Asociación Madres de Abril urgió a EE. UU. resolver caso de Yadira Córdoba

La Asociación Madres de Abril dio a conocer el pasado 28 de diciembre, que solicitó al gobierno de Estados Unidos atender con urgencia y con enfoque humanitario y derechos humanos el caso de Yadira Córdoba, la activista nicaragüense cuyo hijo fue asesinado durante las protestas cívicas que en 2018 estallaron contra el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua.

Córdoba emigró a Estados Unidos huyendo de la represión de la dictadura, pero fue detenida en agosto de 2025 por Immigrations Customs Enforcement (ICE). Posteriormente, a inicios de noviembre, un juez de inmigración le negó la solicitud de asilo y ordenó su deportación hacia Honduras. Familiares de Córdoba aseguran que Honduras rechazó recibirla.

Madres de abril aseguró que “solicitamos a las autoridades estadounidenses que se proceda a su liberación a un país seguro”.

La asociación dijo que ha acompañado el caso de Córdoba desde su detención y añadió que “estamos sumamente preocupadas por su estado mental y físico ante la revictimización que ha sufrido”.

Dicha organización relata que Córdoba buscó protección internacional en Estados Unidos, tras alzar la voz para exigir justicia por la muerte de su hijo Orlando Córdoba, asesinado en el 30 de mayo del 2018 por el Estado de Nicaragua en el contexto de las protestas sociales de ese año.

“Sin embargo, en una audiencia realizada el 7 de noviembre su solicitud de asilo no fue debidamente escuchada y fue determinada ser deportada a Honduras, bajo el acuerdo bilateral de EEUU y Honduras, a pesar de la relevancia y gravedad de su caso ampliamente documentado y propuesto en su defensa” refiere la Asociación.

De igual forma Madres de Abril recordó que el equipo legal de Córdoba, luego de estar detenida más de cuatro meses, realizó todas las gestiones ante las autoridades correspondientes, solicitando información clara y actualizada sobre el estado de su procedimiento de deportación.

La Asociación indicó que “los oficiales de migración cuentan con la facultad discrecional para actuar en casos de especial relevancia, como el de Córdoba y hasta el momento, no se ha obtenido respuesta a dicha solicitud” y añadió que la ausencia de información oportuna y significativa e incertidumbre sobre su destino le ha causado una angustia significativa.

“Hoy, frente a una nueva revictimización derivada de políticas migratorias, alzamos nuestra voz para exigir una solución humanitaria y justa a su caso. Por lo anterior, y ante la falta de garantías para su protección, solicitamos respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos que atienda este caso con urgencia y con un enfoque humanitario y de Derechos Humanos, y que se proceda a su liberación inmediata, a través de su deportación a un tercer país seguro” refirió la organización de la que Córdoba también es integrante.

Asimismo Madres de Abril exhortó una vez más a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Latinoamérica a “no guardar silencio ante situaciones que profundizan el dolor y la injusticia con las víctimas de violencia de Estado”.

Finalmente recordó que en 2018, el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población civil, lo que ha sido constatado por organismos internacionales de derechos humanos entre los que mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Expertos de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.