Censo 2024: desconfianza en datos y ejecución presupuestaria bajo hermetismo

Un estudio realizado por el Observatorio Urnas Abiertas, revela que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, realizado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), lejos de cambiar el panorama de desconfianza generada en la calidad de los datos recopilados, ha generado más dudas, la más grande referida al costo monetario del Censo, las fuentes de financiamiento del mismo y la opacidad en la ejecución.

El observatorio refiere que la realización de una revisión de las finanzas públicas, reveló prácticas irregulares en el manejo presupuestario del Censo. “El hallazgo más llamativo es la opacidad tanto del Gobierno como de las Instituciones Financieras Internacionales que han brindado recursos directa e indirectamente para ejecutar este Censo” asegura Urnas Abiertas. 

La instancia veedora asevera que los hallazgos de la investigación demuestran que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información. “Toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos” asegura el estudio.

Comunidad internacional preocupada

Urnas Abiertas afirma que, para la comunidad internacional, la calidad de las estadísticas nacionales ha sido de gran preocupación, lo que se demuestra en los acuerdos de los fondos recibidos en los últimos años a través de préstamos y donaciones para mejorar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).  

El informe refiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última declaración técnica sobre Nicaragua, en noviembre de 2023, resaltó que “son necesarios mayores esfuerzos para reforzar los marcos de anticorrupción y de gobernanza y su aplicación efectiva, en particular el Estado de Derecho”.

Hermetismo genera sospechas

Urnas Abiertas advierte que el manejo turbio del financiamiento “genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos”.

De igual forma asegura que el costo del Censo es una completa incógnita. “Esto se ha convertido en una práctica recurrente del gobierno encabezado por Daniel Ortega en la implementación de diferentes estudios estadísticos” advierte.

El informe señala que la única información pública que ha puesto a disposición el INIDE es que algunas de las compras de equipos y contrataciones de servicios se están dando a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central.

También indica que operativamente, las alcaldías están jugando un papel importante al alojar a los delegados locales del INIDE y al facilitar logísticamente la operación en el terreno, así como las actividades públicas de lanzamiento del Censo a lo largo del país.

El Observatorio Urnas Abiertas refiere que el último Censo realizado en 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares y fue financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por donaciones de Japón, del Sistema de Naciones Unidas y de otras instancias.

Censo se realizaría en 2018, pero no se hizo por estallido social

De acuerdo al estudio de Urnas Abiertas el Censo Nacional de Población y Vivienda estaba programado para realizarse en 2018, pero este fue pospuesto debido al estallido social que inició en abril de ese año.

“Para 2018, el INIDE ya había empezado a organizar algunas actividades para ponerlo en marcha, pero el gobierno decidió cancelarlo, debido al inicio de la crisis sociopolítica” afirma el informe.

Fondos del BM, BID y Unión Europea

Si bien el censo se realizaría en 2018, es decir 13 años después del anterior, no fue sino hasta este año que se llevó a cabo. No obstante, según Urnas Abiertas, el régimen contaba con fondos para este del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE), algunos de estos fondos aprobados desde 2014.

La investigación de Urnas Abiertas afirma que en 2014, el BM, a través del Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, destinó en 2014, un monto de 8.9 millones de dólares para los preparativos del Censo.

Asimismo, refiere que en los estados financieros del Ministerio de Hacienda, publicados por el BM en 2020, se señala que “casi todo el financiamiento fue ejecutado” en el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2019.

Según el informe el BM reportó la compra de 140 tabletas marca Samsung con un valor total de 49 mil 700 dólares en 2016; y 6 mil tabletas marca Vonino con un valor total de 1 millón 74 mil dólares en 2018.

Sin embargo, en los estados financieros del MHCP, se reporta la ejecución de 8,502,515 dólares, de un total de 8,900,000. El informe de Urnas Abiertas advierte que “los documentos públicos del Banco Mundial no permiten conocer a detalle la ejecución de los fondos”.

El informe revela además que, en 2017, el régimen Ortega Murillo firmó otro convenio con la Unión Europea y administrado por el BID. El convenio denominado “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Nicaragua”, fue suscrito por un monto de 4 millones 369 mil 950 dólares, bajo el concepto de cooperación técnica no reembolsable. “Sobre este convenio hay muy poca información disponible en la página del BID” asevera Urnas Abiertas.

Irregularidades en compras y pagos a encuestadores

De acuerdo a la investigación de Urnas Abiertas, El Programa Anual de Contrataciones (PAC) del INIDE en 2024 constata que se aprobaron 67 compras, de las cuales solamente 7 corresponden al convenio BCN-INIDE para la ejecución del Censo Nacional y suman un total de 29 millones de córdobas.

El informe refiere que según la información pública en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), hasta la fecha el INIDE ha adjudicado 68 compras por un total de 24 millones de córdobas.

De igual forma asegura que de las 68 compras realizadas, al menos 15 se realizaron por motivo del Censo por un total de 17.7 millones de córdobas, de estas 15, una ser realizó como “Contratación Menor” y 14 bajo la modalidad de “Contratación Simplificada”. El observatorio afirma que “esta última modalidad es un proceso que está contemplado para situaciones de emergencia, pero que se ha convertido en una práctica constante del Estado para beneficiar a empresarios cercanos adjudicándoles órdenes de compra con total discrecionalidad sin tener que competir en una licitación pública”.

El informe también señala irregularidades en el trabajo de campo relacionadas a los bajos montos por pago de viáticos de transporte y alimentación, pagos extras por fines de semana, así como el pago de un bono al finalizar que se les prometió a los encuestadores y que al final no se hizo efectivo. 

Asimismo refiere que “algunos empadronadores se quejaron de que a los supervisores más cercanos a las autoridades municipales les daban trato preferencial y los dejaron con puestos superiores y, por ende, mejores salarios”.