A.N. consuma reformas constitucionales a la medida de Ortega y Murillo

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Asamblea Nacional, consumó este jueves 30 de enero el último zarpazo contra la institucionalidad y el estado de derecho, al concluir la aprobación, en segunda legislatura, de la nueva Constitución Política que regirá la nación.

Las reformas constitucionales a las que el régimen llamó “reformas parciales” modifica casi en su totalidad la Carta Magna, pues de los 198 artículos que tenía la Constitución vigente, 148 fueron modificados y 37 derogados. Solo 13 artículos constitucionales no sufrieron ninguna alteración.

Con la nueva Constitución aprobada los dictadores nicaragüenses se otorgan el poder absoluto al eliminar la independencia de poderes, dado que, de acuerdo a la nueva máxima Ley, el Poder Ejecutivo, representado por Ortega y Murillo, será quien coordine los poderes legislativo, judicial y electoral.

Asimismo, la reforma modifica la figura de vicepresidente de la República, al establecer que el Ejecutivo estará conformado por “un copresidente y una copresidenta”, convirtiendo así a la vicedictadora Rosario Murillo, en codictadora.

La enmienda también faculta a los “copresidentes” a nombrar sus vicepresidentes sin necesidad del voto popular. De acuerdo a analistas la creación de las figuras de copresidente y copresidenta garantiza la sucesión dinástica de la familia en el poder.

La modificación también plantea que el copresidente y la copresidenta serán los jefes supremos de los cuerpos armados, es decir la Policía y el Ejército.

Otras aberraciones

La modificación de la Carta Magna al gusto y antojo de los dictadores, incluye una serie de normativas consideradas por sectores de oposición y expertos en derecho, “aberraciones” producto del “manoseo” de la Máxima Ley de la República.

Entre las acciones más criticadas están la ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años, el que, según parlamentarios sandinistas, esta enmienda se aplicará a al actual periodo.

Otra de las aberraciones es la imposición de la bandera del partido sandinistas como “símbolo patrio” lo cual queda estatuido en el artículo 13.

También resalta la decisión de otorgarle rango constitucional a grupos de choque y paramilitares, bajo la denominación de “Fuerzas militares de reserva patriótica” y “Policía Voluntaria”, esta última ha sido juramentada en los diferentes departamentos del país durante las últimas semanas.

De acuerdo a los artículos reformados, “las fuerzas militares de reserva patriótica”, estarán integradas “voluntariamente” por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que fueron miembros activos del Ejército, pero que han pasado a la condición de retiro.

En tanto la “Policía Voluntaria”, según el artículo 97 modificado, será un “cuerpo auxiliar” y de apoyo a la Policía Nacional, el que estará integrado por “ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”.

La nueva constitución sandinista también establece que el copresidente y la copresidenta, podrán ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía, “cuando la estabilidad de la República lo requiera”.

El poder total en manos de Ortega y Murillo, somete a todas las demás instituciones y personas funcionarias del Estado a la obediencia y lealtad absoluta a la pareja autócrata.

Por otro lado, cabe señalar que las polémicas reformas han sido condenadas por la comunidad internacional. Este martes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua calificó las reformas como “una sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales”.

En noviembre de 2024, cuando Ortega envió la iniciativa de reformas y el Legislativo realizó las primeras modificaciones en primera legislatura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que estas reformas “consolidan un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos”.