Corrupción dejará sin bosques a Nicaragua en 20 años

En 20 años aproximadamente, el 24% de los bosques que quedan en Nicaragua, desaparecerán a raíz de la corrupción promovida por la dictadura. 

La corrupción del sector forestal promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría dejar sin bosques a Nicaragua en los próximos 20 años, según la investigación Bosques en venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.

El estudio realizado y presentado el 31 de mayo por Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, detalla que en 1969, el 76% de Nicaragua tenía algún tipo de bosque, equivalente a 98, 982 kilómetros cuadrados. Para el 2015, esa cobertura se redujo al 31%, 39,386 kilómetros cuadrados. 

La tasa de deforestación entre 2015 y 2020, fue de 2,5% anual. El ambientalista calcula que, en ese periodo, la cobertura forestal se contrajo al 24%. A ese ritmo, agrega, en los próximos 10 años, la cobertura será del 20% y en los siguientes 20 años, no habría bosques.  

La investigación detalla que, en Nicaragua existen 110 empresas forestales, el 30% se encuentran en Nueva Segovia, el 16% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) el 9% en Estelí, 8% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). El 30% restante queda en diversos departamentos. 

La cantidad de industrias forestales aumentó en un 80% desde el 2006. En el caso de los permisos forestales necesarios para la tala de un bosque, aumentaron significativamente en los siguientes años: 2008, 2014 y 2021. Los ingresos por actividades forestales también han aumentado, señala el informe.

En 2022, este sector generó 41 millones de córdobas, indica. Los principales países donde se exporta la madera de Nicaragua son India, Estados Unidos, El Salvador y China. 

Las principales especies que se exportan son teca, melina, cedro macho, ñambar, granadillo, guanacaste, genízaro, pino, frijolillo y nogal. En 2022 Nicaragua exportó madera por un valor de 15 millones de dólares. 

La concentración del poder político para beneficiar a intereses privados y personas cercanas a la familia del régimen, ha tenido graves consecuencias en el sector forestal, afirma la investigación. 

El estudio explica que Ortega comenzó con el control de sector forestal en 2008 cuando vía decreto, cambió la Política Nacional de Desarrollo Sostenible y eliminó la veda de pino; y posteriormente, otras especies que en 2006 habían sido protegidas mediante una ley de veda ante la seria explotación a la que estaban siendo sometidas. 

“Estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, fueron favorables a los intereses empresariales y comerciales, generando aumento en los procesos de deforestación de pino en áreas protegidas y comerciales, así como en los procesos de deforestación”, señala la investigación. 

Esta deforestación se concentra principalmente en los bosques de pino de Nueva Segovia y los bosques tropicales de la Costa Caribe Norte. 

En 2014, Ortega mandó a reformar la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, para transferir la administración de los recursos forestales y dejando inutil el Ministerio de Agropecuario y Forestal. Desde entonces, Ortega administra el sector forestal por decretos. 

Los decretos para controlar el sector forestal

A través de los decretos el régimen ha permitido la extracción de madera en zonas boscosas importantes como el Río San Juan. El estudio menciona que uno de los decretos más sonados fue el que permitió la extracción de madera después del paso del huracán Felix en 2007. “Este decreto trajo consigo la sobreexplotación y el aumento de la deforestación en la Costa Caribe Norte”, asegura la investigación.  

Posteriormente esta práctica se realizó con el huracán Otto en 2016 y los huracanes Eta e Iota en 2020.  El decreto posterior al paso del huracán Otto fue “el detonante del aumento de la extracción de madera en la Reserva de Biosfera Río San Juan”, señala la investigación. 

“Se otorgaron 99 permisos, para un total de 32,100 metros cúbicos de volumen, equivalentes a 479 contenedores de 40 pies en los que alcanzan 67 metros cúbicos, lo que representó un aumento del 69 por ciento con respecto al total del volumen autorizado para todos los tipos de aprovechamiento en la RACCS y Río San Juan, que fue un total de 46,661 metros cúbicos de madera”.

La investigación señala que Alba Forestal, una empresa de capital mixto nicaragüense y venezolana, se aprovechó de los decretos para extraer madera sin regulaciones. 

Alba Forestal extrajo 5 millones de metros cúbicos de madera de la zona afectada por el huracán Felix en 2007, en la Costa Caribe Norte, donde se calcula que el fenómeno tumbó 10 millones de metros cúbicos de madera. Se calcula que esta empresa obtuvo ganancias superiores a los cinco millones de dólares por el aprovechamiento de esa madera. Además de madera tumbada por el huracán, se comprobó que Alba Forestal cortó árboles en pie de las comunidades cercanas al área de aprovechamiento. 

La investigación menciona otros casos donde se evidencia la corrupción en el sector forestal de Nicaragua, como el blanqueo de madera talada ilegalmente a través de las subasta que realiza el Instituto Nacional Forestal (Inafor). 

El informe denuncia el tráfico de influencia de los que se aprovechan madereros que se identifican como militantes del Frente Sandinistas para que no les decomisen madera talada ilegalmente. 

“La corrupción en el sector forestal ha sido fuertemente permeada por el sistema político, manteniendo la hegemonía de las decisiones políticos encima de las decisiones técnicas y las demandas legítimas de protección de los sectores sociales y ambientales del país”, concluye el estudio.