Alcaldías volverán a mendigar

La reforma a la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, obligaría a las y los alcaldes a andar de pedigüeños (mendigos) ante las instituciones del Estado, como lo hacían hace diez años, dijo el municipalista Silvio Prado, durante su comparecencia en el programa Onda Local. “Es un retorno a la situación que teníamos antes del 2003 cuando se condicionaba políticamente la asignación de fondos a las alcaldías”.

La propuesta de reforma, presentada al Parlamento nicaragüense el pasado siete de octubre, por el encargado de Políticas Públicas de la Presidencia, faculta a la Comisión de Transferencias que asigne las transferencias municipales a partir de 2014. Además, la Comisión podrá definir los porcentajes que destinarán a los municipios para gastos corrientes y gastos de inversión.

La referida Comisión de Transferencias ha estado conformada por representantes del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC, Asociación de Municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, AMURACCAN, Instituto Nacional de Inversión Pública y la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional; y como observadores la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda.

No obstante, a juicio del municipalista Gilberto Lindo, se le estaría dejando la tarea de asignar los porcentajes de transferencia, con discrecionalidad, a una instancia inoperante que ni siquiera se reúne. Prado coincide con Gilberto Lindo. “La reforma destruirá uno de los candados más importantes de la Ley, ya que eliminará la forma de cómo se gastan las transferencias, es decir lo que se asigna a gastos corrientes y gastos de inversión. Le quitará los colmillos, le quitará la fuerza jurídica, nos trasladaría al terreno de la discrecionalidad política de los funcionarios de turno. Vuelve a la Ley un tigre de paja, un tigre de papel…”.

El municipio de Managua recibe actualmente el 2.5% de las transferencias municipales. Esta asignación desaparecerá si se aprueba la reforma, y crearía una desventaja para el resto de municipios ya que Managua se quedaría con un poco más de mil millones de córdobas por año. “Se estaría llevando un cuarto de los recursos; los municipios pequeños verán disminuidos los recursos que se les asignan actualmente”, destacó Gilberto Lindo.

El municipio capitalino es el único municipio categoría A. De acuerdo a la ley vigente, debe asignar el 90 por ciento de las transferencias a inversión y el 10 por ciento a gastos corrientes. Mientras los municipios categorías B, C y D gastan 80 por ciento en inversión y 20 por cientos en gastos corrientes. A su vez, en los municipios E y F, la relación es 70 - 30 en cuanto a inversión y gastos corrientes y los municipios G y H 6 es de 0 – 40. Tales clasificaciones se han correspondido a sus ingresos y al porcentaje de población que habita en los municipios.

Transferencias amarradas

En octubre de 2012, la vocera gubernamental Rosario Murillo, anunció que la Presidencia había acordado con la Comisión de Asuntos Municipales del mismo partido de gobierno, la designación de las transferencias municipales, más allá de lo establecido en la Ley de Transferencias. “Acordamos una propuesta para la distribución de las transferencias municipales para el 2013… Vamos a dedicar de manera obligatoria 5 por ciento para salud, 5 por ciento para educación, 5 por ciento para medio ambiente y 7 por ciento para agua y saneamiento… El resto, va de acuerdo a lo que estipula la Ley”, dijo en esa ocasión la vocera gubernamental.

En la propuesta presentada al Parlamento, pareciera haberse copiado íntegramente el acuerdo partidario. Esto, de acuerdo a Gilberto Lindo, atenta contra el libre uso de las transferencias y obligaría a los municipios a sumir responsabilidades que no son de su competencia directa. Para Silvio Prado, lo que se está logrando es lo que Bolaños no pudo hacer, como neutralizar las transferencias fiscales. Es decir, le está trasladando competencias financieras a los municipios sin haberles transferido las funciones. “No pueden asumir competencias en salud, educación, en agua y saneamiento que no les hayan sido transferidas y menos aún tomarlas de su presupuesto. El gobierno está renunciando a prestar estos servicios y quiere imponérselos a los municipios”, señaló Prado. 

Ambos municipalista coinciden en que la reforma propuesta no se sustenta en ningún estudio para valorar el impacto de la distribución de las transferencias, debilitaría aún más la descentralización y la autonomía financiera y política de los municipios.