acceso a un trabajo digno, tierra, un salario igual al de los hombres, poder comprarse un camión, es prácticamente un sueño.

Hace siete años, el cinco de mayo de 2010 fue aprobada la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales. Las mujeres rurales aún siguen exigiendo se incluya dicho fondo en el Presupuesto General de la República para que las mujeres puedan acceder a créditos.

Tres años después, en 2013, defensoras del derecho de las mujeres a la tierra organizaron la campaña “Cien cartas en cien días” y las hicieron llegar a la Presidencia de la República relacionadas con la demanda de aplicación de dicha ley, y aún esperan respuestas.

A 97 kilómetros de Jalapa se ubica el municipio de Somoto. Acá vive Belkys Herrera, defensoras y feminista, quien dice sentirse vigilada por la Policía. 

En Ticuantepe, vive Martha Téllez. Empezó como defensora en su barrio, presentaba propuestas ante la municipalidad. “Con el proceso, vimos que en el caso personal era necesario empezar por defender tus derechos como mujer. Ahí fue que empezamos varias mujeres del municipio de varias comunidades que en otros momentos nos habíamos conocido y trabajado a nivel de gestión en espacios comunitarios en el contexto de la Ley de Participación Ciudadana”.

Consiguieron que el Consejo Municipal aprobara una Ordenanza para la creación de una Oficina de Atención a las Mujeres, que opera desde la municipalidad y la Comisaria de la Mujer. “Funcionó dos años y la cerraron, nos dijeron que era por un problema de presupuesto”. Otro producto fue la conformación de una asociación de mujeres comunitarias que trabajan de forma voluntaria en la prevención de violencia y el acompañamiento en el acceso a la justicia.

La Asociación buscó respaldo en la Asamblea Nacional, pero “nos bloquearon porque hemos tenido muchas alianzas con diferentes organizaciones, nos enteramos que nuestra solicitud a la Asamblea Nacional fue bloqueada. Aun así pues nosotras seguimos trabajando como Asociación de Mujeres Comunitarias de Ticuantepe”, asegura Martha.

Las redes de mujeres que han conformado en cada una de las comunidades, facilitan la divulgación de la Ley 779 y desconstruir mitos que se han generado en torno a su aprobación y aplicación. 

Juana Bilbano Webster, tiene medias cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero desde agosto del año pasado nadie del Estado ha llegado a preguntarle qué hacer para garantizar que realice su trabajo con libertad y seguridad. “No hay esa voluntad política que no haya demostrado. Estamos tan inseguros porque no sabemos qué hora podemos ser atacadas y ni de parte, de las mismas instituciones del gobierno o parte de los empresarios colonos que estamos denunciando”. 

Bilbano es defensora de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Asegura que es perseguida y amenazada por las empresas que están explotando los recursos naturales en la zona, ganaderos que están invadiendo las propiedades comunales. 

Juana es subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUDHCAN. Seis personas de esa organización también han recibido amenazas de muerte; y aunque han realizado denuncia pública y formal ante la Policía Nacional, no han recibido respuestas. “La policía nos dijo ideay, eso no es nada nosotros no podemos averiguar quién es, porque en cualquier parte de la venta popular aquí pueden comprar chips de celulares, así que nosotros no podemos investigar”.

La persecución no solamente es hacia la persona, trasciende a la institución. El recorte de proyectos y fuente de financiación es una manera de atarles de manos para que no tengan posibilidades de trasladarse a las comunidades para fortalecer y capacitar a las y los comunitarios.

Vida de las comunidades indígenas

En la cultura indígena la tierra es fuente de vida, la usan para sembrar y de eso sobreviven y generan ingresos para mantener a hijas e hijos. Imagínese usted que no puedan acceder a ella para sembrar, ir a cazar, pescar, utilizar  madera para construir sus casas y tengan que emigrar. Eso pasa en el Caribe, asegura Juana. “Se está matando en vivo, así pasa, los líderes comunales, los jóvenes tienen que hacer su autodefensa, tiene que estar vigilado su comunidad para que no sea atacado por los colonos terceros que tienen poder económico, que tiene arma de guerra, que tiene suficiente dinero y sentimos que tiene aliados con algunos funcionarios del gobierno”.

Las comunidades indígenas tienen títulos de propiedad comunal entregados por el gobierno, que les respaldan. Pero se han visto obligados a emigrar, trece mil personas, entre ellas niñas, niñas y ancianos, se han refugiado en territorio hondureño y en comunidades vecinas porque tienen miedo.

CEJUDHCAN comprobó en julio de 2016 en comunidades hondureñas, que había 199 refugiados en Pransa, 244 personas en Suhi, comunidad indígena en Honduras. De la misma manera se obtuvo censo de refugiados de la comunidad de Rusrus con 97 personas.

Campañas de difamación

“Nos hacen campañas de difamación en los medios de comunicación radiales televisivas, por algunos funcionarios políticos del gobierno presente, que significa están buscando como criminalizar lo que nosotros estamos haciendo” explica la subdirectora de CEJUDHCAN.

Durante el Encuentro Nacional de Defensoras Nicaragüenses de Derechos Humanos, el 23 y 24 de enero en Matagalpa, Lottie Cunningham directora de CEJUDHCAN, se refirió a la situación que enfrentan las comunidades indígenas. “Acaban de matar en noviembre una familia entera. En enero 5 y 6 atacaron a cinco comunidades”. En esta última ocasión los indígenas estaban preparados y agarraron algunos colonos para presionar una respuesta de las autoridades.

Denunció que el Estado de Nicaragua no quiere resolver el problema de saneamiento del territorio. Lo peligroso, para el CEJUDHCAN, es que entre las personas que llegan a instalarse a los diversos territorios, hay “prófugos de la justicia, que están degollando a la gente y han entregado cuerpos sin cabeza, sin pies, cortando la lengua, es el tipo de cosas que estamos viviendo”, narra Lottie.  

La CIDH otorgó seis medidas cautelares para comunidades de los territorios Li Aubra, Wangky Twi Tasba Raya y Li Lamni Tasbaika Kum.

Las comunidades demandan cumplimiento de la Ley 445 particularmente saneamiento territorial, retiro de colonos, indemnización por daños y cárcel para asesinos, violadores y secuestradores.  

A juicio de la directora de CEJUDHCAN, ya no quedan tierras en el Pacifico de Nicaragua para ganadería, están enfrentando la expansión de tierra para monocultivos, palma africana y quiénes son los dueños, se pregunta Lottie.

Su interrogante se contrasta con la amenaza que le hicieran llegar el 28 de febrero pasado:

No ha importado a sus detractores que Cunnigham cuente con medidas cautelares por parte de la CIDH, desde agosto de 2016. Por ello la Iniciativa Nicaraguense de Defensora ha circulado una alerta en todo el mundo:

A esta petición se han unido diversos actores y organizaciones sociales, quienes también han respaldado la labor de la Presidenta de Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, Vilma Núñez, vilipendiada por un grupo de ministras y exministras, en un intento de criminalizar la actuación de las Defensoras:

La lucha campesina que encabeza Francisca Ramírez

Respetar, fue la principal enseñanza de su mamá, recuerda Francisca Ramírez, la Chica como la conocen en cada rincón de Nicaragua.

De familia empobrecida, su mamá y papá llegaron de Sébaco y Somoto a la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, donde procrearon nueve hijos. “Yo fui quien los cuide, mi mamá trabajaba de doméstica en el campo para darles de comer, porque su papá los abandonó. Horrible porque no tuve libertad como tienen los niños cuando tienen a sus padres responsables…me dediqué a trabajar desde chiquita, desde los ocho años”.

Para Francisca la vida, significa una lucha constante, a la que ha sabido hacer frente. En 2012 su esfuerzos rendían frutos, con tierras para cultivar garantizaba estabilidad económica para su familia y según ella, asegurarse vivir tranquila en su vejez. Pero  la noticia de la aprobación de la Ley 840 representó una nueva batalla para la Chica. “Nos vino a quitar el sueño, es como llegar a una noche oscura donde un gobierno entrega los derechos”.  La Ley Canalera establece que tierra, agua, aire y todos los recursos naturales nicaragüense, están a disposición del canal. El proyecto canalero, concedido por el gobierno de Nicaragua al empresario chino Wang Jing, contempla la expropiación de las tierras. Las mismas tierras que significan hogar, vida y riqueza para Francisca y miles de campesinos y campesinas que le acompañan en la defensa de sus derechos. 

Francisca creyó que su deber como ciudadana era ponerse al frente. Acompañada por el campesinado nicaragüense, emprendió una nueva lucha, la derogación de la Ley 840. En la marcha ochenta y tres, de las ochenta y cinco que se han realizado, el grito campesino del #NoalCanal ha recorrido el mundo, pero son voces que no son escuchadas por el Estado.

En un país libre, cualquiera puede andar por sus tierras, pero Francisca narra que en la Marcha Nacional ochenta y tres, en noviembre de 2016,  tuvo que tirarse ríos profundos, huir de la policía, “el mandato era que a todos los que nos miraban cara de campesinos íbamos a la cárcel”. Agrega que siente dolor terrible porque andaba como prófuga de la justicia. “Andar como si fuera un delincuente, eso no se puede dar en un país por defender los derechos”. 

Le entristece que no se respeten los derechos, pero ver tanta injusticia, asegura Chica, le da fuerzas para defender los derechos de otras voces que no pueden hacerlo. Es duro para ella saber que el gobierno de Nicaragua manda a reprimir.

El gobierno secuestró ilegalmente su camioneta y su camión durante doce días. El pueblo se solidarizó. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos les fueron entregados, destruidos:

Ante el espionaje, hostigamiento, persecución, asaltos que ha vivido, Francisca se siente protegida por el pueblo. “El pueblo sabe está a favor de la lucha, sabe que es algo justo, en mi pueblo me siento tranquila, duermo con las puertas abiertas porque sé que me cuidan. Y yo nunca los voy a traicionar prefiero morirme por la gente honesta y sincera como los campesinos merecen respeto”.

Mónica López Baltodano, quién también ha acompañado a la Chica en estos caminos de lucha, destaca que en Nicaragua el rol de defensoría, es asumido mayoritariamente por mujeres: 

Las defensoras se han convencido que en el contexto que vive el Nicaragua, desempeñan un rol determinante en la defensa de los derechos humanos. El Estado ha incumplido con sus obligaciones dejando en la desprotección y condenando a la suerte a la ciudadanía. Ante dicho abandono, las mujeres asumen el rol de defensoras. Arriesgan la vida y sus cuerpos conscientes que su deber es defender y ejercer derechos. Luchar con valentía las ha convertido en la esperanza que desafia al sistema opresor. 

​