Aprobación de Ley Telecomunicaciones Convergentes activa alarmas

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión, así como periodistas en el exilio, reaccionaron ante la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes consumada en la Asamblea Nacional este este jueves 31 de octubre.

La normativa aprobada generó suspicacia entre diversos sectores sociales del país desde que la iniciativa de la misma fue enviada en marzo pasado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, porque según analistas esta viene a reforzar el control de la dictadura sobre las telecomunicaciones.

La Ley ha sido promovida en el discurso del régimen, difundido a través de sus medios propagandísticos, como un marco normativo actualizado y adaptado a los avances tecnológicos de las telecomunicaciones.

De acuerdo al régimen dicha Ley viene a dotar al país, de “un marco jurídico moderno, armonizado y congruente con los avances científicos, tecnológicos y nuevos modelos de negocios a nivel mundial.”

No obstante diversas organizaciones han advertido sobre los riesgos que implica la Ley dado el contexto de represión, control y censura que impera en el país bajo la dictadura Ortega Murillo.

La Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), señaló que “a pesar de la imagen de modernidad que la ley pretende proyectar, en la práctica, Nicaragua carece de incentivos y políticas que fomenten la inversión y la competencia en nuevas tecnologías”.

FLED resalta en un comunicado emitido este primero de noviembre que: “La normativa otorga amplias facultades al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) en un contexto político marcado por la falta de institucionalidad y constantes violaciones a los derechos humanos”.

Asimismo, la organización hizo hincapié en la desatención del régimen a las recomendaciones de dos Exámenes Periódicos Universales (EPU) sobre derechos humanos.

Principales riesgos

De acuerdo a un análisis de FLED, entre los principales riesgos de la Ley está que el régimen tendrá mayor vigilancia y control sobre las comunicaciones convencionales y digitales. 

FLED resalta que, a través del monitoreo de las comunicaciones, la dictadura podrá de interceptar llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos sin necesidad de órdenes judiciales. También podrá dar seguimiento a la actividad de los usuarios en Internet, incluyendo navegación web, uso de aplicaciones y participación en redes sociales e tiempo real. 

La organización también reitera que, con esta Ley, el Estado podrá requerir que los proveedores recopilen y almacenen datos personales de las personas usuarias, como nombres, número de identificación y direcciones, así como registros de detalles de llamadas (números telefónicos involucrados, duración, ubicación y hora).

Asimismo, el régimen podrá aplicar restricción a los contenidos, a través del bloqueo de sitios web y plataformas digitales, incluyendo medios de comunicación independientes y redes sociales. También podrá exigir la eliminación de contenidos que sean considerados contrarios a los intereses de la dictadura.

Nueva normativa se riñe con Ley de Protección de Datos Personales

La organización gremial, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), expresó su preocupación ante la aprobación de la Ley porque “esta amplía el control del régimen sobre las telecomunicaciones lo que representa una amenaza directa a la libertad de expresión en Nicaragua”.

PCIN resaltó que la normativa, compuesta de 158 artículos, fua aprobada sin consulta ni transparencia. Destacó además que la misma otorga a TELCOR el poder de ajustar a discreción los cargos de acceso e interconexión en redes de comunicación y de reemplazar los títulos habilitantes de los medios de comunicación.

También alertó que la ley establece a la vez, una serie de medidas para la suspensión de licencias y autorizaciones. PCIN también denunció que la nueva ley contraviene la Ley 787 (Ley de Protección de Datos Personales), porque expone a la ciudadanía nicaragüense al riesgo de que sus datos sean manipulados y utilizados sin consentimiento, vulnerando su derecho a la privacidad y a la seguridad.

El periodista Alfonso Malespín, desde el exilio y a través de su cuenta de X, también cuestionó la aprobación de la Ley, subrayando que los diputados oficialistas destacaron dos aspectos, el primero, que dicha Ley es una herramienta para atraer inversiones extranjeras, y el segundo, que los usuarios de telefonía serán dueños de su número, lo que han denominado portabilidad numérica.

Malespín advierte que, sin embargo, las y los diputados “no dijeron que con esta ley el gobierno controlará todos los contenidos que se produzcan y circulen por las redes”. Asimismo, agrega que tampoco dijeron que con esta ley todo el espectro radioeléctrico sufrirá cambios, pues todas las licencias de radio y televisión quedarán anuladas y deberán solicitar una nueva, bajo nuevas reglas a ser anunciadas por Daniel Ortega.

PCIN calificó la nueva normativa como un ataque más a la libertad de expresión y a la privacidad e Nicaragua y exhortó a la comunidad internacional a no desviar la mirada de esta situación.