Nuestros derechos valen aquí y en la Conchinchina

Por Julio López

La ciudadanía de las comunidades de Obrajuelo, Campamento y Los Pochotes en el municipio de San Jorge, a escasos metros de la costa del Lago Cocibolca, se siente intimidada, atemorizada y con incertidumbre por las constantes incursiones en sus parcelas de policías y militares, quienes resguardan a los chinos y a otros funcionarios de gobierno que han llegado a medir sus terrenos, solicitarles número de cédula, planos de las propiedades y les han dicho que tienen que abandonar la comunidad porque por ahí pasará el Canal Interoceánico.

Las y los comunitarios son gente sencilla, que ha vivido por años en sus tierras y se resisten a abandonar sus parcelas.  Ayer se reunieron  -en un callejón de tierra, entre una nube de chayules- para organizarse y defenderlas.  

"El Ejército vino como si fuésemos narcotraficantes y delincuentes. En mi casa midieron, me dijeron que firmara, yo no firmé. Ese chino no se va a meter a mi casa, porque nosotros no los hemos invadido a ellos. A muchas personas las agarraron movidas, les hicieron firmar algo que no podían. Vamos a seguir reclamando nuestros derechos porque nuestros derechos valen aquí y en la Conchinchina, donde vive el señor Wang  Jin. Si el gobierno no nos da una respuesta conforme, de aquí vamos a salir muertos", aseguró José Jesús Vanegas, líder de la comunidad.

Lucía Cortés, otra de las afectadas, es propietaria de un bar-restaurante ubicado en el kilómetro 117, carretera al municipio de La Virgen, frente al Parque Eólico Amayo que produce alrededor de  40 megavatios de energía. “Nos están pidiendo los planos de nuestras casas, porque por ahí va a pasar el Canal. Yo les dije que no estábamos de acuerdo, porque el plano es de nosotros y es una herencia de cien años y no nadie tiene que venirnos a expropiar, porque de hecho  el Canal no va, lo que vienen son las confiscaciones y ese es el miedo que tenemos”, expresó.

Según Lucía, su propiedad está valorada en 130 mil dólares y hará lo que esté a su alcance para defenderla “Nos sentimos intimidados. Es más, yo les dije a ellos, yo tengo mi rifle, voy a pelear y no va será fácil que me quiten las tierras. Me señalaron, que también el Ejército estaba con ellos y que ellos andaban sus rifles”, añadió.

Por su parte, Jerónimo Gutiérrez, también afectado, aseguró que “quieren pagar a precio de catastro y nadie está conforme. Aquí es un lugar carísimo, aquí no está la gente sólo por estar, aquí hay valor. Fueron de casa en casa a medir; pero sólo medían el tuquito de la casa, si no me van a dar las tres manzanas que tengo de tierra, ahí va a ser el problema porque la gente se va a levantar. Si ponemos las tres manzanas, hay un promedio de 160 mil dólares. Lo que no nos gusta es que dicen ellos,  lo agarran o no lo  agarran. Saber adónde nos va a mandar, no es adonde nosotros queramos, es adonde ellos quieran. Nosotros lo que peleamos son la posiciones y el lugar donde estamos, donde pertenecemos. Usted sabe que moverse de un lado a otro no es sólo agarrar esta maleta, me voy y ya”.

Otras personas, están más preocupadas porque ya firmaron papeles sin saber su contenido. Elizabeth del Carmen García, es una de ellas. Pensó que era un censo, luego escuchó a otras personas decir que no firmaran “Yo me sentí bien mal. Dios mío mi lindo, dije yo, mi firma. Ni supe a qué horas se las di. No lo leí, eso es un engaño que andan haciendo porque andan agarrando a la gente de pronto, como con presión, porque andan policías, andan militares y andan otro poco de gente ahí y te dicen que no vas a perder, que ellos van a pagar lo que vale. Yo no estoy de acuerdo en salir de mi lugar, aunque yo ya haya firmado”.  

María del Carmen Junes, también firmó el documento. Mientras conversábamos, noté sus ojos lagrimosos. “Una mujer que andaba ahí, me pidió la firma a mí. Yo firmé. No leí, por lo mismo, que no miro, no determiné nada, como ni lentes tengo, porque sólo mantengo alto el azúcar, no me han podido tomar medida”.

María del Carmen cuenta que ha vivido en su casa desde hace veintinueve años. Con esfuerzo ha hecho mejoras a su casa: cinco cuartos, sala, cocina y garaje, además de un espacio para su pulpería. Asegura que desde que llegaron los chinos se acabó la paz y la felicidad en la comunidad de Obrajuelo.

Rodrigo Montiel, quien tiene más de cincuenta años de vivir en Obrajuelo, aseguró que el gobierno de Nicaragua les está tratando como si fuesen basura. “Han andado midiendo, andan cuatro policías con ellos, como que si fuéramos maleantes, guerrilleros o una cosa mala. Nosotros no queremos irnos de aquí, para nosotros es bonito vivir aquí a la orilla de la playa. No sé cómo este gobierno dice que es bueno, porque al desalojar al nicaragüense y darle protección a un extranjero, no veo que sea bueno”.

Según la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas (No 840), las indemnizaciones por las propiedades expropiadas se harán al precio de Catastro y no al precio de mercado. Esto es una pérdida total, asegura Rafael Hernández, abogado de la Fundación de Desarrollo Municipal de Rivas (FUNDEMUR). “Catastro, para conveniencia del Estado,  va a valorar las propiedades de estos señores, lo más mínimo posible. Pero, si fuera para cobrar impuestos, ahí si las valoraran alto.  Agregó que  “se maneja que las han valorado en  200 córdobas por metro cuadrado. Es algo bochornoso para la población, cuando ya los miran, ya están adentro de sus propiedades pidiéndoles copia de la escritura, copia del plano. Lo primero que hubieran hecho es un anuncio, una publicidad, miren vamos a visitarles, viene una comitiva para que estén reunidos y no andar invadiendo la propiedad privada, de propiedad en propiedad”.

La jurista, Azahalea Solís, aseguró que existe una enorme agresión y una violencia del Estado de Nicaragua contra estas personas. "No les han dicho cómo les van a pagar ni nada de eso. Sabemos que en la Ley, ellos aprobaron que sea de acuerdo al precio de Catastro y también dice que cuando son terrenos del Estado, no se paga nada.  La gente está muy preocupada porque han construido en algunos terrenos municipales. Realmente es atroz lo que se está haciendo con estas personas".

Más que expropiación es un robo, añadió Solís. “Decir que son expropiadas es un eufemismo, lo que están haciendo son confiscaciones; pero no sólo les están confiscando sus propiedades, les están confiscando la vida”.