Daniel Ortega admite y justifica robo de propiedades llamándole “incautaciones”

Tras conocerse un informe que estima en USD 250 millones las confiscaciones hechas por la dictadura Ortega Murillo, esta afirma que son de incautaciones derivadas de procesos penales.

Las reacciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las revelaciones del informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), dado a conocer este 16 de mayo, en el que se calcula, de manera preliminar, que las confiscaciones que ha hecho el régimen autoritario en los últimos años ascienden a 250 millones de dólares, no se hicieron esperar.

Primero, el 17 de mayo, tras conocerse el estudio, la Procuraduría General de la República (PGR), emitió un comunicado en el que afirma que “el Estado ha recuperado legalmente (…) propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad soberana, ciudadana, la paz y el buen vivir”.

Después, el mismo dictador, durante la celebración del 129 aniversario del natalicio de Augusto César Sandino, este 18 de mayo, afirmó que “han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba”, también admitió que todas esas propiedades valoradas en “varios millones” ahora están en manos Estado nicaragüense, “el Estado las declaró propiedad del Estado, para beneficio de los pobres, para invertir en todos los programas sociales”, afirmó el tirano.

Amenazó con sanciones a banca privada

En su discurso atiborrado con la reiterativa retórica antimperialista, Ortega envió un mensaje de advertencia a los bancos a los que amenazó con judicializarlos.

El dictador afirmó que algunos bancos “están pegando brincos,” en clara alusión a las entidades financieras que habían otorgado crédito a opositores u organizaciones de sociedad civil cuyas propiedades fueron confiscadas sin haber sido terminadas de pagar.

“Parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con algunas normas a la hora de entregar un préstamo” dijo Ortega quien agregó que “se está investigando, para sancionar a todos los que resulten culpables”.

Confiscaciones están generando deuda pública

Según el informe de OPTA, las propiedades confiscadas por la dictadura Ortega-Murillo reflejadas en el mismo son solo “la punta del iceberg” y advierte que, como producto del robo de las mismas, el régimen está generando una deuda pública que en un futuro deberán pagar los nicaragüenses. “Estos más de 250 millones de dólares, son la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo” reitera el estudio.

Después de la rebelión cívica iniciada en abril de 2018, la dictadura Ortega Murillo, pese a que la Constitución lo prohíbe, ha confiscado, entre otras propiedades, viviendas, residenciales, medios de comunicación, universidades y edificios pertenecientes a cámaras empresariales, organizaciones de sociedad civil, así como a las iglesias católica y evangélica.

El artículo 44 de la Constitución de la República de Nicaragua establece que “se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”. El mismo artículo refiere en su último párrafo que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.”

Daniel Ortega y Rosario Murillo han recurrido a la confiscación de propiedadas como un castigo adicional para quienes se levantaron civicamente en su contra, a los que han calificado de “golpistas” y “traidores de la patria” entre otros calificativos. La confiscación es parte de un combo de acciones represivas que han incluido asedio, persecución, criminalizacion,cárcel, tortura y destierro.

Sin embargo esta práctica no es nueva. Durante la década de los años ochenta, cuando Ortega gobernó en un contexto de guerra civil, también confiscó miles de propiedades en nombre del Estado.

De acuerdo a un artículo de la Revista Envío, publicado en la edición de diciembre de 1992, en esa década el régimen sandinista confiscó unas 7mil viviendas y lotes y al menos 300 empresas industriales y comerciales, con lo que luego el partido Frente Sandinista hizo una repartición entre sus cuadros y allegados lo que se conoción como la piñata sandinista.