Dictadura continúa socavando derechos colectivos de pueblos indígenas

Las violaciones y abusos de los derechos colectivos de los pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe, cometidas por la dictadura Ortega Murillo y grupos afines, han incrementado de forma sistemática.

Lo anterior es una de las principales conclusiones a las que llegó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua” presentado este 10 de agosto durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El informe detalla que entre las violaciones están las cometidas contra del derecho a la libre determinación, a la autonomía y el autogobierno, así como contra el consentimiento previo, libre e informado, el derecho de consulta y participación, y las violaciones y abusos del derecho a las tierras, territorios y recursos.

“El Gobierno, sus autoridades y representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional han sistemáticamente penetrado las estructuras y organizaciones de autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las dos regiones del Caribe con el objetivo de mantener y extender su control político, social y económico, silenciar la oposición política e impedir cualquier participación libre en los asuntos públicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes” dice de manera tajante el informe del GHREN. 

Comunidades indígenas convertidas en “blanco de la represión”

El Grupo de Expertos concluye que la dictadura que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha convertido a los pueblos indígenas y afrodescendientes en “un blanco de represión” y reitera que algunas de las violaciones cometidas constituyen crímenes de lesa humanidad.

Entre las principales acciones del violencia sistemática ejecutadas por el régimen y sus cómplices, el  informe enumera “violaciones de los derechos a la vida, a la integridad y la seguridad personales, a la libertad de circulación, a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica, a la libertad de asociación, a la participación en los asuntos políticos, a un juicio imparcial, a no ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, así como violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales”. De igual forma menciona la encarcelación, tortura y persecución por motivos políticos.

“El Gobierno también ha buscado silenciar cualquier voz crítica o con capacidad de movilización social autónoma, estableciendo una estrategia basada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actos de persecución contra miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes” refiere el documento del GHREN, el que a la vez destaca las detenciones arbitrarias, el cierre sistemático de organizaciones sin fines de lucro y violaciones del derecho de participar en los asuntos políticos.

Permisividad a colonos y socavamiento de estructuras autónomas

El informe también advierte que el régimen, sus autoridades y simpatizantes continúan socavando de forma sistemática los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, “a través de actos de cooptación, de la creación de un entorno de intimidación y miedo y de una política de tolerancia frente a las usurpaciones crecientes de tierras comunales por terceros, particularmente colonos”.

El Grupo también advierte de la falta de actuación en cuanto a la prevención y la investigación de delitos graves perpetrados por los terceros no indígenas que invaden sus comunidades y territorios.

Por otro lado alerta sobre el socavamiento de las estructuras y organizaciones de autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como la cancelación de la personalidad jurídica del partido indígena Yatama y la detención arbitraria de líderes políticos y tradicionales indígenas, “el Gobierno ha buscado privar a los pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes de su representación política” asevera.

Plan discriminatorio para eliminar voces criticas

El informe concluye además que “desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha venido implementando un plan discriminatorio con el fin de eliminar todas las voces críticas y cualquier amenaza al control del Estado y ha extendido esa represión contra los líderes, defensores, activistas y guardabosques indígenas y afrodescendientes, opositores o percibidos como tales”.

En la misma vía se refiere en particular a la desaparición forzada de Brooklyn Rivera, líder de Yatama y la detención arbitraria y condenación a una pena de privación de la libertad por motivos políticos de Nancy Henríquez, también dirigente del partido indígena.

El GHREN advierte que todas estas violaciones y abusos afectan a decenas de miles de personas que viven en un contexto de miedo permanente y sin recurso para protegerse frente a la violencia, la impunidad y las otras violaciones y abusos aquí documentados.

Informe con rigurosidad investigativa

Para la elaboración del informe, el Grupo de Expertos entrevistó a 48 miembros de comunidades y organizaciones indígenas y afrodescendientes (25 hombres y 23 mujeres) y 12 personas expertas en el tema.

También entrevistó a miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, además de personas académicas e investigadoras. El Grupo refiere que adicionalmente examinó más de 900 fuentes segundarias, incluyendo documentos oficiales, documentos confidenciales, videos, fotos e información de fuentes abiertas, para corroborar y contextualizar la información recopilada.

Subregistro de acontecimientos

El Grupo aclara también en el informe que, debido a las dificultades para obtener información, particularmente por falta de acceso directo al territorio de Nicaragua, “las cifras incluidas en el presente documento representarían un subregistro de los hechos ocurridos”.

NO obstante, resalta que los incidentes comprobados “son representativos de la situación de inseguridad y de violaciones y abusos de los derechos humanos que viven los Pueblos Indígenas y afrodescendientes en sus territorios, de su sistematicidad y del modus operandi de los perpetradores”.

Por otro lado, el GHREN refiere que se aseguró de obtener el consentimiento informado de cada persona entrevistada antes de utilizar la información proporcionada y anonimizó la información que identificara o pudiera llevar a identificar a víctimas, testigos, fuentes y, en algunos casos, presuntos autores, cuando hubiera riesgo de represalias contra ellos o sus familiares.

Pese a las recomendaciones hechas por el GHREN en reiteradas ocasiones al régimen Ortega Murillo, en informes anteriores, este no ha acatado la mayoría de estas y, por el contrario, ha ido aumentando sistemáticamente los métodos de represión tanto contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como al pueblo nicaragüense en general.