Libertad cercenada: Cárcel, destierro y desnacionalización
- 13 Sep 2024
- 4:12 p.m.
Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad. • Foto: Onda Local
La madrugada del 09 de febrero de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó de las celdas a 222 personas presas políticas nicaragüenses. La incertidumbre por no saber adonde iban creaba una escena de suspenso.
Los oficiales abrieron los portones de las celdas a altas horas de la noche. Eso era un indicativo de que había algún traslado, requisa o que estaban llevando a alguna persona a las celdas de castigo. Les pidieron quitarse el uniforme y ponerse ropa civil.
Quienes estaban en la Dirección de Auxilio Judicial -conocida como El Chipote- imaginaban que les trasladaban hacia los sistemas penitenciarios Jorge Navarro -La Modelo-, y a la Cárcel de Mujeres La Esperanza. Nunca pensaron que, ese día, saldrían de la cárcel. Les llevaron rumbo al Aeropuerto Internacional de Managua. Les hicieron firmar una hoja en blanco que sólo decía: “Acuerdo viajar a…”. Al bajar del bus, personal del gobierno de los Estados Unidos les esperaba. Hasta entonces, se dieron cuenta del destierro hacia Estados Unidos. Más tarde, un juez de la dictadura les privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de todos sus bienes.
Edder Muñoz de Masaya, quien había sido detenido por tercera vez el 23 de noviembre de 2021, dice que ese nueve de febrero fue el día más dulce amargo de su vida. “Me sentía alegre, positivo, porque estaba viendo movimiento de salida y cuando llegan a traer a un preso político que estaba en mi celda y yo solo lo vi salir, fue algo traumático, yo esperaba que, en el transcurso de la noche, madrugada me llegarán a traer a mí, no dormí ese día esperando, arreglé mis cosas y pasaron los días, los meses y seguí yo ahí”.
El 9 de febrero de 2024 se concretó el primer capítulo de una nueva fase de la represión ejecutada por la dictadura de Ortega y Murillo contra las personas percibidas como opositoras. Ortega pasó de las amenazas realizadas públicamente el 8 de noviembre de 2021, a los hechos.
“Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis, se los deberían de llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, ni tienen patria”, sentenció Ortega.
Desde entonces, el destierro, la desnacionalización y la confiscación de bienes constituyen las formas más severas de la represión empleadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo cual no tiene precedentes en la historia de América.
El 18 de octubre de 2023, un total de 12 sacerdotes se sumaron a la lista de personas desterradas por la dictadura nicaragüense; esta vez, hacia el Vaticano. Según el comunicado de la dictadura de Daniel Ortega, luego de fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un “acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 Sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados". Sin embargo, la comunicación no detalla dichas causas.
El sábado 6 de enero, la dictadura orteguista excarceló a Martín Argüello Leiva y Bernardo Argüello Celebertti, esposo e hijo, respectivamente, de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a quien el régimen no permitió el ingreso a Nicaragua y la acusó junto a su esposo e hijo de "conspiración anti-patria" y actos relacionados con "financiamiento al terrorismo". Las autoridades no brindaron información sobre la excarcelación, pero se conoció que les dieron 48 horas para salir del país. Al día siguiente, en horas de la tarde, Martín y Bernardo Argüello viajaron hacia México.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró hacia El Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, a 15 sacerdotes y dos seminaristas, el 14 de enero de 2024. “El gobierno” de Nicaragua agradeció al Papa Francisco y a la Secretaría de Estado de la Santa Sede; a cargo del Cardenal, Pietro Parolin, “por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas”.
El obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por el juez orteguista Octavio Rothschuh, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Lo sentenció por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad”. Además, le arrebató la nacionalidad nicaragüense, lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer la función pública al servicio del Estado de Nicaragua y le decretó la pérdida de los derechos ciudadanos de carácter perpetuo.
El 7 de agosto de 2024, otros siete sacerdotes fueron desterrados hacia el Vaticano. “El día ayer miércoles 7 de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma, siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede”, informó Rosario Murillo en su alocución del mediodía en medios oficialistas. Murillo se refería a los sacerdotes Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero.
El 10 y 11 de agosto de 2024 fueron desterrados hacia Roma los sacerdotes Leonel Balmaceda y Denis Martínez, según una nota informativa de Vatican News. No obstante, la dictadura orteguista no confirmó estos destierros.
El 5 de septiembre de 2024, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala informaron que 135 personas nicaragüenses presas políticas fueron liberadas y trasladadas hacia Guatemala en un vuelo privado facilitado por Estados Unidos.
“Hoy temprano (5 de septiembre de 2024), aterrizó aquí en Guatemala un avión con 135 presos políticos y de conciencia liberados, a quienes autoridades nicaragüenses habían detenido injustamente”, dijo Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para América Central, durante una conferencia de prensa.
Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala y socios humanitarios de la sociedad civil les proporcionarán temporalmente alimentación, alojamiento, apoyo psicosocial y asistencia médica para ayudarles a recuperarse de las difíciles condiciones y traumas que han experimentado en las cárceles.
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, informó que el Instituto Guatemalteco de Migraciones concedió a las personas nicaragüenses desterradas 90 días para que puedan regularizar su situación. Quienes así lo deseen pueden quedarse en Guatemala o continuar su viaje a otros países, agregó.
Eric Jacobstein manifestó que estas personas tendrán la oportunidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua y que podrán viajar a Estados Unidos a través del Programa de Movilidad Segura.
Los gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos aseguraron que, por razones de seguridad y privacidad, no darían a conocer los nombres de las personas liberadas.
El 10 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua privó de la nacionalidad nicaragüense a las 135 personas excarceladas y ordenó la confiscación de sus bienes, supuestamente para que respondan “por los severos daños materiales e inmateriales que ocasionaron a la población y al país”.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, realizados el 10 de septiembre de 2024, presentó una actualización sobre la situación de Nicaragua en la que reiteró el establecimiento de hechos y circunstancias que constituyen crímenes de lesa humanidad, “particularmente, persecución por motivos políticos; hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos”. El GHREN agregó que tiene “motivos razonables para creer que el actual Presidente de Nicaragua (Daniel Ortega) y la Vicepresidenta (Rosario Murillo) son los principales responsables”.
“Nos quitaron la nacionalidad, pero cada quien sabe nuestro origen…si hay un cierto sentimiento sobre eso, pero al final creo que nicaragüenses no voy a dejar de ser nunca, nací en Masaya, me siento más Masaya ahora más que nunca”, afirmó una de las 135 personas desterradas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y la confiscación de bienes de las 135 personas excarceladas. Agregó que, desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense.
La CIDH le recordó el Estado nicaragüense que la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable y resaltó que su privación arbitraria, especialmente como sanción impuesta por motivos políticos, contraviene las normas del derecho internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ambas ratificadas por Nicaragua.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua a garantizar el derecho a la nacionalidad, a cesar la represión en el país y a liberar a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, entre ellas, las y los líderes indígenas de la Costa Caribe que cuentan con medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano.
La Comisión alentó a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender, reconocer a las personas apátridas. Así como otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procedimientos para obtener protección internacional, incluyendo el otorgamiento del estatuto de refugiados. Por último, continuar implementando acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas.
Los relatos de las personas excarceladas
Han pasado ocho días de la excarcelación de las 135 personas y con los días también afloran los testimonios de violencia, torturas y resiliencia. Detalles que no se conocían por el aislamiento al que fueron sometidas.
Sergio Catarino Castilblanco, originario de Jinotega y preso político desde el 22 de abril de 2023, relata que una pregunta recurrente en los interrogatorios era ¿Quién te mandaba a hacer eso? -Regar papeletas en el quinto aniversario del 18 de abril y exigir la liberación del obispo Rolando Álvarez- a lo que respondió: “Mencioné a Benito Rodríguez, Leyting Chavarría, Abraham Castro, Jamesson Meza. Parece que investigaron y regresó furioso diciendo que no siguiera jugando con ellos, porque esos nombres que yo les di son de algunos de los muchachos que fueron asesinados en el 2018-2019. Uno hace eso por ellos…yo sentí el dolor que sentimos muchos nicaragüenses, no solamente por ellos, sino por todos los que han sido asesinados durante esta dictadura”.
Olesía Muñoz, quien ha estado encarcelada en dos ocasiones, relata que la cárcel fue triste, angustiosa y dura. Vio llorar a sus hermanas de prisión por la separación de sus hijos. “Fuimos extraídos de nuestras casas diciendo que íbamos a entrevistas con la policía”.
Muñoz narra que la metieron a una celda prácticamente térmica, sin aire. El calor era insoportable y pasaban bañadas de sudor. “Después de un año orando se logra de que abran una de las puertas de metal, para que nos entrara un poco más de aire, porque ya nuestra piel estaba sufriendo unas alergias feas y eran unas grandes chorchas”.
Gabriela Morales, quien sobrevivió al ataque de paramilitares y policías contra un grupo de estudiantes de la UNAN-Managua y que se refugiaron en la iglesia Divina Misericordia, lamenta que por hacer un acto de protesta tras el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), la hayan encarcelado junto a Adela Espinoza y Mayela Campos.
“Teníamos algo súper horrible que invadió nuestra privacidad, teníamos cámaras, casi cuatro meses tuvimos con cámaras, cuando nos bañábamos esa cámara grababa todo, cuando hacíamos nuestras necesidades. Tuvimos que aprender a sobrevivir con la cámara ahí. Y eso fue súper duro”.
Relata que en una ocasión reas comunes les cantaron “canciones del gobierno” y les decían “nosotras nos vamos en indulto, ustedes se quedan”.
Pese a estos ataques, las presas políticas se mantenían fuertes y unidas. Cantaban mucho y en tono alto: Canción sin miedo, Autor Anónimo y Hasta la Raíz. “Esas era canciones que nos alimentaban bastante”, expresa Adela Espinoza Tercero.
Las resistencias son variadas y únicas para cada historia de vida. Van desde el desarrollo de la parte espiritual hasta el retorno a la lucha cívica desde el destierro.
“Estamos claros que Nicaragua entera en su mayoría está resistiendo. Yo sé que el silencio también es una forma de resistencia, hay que seguir, yo sé que esto va a cambiar”, augura Sergio Catarino.
Mientras que, el profesor Freddy Quezada, asegura que, por ahora, lo único que quiere, “es un lugar tranquilo”, donde pueda tomarse su café y escribir sus memorias.