La apatridia y otras graves dificultades están obstaculizando la participación presencial de nicaragüenses en un caso clave ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los representantes de las presuntas víctimas en el caso Chavarría Morales y otros Vs. Nicaragua alertaron a la Corte IDH sobre los serios impedimentos que enfrentan sus propuestos declarantes para comparecer en persona.

Tres presuntas víctimas, asiladas en Estados Unidos, requieren permisos especiales para salir del país y dos de ellas carecen de pasaporte vigente. La situación es más delicada para una cuarta presunta víctima que reside en Nicaragua: los abogados consultados se han negado a firmar su declaración jurada (affidavit) por temor a represalias, como la pérdida de sus licencias profesionales o incluso quedar apátridas. Además, el perito propuesto, Pablo Emilio Cuevas Mendoza, ya se encuentra apátrida y carece de documentación oficial.

Los representantes describieron la situación de las presuntas víctimas como una "muerte civil ordenada por la dictadura", señalando que han enfrentado "sistemáticos ataques, persecuciones, asedios, agresiones, secuestros e intentos de homicidio".

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Resolución crucial de la presidenta de la Corte IDH para el avance del caso

Ante esta compleja realidad, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, emitió una resolución crucial. Convocó a una audiencia pública virtual y admitió las declaraciones por affidavit de cuatro presuntas víctimas y un perito, permitiendo que el caso avance a pesar de los desafíos significativos.

La audiencia pública virtual se celebrará el 27 de junio de 2025 a las 12:00 horas (mediodía), hora de Costa Rica, durante el 178° Período Ordinario de Sesiones. En esta audiencia, las partes presentarán sus alegatos y observaciones finales orales. Posteriormente, las partes y la Comisión tendrán hasta el 29 de julio de 2025 para presentar sus alegatos y observaciones finales escritas sobre el fondo, reparaciones y costas.

El caso, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, progresa sin que el Estado de Nicaragua haya presentado un escrito de contestación.

Desafíos y adaptaciones en la recopilación de pruebas

La Corte ha dispuesto que las declaraciones de Jaime Antonio Chavarría Morales, Jaime Antonio Chavarría Alonso, Jeffer Joaquín Chavarría Alonso, Cindy Alicia Chavarría Alonso, y el peritaje de Pablo Emilio Cuevas Mendoza se realicen mediante affidavit ante fedatario público. La Corte ha reconocido en casos previos la aceptación de declaraciones juradas simples cuando la legalización es imposible por razones ajenas a los representantes. Para el declarante en Nicaragua, la Corte ha solicitado la cooperación del Estado para facilitar la declaración por affidavit.

Las presuntas víctimas fueron declaradas procedentes para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2024. Este fondo cubrirá los gastos razonables de la realización, formalización y envío de las cinco declaraciones por affidavit. Los representantes deberán presentar cotizaciones y comprobantes de costos.

La Presidencia de la Corte también recordó al Estado su obligación, conforme al artículo 53 del Reglamento, de no enjuiciar ni ejercer represalias contra las presuntas víctimas, testigos, peritos, sus representantes o asesores legales por sus declaraciones o defensa legal ante la Corte.

¿Sobre qué declararán?

La resolución de la presidenta de la Corte IDH detalla los temas específicos sobre los cuales testificarán:

• Jaime Antonio Chavarría Morales (Fiscal de Verificación Electoral en 2008): Testificará sobre los hechos de julio de 2008, la presunta falta de acceso a la justicia y debido proceso en Nicaragua, y la supuesta colusión de todos los poderes del Estado en delitos contra su familia.
• Jaime Antonio Chavarría Alonso (hijo de Jaime Antonio Chavarría Morales): Abordará la persecución, asedio y agresiones continuas a su familia, su secuestro, el impacto del exilio en sus hijos menores y las afectaciones físicas y psicológicas.
• Jeffer Joaquín Chavarría Alonso (hijo de Jaime Antonio Chavarría Morales): Declarará sobre los eventos de 2008, el asedio, persecución, intimidaciones y amenazas, así como la supuesta falta de acceso a la justicia e independencia de poderes en Nicaragua y la colusión estatal.
• Cindy Alicia Chavarría Alonso (hija de Jaime Antonio Chavarría Morales): Se referirá a los hechos de 2008, el asedio y persecución de su familia y su hija menor de edad (quien tuvo que abandonar sus estudios de danza y vivir en casas de seguridad), los costos y repercusiones materiales y sociológicas del exilio, y la persecución "hasta la tercera generación" de la familia.
• Pablo Emilio Cuevas Mendoza (Perito, abogado y especialista en DDHH): Ofrecerá un peritaje sobre el contexto sociopolítico y económico de los derechos humanos en Nicaragua, y el presunto incumplimiento del Estado de los estándares interamericanos en materia de debida diligencia, garantías judiciales y protección judicial.