¡Urge libertad incondicional!

El régimen Ortega-Murillo, que dice gobernar Nicaragua, continúa violando los derechos humanos. Hablemos particularmente de las personas secuestradas, cuyos derechos han sido violentados por afines o subalternos de Ortega, -paramilitares o policías-. Hombres y mujeres líderes sociales o parte de la ciudadanía, transformadas en presas y presos políticos luego de detenciones ilegales y secuestros.

La represión, la cárcel y la tortura han sido la tónica para quienes discrepan de sus ideas, argumentos o acciones. Son sus principales víctimas; y han sido usadas como instrumentos de cambio, para tratar de alcanzar sus fines, no logrando sus propósitos.

El régimen se ha visto obligado por la presión popular, nacional e internacional, a excarcelar a más de 300 presas y presos políticos. A finales de febrero de 2019 el descontento social manifestado en las calles y la presión le obligó a sacar, como se dice popularmente en Nicaragua, al primer grupo de cien presos políticos, de unos 800 que registraba en esa fecha el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hablaba de 325 personas asesinadas.

No se informó quiénes eran las personas que volverían a sus familias. Muchas personas amanecieron literalmente en la entrada de la Cárcel Modelo o de la Cárcel de Mujeres “La Esperanza. Había mucha confusión entre las familias, entre la ciudadanía e incluso, entre el periodismo independiente. Hubo a quienes no se les entregó ni papelito ni papelote, simplemente les fueron a dejar a sus casas. A otros, la mayoría, les dieron un papel con casa por cárcel, con obligación de presentarse a las instalaciones del Sistema Judicial.

Como era de esperarse, ningún líder social como Medardo Mairena o Amaya Coopens, ningún periodista como Miguel Mora o Lucía Pineda o Edwin Carcache, salieron del injusto encarcelamiento.

Menos de un mes después, 50 ciudadanas y ciudadanos fueron excarcelados, en día anterior a una marcha en pro de la liberación de presas y presos políticos. El Ministerio de Gobernación expresó en un comunicado que quedaban en libertad condicional con "el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares"; y que estaban detenidas "por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública".

El 16 de abril de 2019 el régimen excarceló a 13 presos políticos, incluyendo a un menor. Todos pasarían a convivencia familiar, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos; y quienes, luego de haber estado secuestrados por participar en las protestas contra Ortega, fueron clasificados como "presos comunes", lo cual se convierte en un riesgo para los excarcelados.

En la mesa de negociación, el régimen anunció una nueva “liberación” de presas y presos políticos en un plazo de 90 días a partir del 20 de marzo, pero aún no se ha liberado a ninguna presa ni preso político. Solamente unas 336 personas han sido enviadas a sus casas bajo el régimen de convivencia familiar.

A través del Ministerio de Gobernación, se avisó el 20 de mayo de 2019, que a cien personas “detenidas” por delitos contra la seguridad común y la tranquilidad, se les otorgaría casa por cárcel u otras medidas.

No importa de dónde provengan, aunque muchos fueron capturados violentamente, de Chinandega, Jinotega, Bluefields, León, Matagalpa, Estelí, Diriamba, Jinotepe, Chichigalpa, Somoto, Ocotal, Managua, Nueva Guinea, Isla de Ometepe. Rivas, Tipitapa, Ticuantepe, entre otros. Todos y todas tienen derechos humanos. No obstante han sido acusadas de delitos que a todas luces son ilógicos.

De abril de 2018 a la fecha, casi 800 personas han sido apresadas y torturadas por el derecho de ejercer su libertad de expresión y de movilización. Ninguna ha retornado a su casa en completa libertad ni con su récord limpio. No basta un cambio de régimen carcelario. No se ha excarcelado a la totalidad de presas y presos políticos. Urge libertad incondicional.