Amnistía Internacional: Nicaragua vive sumida en la violencia estatal
- 24 Abr 2024
- 4:07 p.m.
La violencia estatal que vive Nicaragua a raíz de las protestas cívicas de abril de 2018, neutralizadas por la brutal represión desatada por la dictadura Ortega Murillo, no ha cesado después de 6 años de iniciada.
El régimen autoritario de Nicaragua continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos con total impunidad.
Así lo refleja el Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado esta semana por Amnistía Internacional.
El informe anual pone nuevamente el dedo sobre la llaga, destacando la diversidad de formas de violencia que la dictadura de Daniel Ortega ha puesto en marcha en Nicaragua en contra de diversos sectores de la oposición.
El informe denuncia la persistente persecución de la disidencia, las detenciones arbitrarias, la privación de nacionalidad, el cierre de organizaciones de sociedad civil, los ataques contra la iglesia católica y sus líderes, así como la persecución a integrantes de las dirigencias indígenas.
Por otro lado, refiere que el régimen inició un proceso de confiscación de bienes de las personas despojadas de la nacionalidad, sin el debido proceso, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.
Pero también señala los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para los que persiste la impunidad.
“La brutalidad de la represión había provocado al menos 355 muertes documentadas, lesiones a más de 2,000 personas, una oleada de detenciones arbitrarias y despidos injustificados, y la expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 personas” destaca el documento.
Libertad de asociación sepultada
El informe recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describió la situación de Nicaragua como uno de los casos más graves de cierre del espacio cívico en la región, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzosa de organizaciones de la sociedad civil de forma masiva.
Como muestra de ello resalta que, durante el año 2023, “las autoridades cerraron la Universidad Centroamericana, a la que acusaron de ser un “centro de terrorismo”, y confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)”.
Aversión contra los pueblos indígenas
El informe de Amnistía Internacional también hace referencia a la violencia que viven los pueblos indígenas de la costa Caribe nicaragüense.
El mismo refiere que estos siguieron siendo objeto de violaciones graves de derechos humanos, pese a la condena internacional.
“Se denunciaron detenciones arbitrarias y juicios injustos de líderes y lideresas indígenas, junto con ataques letales efectuados por grupos armados” indica el documento. También advierte que a pesar de las muertes y lesiones que se registraron en comunidades como Wilú, Musawas y Sabakitang, “persistió la impunidad y el gobierno no investigó ni reparó los abusos cometidos”.
Asimismo, afirma que la legislación represiva empeoró la situación al amparar la cancelación de la personería jurídica de organizaciones indígenas y la prohibición de las manifestaciones públicas.
