Y ¿qué independencia celebramos?

Han pasado 205 años desde la Independencia de Nicaragua y de las hermanas repúblicas de Centroamérica. Los colegios de primaria y secundaria son las principales instituciones que transmiten los símbolos y las canciones que la representan; el momento culmen de esa construcción social y política son los desfiles patrios que junta a las familias y a instituciones del Estado en un evento lleno de desfile patrio cada 15 de septiembre. A veces en algunas aulas de colegio hay también un poco de debate sobre el concepto y el sentido histórico y futuro de
la independencia.

También las instituciones militares y policiales se encuentran entre las principales reproductoras de esos símbolos y se supone que son las instancias que resguardan su seguridad. De manera que la construcción de la narrativa y el simbolismo de la independencia se hace con herencias de estructuras y figuras que remiten al control que desde las élites se ejercía sobre la población previo a la independencia.

De trasfondo, hay una idea de país que se reproduce, que busca su unidad, y que está organizada para favorecer el status quo tanto del poder económico y del poder político como del poder simbólico. En Nicaragua estas tres expresiones de poder se concentran en los mismos actores: en la dirigencia política del país.

Hay algunas preguntas que vale la pena hacerse. ¿Qué es la independencia? ¿De quién se independizó Nicaragua? Si un país lo componen cada uno de sus habitantes, ¿qué sentido tiene para cada uno de ellos y ellas vivir en un país independiente? ¿Qué sentido tiene la independencia en el año 2026, 205 años después de que ese hecho histórico ocurriera? ¿Nos vemos todos los nicaragüenses siendo parte de esa construcción social, política y cultural que es la independencia?

En la Muskitia o Costa Caribe de Nicaragua, hay un cuestionamiento genuino al sentido, a los símbolos y a la finalidad de este día. Hay hechos históricos que sostienen tal cuestionamiento. En primer lugar, entre la independencia de Nicaragua (1821) y la anexión forzosa de la Muskitia (1894) hay 73 años de diferencia. La Independencia de Nicaragua ocurrió cuando la Muskitia no era parte de ella. Y la anexión, llevada a cabo por José Santos Zelaya, fue forzosa, fue violatoria de los compromisos del Estado de Nicaragua con el Tratado de Managua (1860), en el que se comprometía a respetar el derecho a la autodeterminación de la Muskitia.

En segundo lugar, la anexión forzosa dio lugar al inicio de la economía de enclave.

Empresas estadounidenses iniciaron la explotación de madera (madera preciosa de caoba y cedro, así como pino y muchísimo caucho), oro (en este periodo inició la explotación en el triángulo minero, era tan próspera que al lugar se le llamó “Bonanza”), bananero (las empresas fueron la Standard Fruit Company y la United Fruit Company, cuya heredera, Chiquita Brand, sigue sembrando banano en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá o Ecuador, y los vende en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea principalmente); y la explotación pesquera, que comenzó años más tarde.

El control de las empresas extranjeras era casi absoluto. Los habitantes de la Musktia, a quienes después de la anexión forzosa se le negaron sus derechos a su identidad, a su territorio, a su autonomía política y económica, eran trabajadores de estas empresas. Quienes hablaban inglés, la mayoría afrodescendientes, y que mostraban ciertas capacidades de gestión o ciertos niveles de estudio, podían ser contratados como administradores de nivel medio o bajo.

En este contexto, ¿qué independencia podían celebrar en ese periodo los hijos e hijas de la Muskitia? Si el país que los anexó forzosamente cedió sus recursos a capitales extranjeros. Quedó claro que uno de los objetivos fundamentales de la anexión eran el saqueo en beneficio de empresas extranjeras, y el control político desde Managua. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, sino continuidad de un mismo proceso político.

Y, aunque a finales de la revolución popular sandinista, en el marco de la pacificación del país, se reconoció la existencia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la clase política de Nicaragua nunca reconoció en la práctica, en la distribución del poder político, lo que legalmente se reconoció: el derecho al autogobierno, el derecho a decir por sí mismo que tienen los pueblos originarios de la Muskitia.

Es por ello que incluso entre 1990 y 2006, el Estado de Nicaragua intentó negar los derechos políticos de la población miskitu. La evidencia de este hecho histórico es la sentencia de Yatama vs Nicaragua emitida por la CIDH después que el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, negara el derecho de participación política y reprimiera a manifestantes miskitu en la ciudad de Bilwi. También en el gobierno de Arnoldo Alemán se propuso una figura de comanejo de las áreas protegidas entre el Estado y las comunidades, lo que cercenaba en la práctica múltiples derechos de las comunidades en esos territorios. Incluso el presupuesto de los gobiernos regionales y las alcaldías fue y sigue siendo utilizado como una herramienta política de control y sumisión.

Pero, lo peor no había comenzado. Desde inicio de la década del 2010, muchas comunidades, a través de sus autoridades tradicionales, y también organizaciones de derechos humanos, muchas hoy canceladas y con sus miembros en exilio forzado, denunciaron a nivel nacional e internacional el avance ilegal y violento de las invasiones de territorio. El Estado ha hecho caso omiso de dichas denuncias.

Entre el 2010 y el 2018 todavía se recibían las denuncias o a los denunciantes en instancias como la fiscalía, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), el Gobierno Regional o la Procuraduría General de la República.

Las autoridades de dichas instituciones les decían a las comunidades lo que querían escuchar. Que irían a evaluar el conflicto. Qué habría saneamiento. A la vez también ponían trabas como: no tenemos suficientes recursos, debemos esperar un poco para responderles; no tenemos la autorización debida todavía ni el acompañamiento del Ejército de Nicaragua. Eran tácticas dilatorias mientras el problema se agravaba, hasta un punto de no retorno desde la visión de los colonos y del Estado de Nicaragua.

Si entre el 2014 y el 2020, el Estado de Nicaragua hubiese juzgado a quienes iniciaban a ceder tierras a través de mecanismos ilegales, el problema de ventas falsas de tierra o de arrendamientos sin garantías no habría crecido tanto. No hubo investigación porque quienes han promovido las ventas de tierras, son simpatizantes del gobierno, respaldado y puestos como autoridades comunales o territoriales, por el mismo gobierno, para promover la agenda de colonización y saqueo. Son el eslabón más bajo de la cadena de mando que hace posible las
invasiones.

En septiembre de 2015, miles de familias en el municipio de Waspam se opusieron a salir a marchar, en solidaridad con las comunidades Tasba Raya que estaban siendo asediadas y atacadas por colonos. El Ministerio de Educación exigió a los padres de familia que enviaran a sus hijos a la marcha. Cuando la población salió a marchar en protesta, el gobierno organizó una contramarcha, en la que hubo ataques, que incluyó disparos. E hirieron de bala al excombatiente Muskitu, el señor Mario Lemán, quien murió días después en el Hospital Lenin Fonseca en Managua, una muerte que sigue en la impunidad, igual que los delitos cometidos contra las comunidades y sus territorios.

Desde el 2019, la situación se ha agravado. La colonización y el despojo se ha vuelto masivo. Miles de familia han abandonado sus territorios, para preservar sus vidas de la inseguridad y la violencia de los colonos. Hay mucha gente en las cabeceras municipales o en el extranjero en condiciones de vida muy precarias y expuestos a múltiples vulnerabilidades y violencias. La raíz de este problema es la política de saqueo, de colonización y de exterminio, de un país que nos anexó por la fuerza y que nunca ha considerado genuinamente respetar los derechos ni la historia de los descendientes de los pobladores ancestrales, anteriores a Nicaragua, de los territorios de la Muskitia. Muchísimos hechos más evidencian y sustentan el desprecio con el que el Estado de Nicaragua trata a las hijas e hijas de la Muskitia. Cada uno podrá hacer un recuento de lo que recuerde o de lo que puede indagar al respecto.

Por tanto, en la Muskitia no hay independencia qué celebrar, porque no hay libertad ni paz para vivir los pueblos originarios de esa parte del país.

La verdadera independencia llegará cuando haya saneamiento, cuando desde las asambleas, las comunidades tomen el control de las decisiones y de lo que pasa en sus comunidades, cuando quienes son responsable de la violencia que viven los territorios rindan cuentas, cuando quienes se han visto obligados a salir de sus comunidades puedan regresar en condiciones seguras y a vivir en sus territorios.

Cuando el Estado reconozca y repare con garantías de no repetición la destrucción del patrimonio cultural y natural de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Solo entonces las comunidades podrán celebrar, no el día de la independencia, pero sí el día de su Autodeterminación.