Estudio advierte efectos de minería en territorios indígenas y áreas protegidas
- 10 Ago 2026
- 3:24 p.m.
La inseguridad territorial, la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la profundización de la mercantilización de las riquezas naturales, son parte de los efectos negativos de la expansión minera bajo el modelo neo extractivista puesto en marcha en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las anteriores son parte de las conclusiones a las que llega el informe titulado “Lo que se necesita saber para entender la dinámica (neo-) extractivista del oro en Nicaragua”, elaborado por la investigadora Carmen Corea Sánchez de Investigación Urgente, como producto de una alianza con la organización Wangki.
El informe, concluido a mediados de julio, señala que en Nicaragua existen 213 concesiones mineras vigentes, las que abarcan más de 2.4 millones de hectáreas, equivalentes al 20.4% del territorio nacional, un área superior a la extensión territorial de El Salvador. También indica que las 213 concesiones han sido otorgadas en un periodo de 30 años (desde junio de 1994 al 15 de julio de 2026).
Pero lo más alarmante es que más del 50 % de esas concesiones han sido otorgadas en los últimos tres años y medio (entre 2022 y lo que va de 2026) y en su mayoría a empresas de capital chino.
El documento indica que “22 empresas chinas tienen bajo su control 84 concesiones mineras con una superficie agregada superior a 1.2 millones de hectáreas, correspondiente al 10.8% de la superficie del espacio terrestre de Nicaragua”.
Asimismo refiere que a China le sigue Canadá como el segundo país de origen de las empresas titulares con más de 735 mil hectáreas dedicadas a la exploración y explotación minera en 54 concesiones que representan el 30.37% del territorio concesionado en el país a la minería metálica.
Además resalta que si bien las empresas chinas concentran más de la mitad de la superficie concesionada, el sector se sostiene mediante una red más amplia de capitales, a los que se suman colombianos, británicos, estadounidenses y nicaragüenses, todos “vinculados a un marco legal flexibilizado, centralizado y ambientalmente regresivo”.
Concesiones sin escrúpulos en territorios indígenas y áreas protegidas
El estudio señala que la expansión minera avanza sobre territorios ambiental y socialmente sensibles y advierte que: “El análisis geoespacial documenta concesiones dentro de áreas protegidas, concesiones próximas a zonas de alto valor ecológico y traslapes significativos con territorios indígenas y afrodescendientes titulados del Caribe.”
Pero la gravedad del asunto cobra mayor relevancia cuando los hallazgos del estudio revelan que la minería ya no presiona únicamente los bordes de áreas protegidas o territorios comunales, “en varios casos compromete porciones sustantivas de espacios legalmente destinados a conservación o reconocidos como inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
Lo anterior, según el informe, revela una contradicción profunda entre los discursos oficiales de “desarrollo sostenible” y la materialidad territorial del modelo extractivo.
Sin consulta previa, libre e informada, se avasallan los derechos colectivos
El estudio afirma que el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada “ha sido vaciado de contenido sustantivo” y señala que los títulos de concesión suelen registrar algún tipo de “consulta” o “aval”, pero esta aparece canalizada a través de Consejos Municipales, Consejos Regionales o, más recientemente, la Procuraduría para las Municipalidades.
De igual forma señala que en un contexto de control político local y regional, de cancelación de fuerzas políticas indígenas, concentración de poder y represión, dichos avales no pueden asumirse como expresión autónoma de consentimiento comunitario.
“La consulta queda reducida a un requisito administrativo que permite presentar las concesiones como formalmente validadas, mientras desplaza la participación efectiva de comunidades, asambleas territoriales, autoridades tradicionales y pueblos potencialmente afectados” advierte.
Señala además que el proceso de la autorización de concesiones “se desplaza desde un esquema formalmente evaluativo hacia un circuito de autorización rápida, opaco y políticamente controlado”.
El estudio ubica la minería artesanal como el antecedente al auge concesional y resalta que en el ámbito comunitario esta práctica históricamente ha formado parte de las estrategias de subsistencia en algunos territorios.
En ese sentido indica que con la llegada de empresas concesionarias, la presencia de colonos, la captura empresarial de circuitos de compra de oro y la ausencia de consulta, la minería artesanal se convierte en una actividad económica cada vez más controlada desde fuera, lo que, según el estudio, hace concluir que “la disputa no es solo por el mineral, sino por el control del territorio, la valoración del trabajo comunitario, la autonomía económica y la reproducción cultural de los pueblos”.
El extractivismo como forma de legalizar el despojo
El informe concluye que el extractivismo minero en Nicaragua se traduce en una forma contemporánea de despojo legalizado y agrega que “su expansión combina mercados internacionales del oro, incentivos empresariales, geopolítica, autoritarismo, flexibilización ambiental, opacidad institucional y debilitamiento de derechos colectivos”.
En ese sentido advierte que cualquier respuesta debe surgir del protagonismo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a través del fortalecimiento de la producción de información verificable y territorialmente situada, la demanda de la trazabilidad del oro nicaragüense, la profundización de investigaciones sobre beneficiarios finales e intermediarios, y la promoción de acciones de incidencia capaces de conectar el consumo global de oro con sus impactos territoriales.
“La defensa del territorio, la naturaleza y la autodeterminación indígena no es un asunto sectorial: constituye una condición mínima para enfrentar la profundización del modelo neoextractivista autoritario en Nicaragua” puntualiza el informe en sus conclusiones.