Dictadura “dona” al INSS otras 36 propiedades confiscadas

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de ocho acuerdos presidenciales publicados en el Diario Oficial La Gaceta este viernes 19 de junio, ordenó a la Procuraduría General de Justicia (GPR), entregar en calidad de donación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un total de 36 propiedades presuntamente confiscadas a personas opositoras y disidentes que se encuentran en el exilio.

En los acuerdos suscritos por la pareja codictadora se autoriza a la procuradora Wendy Morales, en su calidad de representante del Estado, a que comparezca junto con el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ante la Notaria del Estado, para suscribir “Escrituras públicas de donación a favor del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)”.

De las 36 de propiedades “donadas”, 15 se localizan en Managua, nueve en Rivas, cinco en Estelí, tres en León y las cuatro restantes en Granada, Masaya, Matagalpa y Bluefields.

Aunque ninguno de los acuerdos presidenciales específica ubicación precisa de las propiedades, ni sus linderos y extensión, y estas solo son identificadas por los Números Absolutos de Propiedad (NAP) con los que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, todo parece indicar que se trata de propiedades confiscadas, dado que en “donaciones” anteriores se ha comprobado que se trataba de propiedades despojadas a personas adversarias al régimen que hoy se encuentran en el exilio.

En los documentos oficiales los codictadores argumentan que las donaciones tienen como finalidad “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.

Donación de propiedades confiscadas, una constante en los últimos años

Desde 2024 la dictadura ha traspasado alrededor de 200 propiedades al INSS en calidad de donación.

El 9 de agosto de 2024, el régimen autorizó a la PGR, mediante acuerdo presidencial 132-2024, el traspaso al INSS de 72 propiedades de las cuales 23 estaban en Managua, 38 en Estelí, ocho en el departamento de Rivas y otras tres en Granada, Masaya y Jinotega.

El 22 de enero de 2025, el régimen “dono” otras 14 propiedades al INSS, y posteriormente, el 25 de febrero, le trasfirió siete más.

El 19 de marzo de 2025, la dictadura entregó a la misma institución otras 20 propiedades varias de las cuales fueron robadas a opositores, según confirmaron posteriormente varias víctimas de confiscación desde el exilio.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, la dictadura entregó 31 propiedades confiscadas en Managua, Rivas y la región del Caribe. La mayoría de estas se ubican en el departamento de Rivas.

El 21 de abril de 2026, otras cuatro propiedades fueron transferidas al INSS bajo la misma modalidad, dos en Managua, una en Matagalpa y otra en León.

A raíz de las protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018, la dictadura Ortega Murillo ha promulgado una serie de leyes para castigar a la disidencia acusándola principalmente de traición a la patria y despojarla de sus bienes y propiedades. En ese contexto desató una ola de confiscaciones a través de la cual ha despojado a centenares de familias nicaragüenses de su patrimonio.

Por otra parte, ha trascendido que otras propiedades confiscadas están siendo ofrecidas en venta por terceros a través de plataformas digitales, como recientemente lo denunció el fotoperiodista Oswaldo Rivas, cuya propiedad que le fue arrebatada por el régimen, estaba siendo vendida en 255 mil dólares. Rivas se vio forzado al exilio debido a la persecución del régimen.