Bukele en escalada represiva: Oenegé de DD. HH. forzada al exilio

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se continúa afianzando como un nuevo dictador en Latinoamérica, y su escalada represiva contra quienes lo adversan ya ha obligado a periodistas, activistas y organizaciones civiles a abandonar el país. Esta vez le tocó a Cristosal, una de las organizaciones más prestigiosa en materia de defensa de los derechos humanos en el pequeño país centroamericano.

La organización con trayectoria en la lucha contra la corrupción y la promoción y defensa de los derechos humanos, dio a conocer el jueves 17 de julio, que se vio obligada al exilo dada la escalada represiva del gobierno contra sus activistas.

Cristosal, mediante un comunicado, anunció que tras 25 años de defensa de los derechos humanos, suspende operaciones en El Salvador “ante la escalada de criminalización de personas activistas, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros y la débil independencia institucional”.

La organización asegura que “el régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho” a la vez advierte que  expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel en ese país.

Asimismo destaca que “la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder”.

Detención de Ruth López “no es un caso aislado”

La organización defensora asegura que la detención de la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, ocurrida el 18 de mayo pasado, “no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar”.

López es acusada por la Fiscalía salvadoreña de enriquecimiento ilícito. Durante su detención la activista se declaró como “presa política”.

En el comunicado Cristosal expresa que “Ruth está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción” y añade que igual que ella, muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio.

El 7 de junio la Policía salvadoreña también capturó a Enrique Anaya, otro abogado crítico de Bukele, luego que este calificara al gobierno de El Salvador como “dictadura bukeleana” tras referirse a un comunicado de la CIDH en el que esa Comisión Interamericana expresaba su preocupación por las recientes detenciones contra personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. 

Por su parte, el 31 de mayo pasado, el medio independiente El Faro, señaló en una publicación que 12 periodistas se vieron obligados al desplazamiento dada la persecución gubernamental contra la prensa independiente.

Oenegés sin garantías de defensa

“Cristosal ha enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación. Aunque este contexto adverso no es nuevo, es la primera vez que en El Salvador no existen garantías de defensa” expresa la organización en su comunicado.

La organización describe la nueva Ley de Agentes Extranjeros como un instrumento de control autoritario, dado que con esta el régimen de Bukele “impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”.

La oenegé reconocida como la principal organización defensora de derechos humanos en El Salvador, reitera que: “Ante este escenario de consolidación autoritaria, nos vimos obligados a tomar la dolorosa decisión de suspender nuestras operaciones en El Salvador. Lo hacemos para proteger a nuestro equipo -personas que han tenido que dejar su país para poder seguir defendiendo sus derechos, resguardar nuestra labor y mantener viva la defensa de los derechos humanos.”

No obstante, también asegura que su misión continúa y que no renuncia a su personería jurídica ni a su compromiso con El Salvador.