Bukele emula sin recato a sus vecinos Ortega y Murillo

Las acciones autoritarias de Bukele, ya no dan lugar a dudas de que el mandatario salvadoreño, está en un proceso de metamorfosis que lo está transformando de estadista a dictador.

La deriva autoritaria del presidente salvadoreño Nayib Bukele ya era una realidad palpable desde su primer periodo presidencial, pero sin dudas se ha ido acelerando en lo que va de su segundo mandato. Los más recientes acontecimientos en el plano político salvadoreño así lo evidencian.

Su gestión se ha caracterizado por concentrar cada día más poder, erosionando así las instituciones democráticas. Su escalada autoritaria incluye estrategias represivas contra la oposición, entre las que destacan, la persecución contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la eliminación de derechos civiles.

Con siete años en el poder, gracias a que ejerce su segundo periodo consecutivo, pese a que la Constitución lo prohibía, el mandatario salvadoreño, ha hecho una serie de reformas y decretado leyes a través del Congreso, cuya mayoría está en manos de sus diputados desde mayo de 2021, cuando en las Elecciones Legislativa logro quedarse con dos tercios de los escaños. Actualmente el partido de Bukele posee 54 de los 60 escaños, como resultado de las elecciones de 2024.

Persecución activada: La detención de Ruth López y Enrique Anaya

El pasado 18 de mayo la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López Alfaro, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización defensora de derechos humanos en El Salvador, fue detenida por la Policía Salvadoreña por orden de la Fiscalía General de la República, entidad que la acusa de enriquecimiento ilícito.

López Alfaro, catalogada como una figura clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, ha sido además una de las voces más críticas de la gestión de Bukele, por lo que su arresto ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de silenciarla. 

Tras su arresto, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han catalogado la acción gubernamental contra la activista como persecución política.

En el momento de ser esposada frente a una batería de periodistas, la defensora de derechos humanos se declaró “presa política” y solicitó un juicio público. “Soy inocente, soy una presa política; todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno" dijo la activista mientras era trasladada por agentes policiales.

El 7 de junio la Policía salvadoreña capturó a Enrique Anaya, otro abogado crítico de Bukele.

La Fiscalía le imputa el delito de lavado de dinero. Sin embargo, medios de comunicación salvadoreños y activistas de derechos humanos han denunciado que este segundo arresto en menos de un mes es parte de una estrategia persecutoria contra las voces críticas del gobierno. El arresto de Anaya se dio luego que este hiciera reiteradas denuncias sobre las irregularidades que priman en el proceso penal que se lleva contra Ruth López, la activista detenida el 18 de mayo.  

Un día antes de su detención, Anaya hizo alusión en sus redes sociales a un comunicado de la CIDH, en el que este organismo externaba su preocupación por las recientes detenciones contra personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.  En su publicación Anaya se refirió al gobierno de Bukele como “dictadura bukeleana”. Fue su última publicación en la red social X, antes de su detención.

Si bien estas dos detenciones han sido las más sonadas durante las últimas semanas, no fueron las únicas. Durante el mes de mayo la represión del gobierno de Bukele se intensificó.

Bukele marcó el inicio de su séptimo año con represión

Así lo destaca el medio independiente El Faro en un podcast publicado el 31 de mayo pasado en el que hace un recuento de los excesos del mandatario salvadoreño a lo largo de ese mes, descrito por dicho medio como “el mes en que la dictadura de Nayib Bukele dejó ver su lado más represivo”.

Entre las acciones que son parte de la escalada represiva, el faro contabiliza un total de 12 periodistas que se vieron obligados al desplazamiento dada la persecución gubernamental contra la prensa independiente.

En los primeros días de mayo 14 empresarios del transporte fueron apresados luego de ser acusados de no acatar una resolución de Bukele en la que ordenaba prestar servicio de transporte gratuito en todo el país, dado los inconvenientes suscitados por el cierre temporal de un tramo de la carretera panamericana. El medio asegura que uno de los transportistas arrestados murió en prisión.

Cabe resaltar que organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde que se inició el estado de excepción 412 personas privadas de libertad han muerto en las cárceles salvadoreñas.

El Faro destaca que durante el mes de mayo otras 17 personas fueron capturadas sin tener relación con pandillas. Otra acción represiva en el mismo mes fue la criminalización de una manifestación pacífica que también dejó dos detenidos.

El medio hace referencia también a la aplicación indiscriminada de medidas que vulneran los derechos humanos como la suspensión, en el contexto del estado de excepción, de las 72 horas de detención que legalmente están establecidas.

El Faro refiere que las detenciones arbitrarias no son casos aislados, y asegura que se han suspendido garantías constituciones fundamentales para toda la población, y una de estas es la eliminación del plazo de 72 horas de detención.

Con el régimen de excepción, las personas arrestadas sin causa ni pruebas, pasan hasta 15 días bajo arresto bajo el argumento de combatir a las pandillas, sin embargo, el medio denuncia que dicha medida “se aplicas de forma generalizada y es usada como una herramienta de control social”.

La aprobación de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, el 20 de mayo, con similitudes a la aprobada por la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua, es otra amenaza que se cierne sobre la libertad de asociación en El Salvador. Dicha ley, que aun no entra en vigencia, establece un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales, sobre las donaciones e ingresos que reciben. Además establece multas de entre 10 mil y 200 mil dólares a las oenegés que violen algunas de las disposiciones que mandata diche ley.

Tras la aprobación de la normativa la organización internacional Human Rights Watch, advirtió a través de un comunicado que países como Rusia y Nicaragua  han utilizado leyes de agentes extranjeros como herramientas para “estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”, también señalo que la aplicación de estas normativas derivan en cierre de organizaciones y censura.

Concentración de poder: El allanamiento del camino hacia la autocracia

En mayo 2021, Nuevas ideas, el partido de Bukele obtuvo dos tercios de los escaños luego de celebrarse las elecciones legislativas. De inmediato la nueva mayoría en el Parlamento inició una serie de reformas legislativas que permitían al Ejecutivo más control del poder, avasallando así la independencia de los otros poderes del Estado.

En ese contexto Human Rights Watch, advirtió que durante los primeros seis meses con el Legislativo bajo el control del partido de Bukele, los diputados bukelistas emprendieron una carrera maratónica a favor de la agenda promovida por Bukele, la cual incluía “medidas drásticas orientadas a destruir la independencia judicial y restringir la rendición de cuentas pública”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió en noviembre de ese año que “en tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos, y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos”. Asimismo, reiteró que la Asamblea Legislativa adoptó medidas para socavar el Estado de derecho y archivó proyectos que habrían representado avances significativos en la protección de derechos fundamentales.

Entre las acciones antidemocráticas señaladas por Human Rights Watch en el periodo mencionado están:

1. La destitución y reemplazo de manera sumaria de los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general.
2. La archivación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer y de otro proyecto que habría establecido un procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero.
3. La aprobación de una ley que otorga “inmunidad” a funcionarios gubernamentales y contratistas en relación con compras de emergencia relacionadas con la pandemia de Covid-19.
4. La conformación de una comisión especial para investigar la asignación de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales, en un aparente esfuerzo por intimidar a las organizaciones de la sociedad civil.

Pero el traspiés jurídico de mayor envergadura por ser una medida inconstitucional, fue el realizado el 3 de septiembre de 2021 desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cooptada por el gobierno, con el cual se determinó que la Constitución permitía la reelección presidencial inmediata, hasta antes de eso prohibida en la misma Constitución, lo que permitió la reelección inmediata de Bukele.

Todo lo anterior eran solo las bases para lo que se venía en términos de autocracia, durante su segundo periodo.

Si bien, tras el control de la mayoría de escaños se aceleró el camino hacia la consolidación de una dictadura en El Salvador, la CIDH señaló que la deriva autoritaria de Bukele inició desde que este tomó el poder por primera vez en 2019.

La aseveración de la CIDH se da tras la reforma al artículo 248 constitucional, ratificada en enero de 2025, la cual establece la eliminación del requisito de dos legislaturas para reformar la Constitución.

“Desde su llegada al poder en 2019, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido, sin ningún debate público, reformas a la Constitución que apuntan a consolidar el poder del Ejecutivo sin contrapesos y que ponen en riesgo la democracia en El Salvador” aseveró la CIDH.

La reforma al artículo 248 de la Carta Magna de El Salvador, ahora permite que se hagan reformas constitucionales en una sola sesión y con 45 de los 60 votos de la Asamblea. Una reforma, según los analistas, hecha a la medida de las pretensiones de Bukele, tal como ha ocurrido en Nicaragua.

En efecto, analistas políticos y defensores de derechos humanos que siguen de cerca las acciones de Bukele para atornillarse en el poder, han advertido que el mandatario salvadoreño está siguiendo los pasos de sus vecinos de Nicaragua.

En febrero de este año, Amnistía Internacional refirió en consonancia con Human Rights Watch y la CIDH, que: “La consolidación de un modelo de Poder Ejecutivo sin contrapesos en El Salvador avanza con rapidez”.

AI agregó que la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, “pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos al reducir drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana en la toma de decisiones de gran calado para el país”.

En lo que va de su segundo mandato, Bukele ha acelerado aun más los pasos hacia la consolidación de una dictadura. Con mayor concentración de poder, con el camino allanado y contra viento y marea Nayib Bukele ha emprendido una campaña sostenida dirigida a la neutralización de todo lo que supusiera un obstáculo en su carrera por el control absoluto del poder.