Entra en vigencia Ley de Telecomunicaciones Convergentes

Este jueves 6 de noviembre de 2025, entró en vigencia la Ley No.1223, o Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, una normativa diseñada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual se suma a otras leyes represivas que buscan el control total de la población imponiéndole más censura y limitando aún más el derecho a la libertad de expresión.

La normativa aprobada el 31 de octubre de 2024 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el 6 de noviembre del mismo año, establece en su artículo 158, referido a la vigencia de la misma que: “La presente Ley entrará en vigencia en un plazo de doce (12) meses después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

De acuerdo al texto de la ley esta tiene como objetivo principal “normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y desarrollar el sector de las telecomunicaciones”, de igual forma establece que están sujetos a sus disposiciones, los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales y las personas naturales o jurídicas que hacen uso de los recursos públicos administrados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). También se incluye a personas usuarias de telecomunicaciones y comunicaciones audiovisuales, así como personas naturales o jurídicas que internen equipos de telecomunicaciones.

Mayor control y vigilancia a empresas y usuarios de las telecomunicaciones

Con la entrada en vigencia de esta ley, el régimen dictatorial pone en situación de mayor vulnerabilidad a cualquier persona que se exprese en su contra a través de medidas que consolidan la criminalización del derecho a la libre expresión y la censura, principalmente a través de las telecomunicaciones, plataformas digitales y redes sociales.

El artículo 110 de la ley obliga a las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en ese sentido estatuye que “para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”.

Telcor pasa a ser un aparato al servicio de la vigilancia y el espionaje

La ley faculta a Telcor para “supervisar y fiscalizar” a empresas y personas en general que hacen uso de las plataformas digitales, las que pueden ser intervenidas en cualquier momento, a la vez advierte que, durante estas intervenciones, Telcor podría auxiliarse de la fuerza pública de ser necesario.

En efecto, el artículo 111 de dicha normativa establece que le corresponde a Telcor, “supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”, asimismo refiere que “Telcor tiene todas las facultades para realizar inspecciones, pruebas técnicas, auditorías técnicas, financieras, tarifarias, mediciones de calidad y cualquier otra actividad necesaria para el ejercicio de su función supervisora y fiscalizadora”.

El artículo 112, establece el acceso de personal de Telcor a las instalaciones de empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales y personas naturales o jurídicas que hacen uso del espectro radioeléctrico.

El mismo artículo advierte que todas las entidades mencionadas están obligadas a permitir al personal de Telcor, el acceso a sus instalaciones, con la finalidad de realizar las supervisiones y fiscalizaciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones. “Todo lo anterior, sin perjuicio de auxiliarse de la fuerza pública en caso que sea necesario” subraya la normativa.

Expertos han advertido que esta normativa encierra varios riesgos los que a la vez se traducen en mayor represión y persecución a la disidencia nicaragüense, pues es una ley represiva y de espionaje disfrazada de avance tecnológico, es decir, con la normativa lo que la dictadura busca es ejercer mayor control y restricciones sobre el uso de las telecomunicaciones, cercenando aún más el derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo a analistas, los principales riesgos de esta ley además del control dictatorial excesivo al espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones en general, son mayor vigilancia a la ciudadanía, lo que incluye la invasión a su privacidad, más censura y por tanto mayores limitaciones a la libertad de expresión y en consecuencia, mayor persecución a las voces disidentes.

Infracciones serán penadas con multas

La ley establece una serie de infracciones clasificadas como muy graves, graves y leves, las que serán penadas principalmente con multas.

Entre las sanciones muy graves descritas en la ley están: Negarse u obstruir las inspecciones o auditorías que ordene Telcor en ejercicio de sus facultades de fiscalización, supervisión, control y vigilancia, negarse u obstruir la Interconexión, el acceso a las instalaciones esenciales con otros operadores o proveedores de servicios, negarse a entregar información, así como suministrar información falsa o tendenciosa a Telcor.

Otras infracciones tipificadas como muy graves son, negarse a unirse a las transmisiones nacionales de radio y televisión que convoque Telcor y “negarse a poner sus instalaciones y servicios a disposición del Gobierno de la República de Nicaragua, en caso de situaciones de Emergencia Nacional o regional”.

Esta ley, conocida como la nueva ley mordaza, se suma a otras normativas aprobadas desde 2018, cuya finalidad es neutralizar cualquier accionar de la oposición nicaragüenses y consolidar el modelo dictatorial y dinástico de la familia Ortega Murillo.

Las leyes represivas aprobadas anteriormente son, la Ley 1212, o Ley de Regulación y Control de Organizaciones no Gubernamentales. Ley 1040 o Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.