GTDA: Estado de Nicaragua debe liberar e indemnizar a guardabosques indígenas
- 20 Nov 2024
- 9:30 p.m.
Ignacio Celso Lino, síndico de la Comunidad de Suniwas; Argüello Celso Lino, juez y maestro de la escuela de la misma comunidad y los centinelas del bosque, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías. • Foto: Cortesía
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU demandó al Estado de Nicaragua la liberación de cuatro guardabosques indígenas tras determinar que estos fueron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y luego acusados injustamente de haber perpetrado la masacre de Kiwakumbai en el Territorio Indígena Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), la que fue perpetrada por colonos armados el 23 de agosto de 2021.
El Grupo de Trabajo considera que además de la liberación, el Estado de Nicaragua debe concederles una indemnización a los afectados por los daños y perjuicios ocasionados.
Asimismo, manifiesta que la privación de libertad de los cuatro detenidos se debió a sus actividades como defensores de derechos humanos y de derechos ambientales de su comunidad y sus territorios ancestrales, así como a su calidad de indígenas.
“El Grupo de Trabajo está convencido de que los Pueblos Indígenas que defienden su territorio están siendo perseguidos e intimidados. En el presente caso, tanto la Corte Interamericana como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han alertado sobre esta situación”, señala el GTDA de la ONU en el documento Opinión 30/2024 referido a la detención y judicialización de los guardabosques. El Grupo también advierte que los condenados ejercían resistencia comunitaria defendiendo su territorio de manera pacífica, lo que está garantizado por el derecho internacional de los derechos humanos.
Condenados a cadena perpetua
El 18 de febrero de 2022, luego del sometimiento a un proceso judicial plagado de irregularidades y acusaciones fabricadas, los comunitarios indígenas fueron condenados a la pena de cadena perpetua, por el Juez Séptimo Penal de Distrito de Juicio de Managua.
De acuerdo a activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, “el Juez se basó exclusivamente en testimonio policial, mediante un proceso realizado sin las mínimas garantías legales en el que excluyó a testigos presenciales.”
Los guardabosques indígenas, quienes también son reconocidos en el del Territorio Mayangna Sauni As, como líderes comunitarios son: Ignacio Celso Lino, síndico de la Comunidad de Suniwas; Argüello Celso Lino, juez y maestro de la escuela de la misma comunidad y los centinelas del bosque, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías.
El Grupo de Trabajo también considera que con la detención arbitraria de los indígenas mayangnas, el gobierno de Nicaragua, está dejando en evidencia la inobservancia de las obligaciones internacionales de Nicaragua como signatario del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como la inobservancia de normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, independiente e imparcial.
El GTDA, afirma que además el régimen ignoró el principio de igualdad de los seres humanos, al discriminar a los acusados por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma y condición económica.
Asimismo aduce que la privación de libertad de los acusados resultó del ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y expresión, de asociación y participación política, garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo mandato es investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados.
