Similitudes de la “Ley antifascismo” de Maduro y las leyes de Ortega

La propuesta de Ley presentada recientemente ante el parlamento venezolano por la vicedictadora de ese país Delcy Rodríguez, tiene más similitudes que diferencias en relación al paquete de leyes aprobadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de las protestas cívicas de abril de 2018, para perseguir, criminalizar y encarcelar a la oposición.

Aunque Venezuela en su marco jurídico posee leyes que son usadas por la dictadura para criminalizar a la oposición en ese país, estas no son tan severas como las de Ortega.

No obstante, la nueva ley en ciernes, denominada “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”, le daría mayor poder al régimen venezolano para neutralizar acciones y expresiones de la oposición, con solo catalogarlas como “expresiones de orden fascistas”.

El jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, considera que efectivamente hay muchos elementos coincidentes en la normativa que pretende aprobar Venezuela y el paquete de leyes represivas de Ortega.

“La ley (contra el fascismo), prevé un espectro muy amplio de regulación, si bien en Nicaragua se han regulado cosas similares en diversas leyes, Venezuela lo acoge en una sola normativa, por un lado, y por otro lado, veo que hay un mayor esfuerzo argumentativo del régimen venezolano de tratar de aparentar legitimidad en la medida” opinó Pineda.

Para el experto, la Ley contra el fascismo que debate la Asamblea Legislativa de Venezuela, “en suma restringe a los medios, restringe a las organizaciones y se prohíbe una serie de conductas que atentan contra la libertad de movilización y expresión en el país”, y agrega que “todo esto está encaminado naturalmente a tener control social, talvez no tan marcado como el que hay en Nicaragua, pero indudablemente hacia allá se dirige”.

Maduro aplastaría varias libertades en una sola Ley

Efectivamente la nueva ley del régimen de Venezuela, compuesta de 30 artículos, está diseñada para castigar con severidad cualquier manifestación considerada como promotora del fascismo.

En sus artículos del 11 al 16, la Ley contra el fascismo, facultaría a la dictadura venezolana para ejercer acciones penales contra diversidad de libertades civiles y políticas, estatuidas en el derecho internacional como derechos humanos inalienables.  

La ley permitirá a Maduro, censurar medios de comunicación, prohibir o disolver reuniones o manifestaciones, prohibir la conformación y funcionamiento de movimientos y organizaciones sociales; también disolver o cancelar movimientos y organizaciones ya constituidos, siempre y cuando la dictadura venezolana catalogue o considere que estos hacen “apología al fascismo, neofascismo y expresiones similares”.

Inhabilitación para acceder a cargos públicos

Otra de las atribuciones de la Ley es la prohibición del acceso a cargos públicos, en este sentido el articulo 17 expresa que: “No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la Ley, ni ejercer cargos públicos las personas que, en cualquier momento, antes de la elección o el acceso al cargo público, haya adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares.”

Pineda resalta que la prohibición y regulación de la participación política es una amenaza, por las restricciones que se ponen a la participación desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil.

En lo referido a los medios de comunicación, el especialista advierte que si bien, en la legislación venezolana existen normativas que obligan a estos a la transmisión de valores, no son específicamente regulaciones que rayen en la censura, sin embargo, la nueva ley prohíbe explícitamente la difusión de información en ese sentido señala que “esa restricción no solo es a la libertad de expresión sino también es una causal de censura”.

Las Leyes de Daniel Ortega

En Nicaragua, Daniel Ortega mandó a diseñar un amplio paquete de leyes, que incluye reformas al Código Penal y a la propia Constitución y otras leyes, cuyo objetivo final es neutralizar cualquier expresión de la disidencia.

Entre las leyes que sobresalen están, la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley mordaza”, la que atenta contra la libertad de expresión, misma que fue aprobada para criminalizar a los medios independientes y otras voces críticas, así como regular lo que la ciudadanía pública en las redes sociales, bajo la amenaza de cárcel por difundir “noticias falsas”.

Otra ley represiva de la dictadura de Nicaragua, es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la que ha sido utilizada para despojar de su personería jurídica a más de 3,500 organizaciones civiles.

En 2021, previo a las elecciones generales de noviembre de ese año, Ortega mandó a aprobar la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, la que utilizó para anular por completa la competencia electoral, acusando a todos los aspirantes presidenciales de la oposición de “traidores a la patria”, lo que les costó cárcel y posteriormente el destierro a muchos líderes de la disidencia, pues el dictador nicaragüenses continúo aprobando leyes a su medida y antojo, incluyendo enmiendas constitucionales como la que despoja de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses.

Ortega ha utilizado todos los poderes del Estado para neutralizar por todos los flancos cualquier acción de la oposición en contra de su gobierno. La ferocidad de su ofensiva legal incluye confiscaciones y destierro.

La diferencia de la Ley de Maduro

Pineda advierte que, si bien la “Ley contra el fascismo” que promueve el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela, posee muchas coincidencias con las leyes represivas de Daniel Ortega en Nicaragua, la principal diferencia es que la nueva normativa del régimen venezolano, es que esta, propone la creación de un mecanismo de supervisión que puede adoptar políticas, lo que es muy delicado dentro de los términos de los crímenes de lesa humanidad.

El especialista explica que, si como resultado de esta aplicación, se incurre en detenciones, torturas y otras acciones que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, “entonces estaría acreditando con ello un elemento contextual que es la existencia de una política”.

El mayor peligro de la Ley

El jurista, experto en derechos humanos, reitera que, al crearse un mecanismo de monitoreo para esta ley, que sería una expresión orgánica interinstitucional, eso supone que “ya no es solo reconocer dentro de una ley ciertas restricciones, sino crear una estructura y dotarla de capacidad para que supervise, monitoree y persiga finalmente a medios de comunicación, actores políticos, organizaciones de sociedad civil”.

En ese sentido advierte que el mayor peligro está en que “para que exista crimen de lesa humanidad tenés que acreditar un elemento contextual, y ese elemento supone la existencia de una política, en este caso una política gubernamental para perseguir a la gente, y entonces se está verificando en esta ley la construcción de esa política, de manera tal de que si, derivado de la aplicación de esta ley se presentara alguna de estas violaciones mencionadas antes, no estaríamos ante un hecho de tortura, ni ante un encarcelamiento, sino ante crímenes de lesa humanidad”. 

En consecuencia, tal como sucedió en Nicaragua, la nueva normativa que se gesta en Venezuela, cuya propuesta surge a pocos meses de las elecciones, solo será una herramienta más para la persecución política y la represión, así lo han denunciado líderes de la oposición venezolana.