Las libertades de expresión y de prensa, derechos fundamentales consagrados en tratados, convenios e instrumentos internacionales y en la Constitución, están mancilladas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

A lo largo de 2023, “la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes” en Nicaragua, plasmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual presentado en abril de 2024. 

“Los distintos mecanismos de control y censura desplegados por el Gobierno han contribuido al cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, y han socavado las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión” advierte la CIDH en el informe.

Las denuncias no cesan: organizaciones hacen eco de los abusos

Igual que la CIDH, otras organizaciones nacionales, regionales y globales, han sistematizado y documentando la censura y los ataques a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua a manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización internacional defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, en su informe mundial anual correspondiente a 2023, hecho público a inicios de 2024, destaca entre los principales abusos cometidos por la dictadura, los ataques contra la libertad de expresión y de asociación: “Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea (…) detenciones y procesos penales arbitrarios y privación de la nacionalidad”. 

En tanto Freedom House, en su informe global de 2023, en lo que respecta a la libertad de prensa en Nicaragua, antes de referirse a las incidencias del 2023, hace un recuento de los medios clausurados entre 2018 y 2022 (57 medios de comunicación) y de las personas periodistas exiliadas en el mismo periodo (185), “Los ataques del gobierno contra la libertad de prensa continuaron en 2023”, alerta el informe.

En lo que respecta a 2023, la organización global hace mención en particular al caso de tres periodistas nicaragüenses que se vieron afectados por la represión gubernamental: “En mayo, la policía detuvo a la periodista Hazel Zamora del Canal 10 de televisión, acusándola de divulgar “noticias falsas”. Ese mismo mes, las autoridades acusaron a Víctor Ticay del Canal 10 por traición y difusión de “noticias falsas”. El tercer caso al que se refiere Freedom House es al del periodista Marcos Medina, quien luego de hacer un viaje al exterior, fue impedido de regresar a Nicaragua.

Cabe resaltar que Zamora fue detenida el 5 de mayo de 2023, mientras viajaba en un bus junto a sus dos hijos menores de edad y fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial, de donde fue liberada horas más tarde con la condición de que debía presentarse a firmar diariamente. Ella, finalmente, optó por el exilio. 

En el caso de Ticay, este fue acusado de “menoscabar la integridad nacional” y “difundir noticias falsas” por lo que un juez lo condenó, en agosto de ese mismo año, a 8 años de prisión. Posteriormente, el 5 de septiembre pasado, luego de permanecer por más de un año en la cárcel, fue desterrado hacia Guatemala junto a 134 personas más. Días después, le fue cancelada la nacionalidad nicaragüense. 

Freedom House también resalta que entre abril y junio de 2023, al menos 23 periodistas más se vieron obligados a abandonar el país debido al asedio, las amenazas y la persecución del régimen.

Voces del Sur, junto a la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), son parte de las organizaciones que mantienen su ojo sobre la situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Estas, de manera conjunta dan seguimiento al tema y emiten un informe trimestral en el que registran las principales incidencias en base a entrevistas, denuncias y testimonios de las víctimas.

Periodistas sufren efectos de la represión dentro y fuera de Nicaragua

En el informe publicado por FLED y Voces del Sur, el 10 de julio pasado, se destacan los principales problemas que afectan al periodismo nicaragüense tanto dentro como fuera del país. El primero son los retos que enfrentan las personas comunicadoras, destacando entre estos la dificultad de acceder a oportunidades laborales dentro de su campo o especialidad.

“Gran parte de los hombres y mujeres de prensa han tenido que recurrir a otros oficios para poder cubrir sus gastos y los de su familia. Esto ha provocado que en muchos casos haya desmotivación y falta de tiempo para continuar en la profesión y sostener relaciones con su gremio” advierte el informe.

Otro gran desafío está dado por la condición de migrante, pues al verse forzados a abandonar el país, las oportunidades laborales se tornan más escasas. “Varios periodistas que tuvieron que salir del país sin sus documentos tienen dificultades para regularizar su situación migratoria y comprobar sus estudios, lo que los ubica en desventaja para acceder a mejores oportunidades laborales y académicas”, indica FLED y Voces del Sur.

El informe destaca también las dificultades para acceder a fuentes de información, así como las afectaciones a la salud mental y preocupación por la seguridad que agobia a las personas periodistas y comunicadoras.

Familiares también son amenazados

En el último informe trimestral de 2023 (octubre a diciembre), FLED, destaca otro patrón de represión del régimen. El asedio contra familiares de periodistas que ahora están en el exilio. “Hemos registrado denuncias de periodistas exiliados, quienes indican que sus familiares que se encuentran en Nicaragua, en varias oportunidades han sido víctimas de asedio e intimidación por oficiales de Policía que llegan y les preguntan por él o la familiar periodista, a sabiendas que ya han hecho público su exilio”, narra el informe.

El Grupo de Expertos de la ONU también hizo alusión a este patrón represivo en su informe presentado a inicios de septiembre de este año.

“En la actualidad, familiares de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, siguen siendo victimizadas únicamente por sus lazos familiares. Un aspecto muy grave de este patrón es la afectación de al menos un centenar de niñas y niños”, refiere el GHREN.

53% del territorio nacional sin ejercicio del periodismo independiente

Tras la censura, el cierre y confiscación de medios, la clausura de espacios radiales y televisivos, en 9 de los 16 departamentos y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe del país ya no se ejerce el periodismo de forma independiente. Así lo refleja el más reciente informe de FLED, correspondiente al periodo de julio a septiembre 2024, publicado el pasado 7 de octubre.

Carazo, Chontales, Granada, León, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, la RACCS y la RACCN, son los territorios donde las voces informativas han sido silenciadas o por temor han optado por la autocensura.

En un informe anterior FLED destacaba que “en algunos departamentos del país, las emisoras que transmitían algún tipo de contenido informativo se vieron obligadas a cancelar contratos de espacios noticiosos; y los que aún quedan, han alineado totalmente su contenido a la agenda político-partidaria del gobierno. Algunas radios, en el interior del país, despidieron a los pocos periodistas de trayectoria que quedaban y en su lugar contrataron a jóvenes para que moderen espacios de entretenimiento”.

Por su parte el Observatorio de PCIN, en su último informe advierte que “la continuidad de las agresiones muestra que el régimen Ortega-Murillo aspira a que no existan periodistas ni periodismo independiente al interior del país”.

Periodistas oficialistas no escapan de la vigilancia del régimen

El informe emitido por FLED en julio pasado destaca una nueva señal de alarma que se suma a la escalada represiva del régimen contra la libertad de prensa, y esta afecta a los propios periodistas que colaboran con los medios oficialistas o progubernamentales en los diferentes departamentos. De acuerdo con FLED a estos “se les ha prohibido cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas, y se les ha amenazado hasta de encarcelarlos si violentan esta disposición”.

El informe destaca el testimonio de un periodista de un medio gubernamental quien reveló a FLED que se les ha prohibido recibir llamadas telefónicas en los programas, para evitar que la ciudadanía exprese sus opiniones e inquietudes sobre cualquier temática; “ahora la modalidad es enviar audios, los que son evaluados previamente” relató el comunicador según la fundación.

Asimismo, resalta que el temor invade a los mismos comunicadores del régimen, pues estos también son “visitados” por la policía cuando pende sobre ellos alguna sospecha. “Uno no sabe, en cualquier momento una patrulla llega a tu casa, te saca o te agarra en las calles y uno no sabe por qué”, expresó a FLED otro comunicador oficialista que fue visitado por la policía.

Sobre el mismo tema, PCIN manifiesta en su último informe que su Observatorio “ha conocido de una agresión sufrida por un trabajador de medios afines al régimen Ortega-Murillo”, en referencia al periodista deportivo Fernando Rayo, quien trabajaba en el progubernamental Canal 8. “Él y su cuadro familiar más cercano, fueron detenidos a mediados de julio 2024”, dice el informe de PCIN. 

Detenciones exprés, otra modalidad represiva

En un informe presentado el 27 de agosto pasado, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal, por un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, se destaca, entre otras cosas, otro patrón represivo recurrente: las detenciones exprés, consistentes en detener a periodistas y personas percibidas como opositoras, para luego de interrogatorios y amenazas, liberarlas bajo condicionamientos.

El informe citado refiere que “El 3 de mayo de 2023, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa (…), varios periodistas y otro grupo de personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de detención arbitraria y trasladados hacia la Dirección de Auxilio Judicial”. El documento destaca particularmente los casos de los periodistas William Aragón, Hazel Zamora y Brisa Bucardo, quienes fueron apresados y posteriormente liberados bajo la condición de que firmen diariamente un libro de asistencia en el Juzgado o la delegación policial que les corresponda. “Sin embargo, los tres salieron al exilio” asegura el informe.

Las organizaciones suscriptoras del documento también hacen una serie de denuncias relativas a los abusos contra la libertad de expresión y de prensa, resaltando la censura y otros métodos represivos. “La libertad de prensa se ha visto acorralada a través del cierre de los medios de comunicación, la confiscación de las propiedades donde funcionaban y el silenciamiento de la práctica periodística independiente” advierten.

Asimismo, hacen referencia a la aprobación de leyes “que han permitido coartar el espacio cívico y la libertad de expresión en el país”.

Las organizaciones firmantes son: Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), PEN Nicaragua en el exilio, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), IFEX- ALC, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Artists at Risk Connection (ARC)-PEN América, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y PEN Internacional.

Desaparición forzada: el caso de Fabiola Tercero

La desaparición forzada sigue siendo otro de los métodos represivos de la dictadura. Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, dado a conocer este 4 de octubre, refiere que, hasta septiembre de 2024, nueve personas permanecían bajo esta condición.

El más reciente caso es el de la periodista Fabiola Tercero, de quien la Policía no ha informado de su paradero, tras un allanamiento en su casa ocurrido el 12 de julio.

Tercero es una periodista reconocida por promover la lectura a través del intercambio de libros y la creación de una plataforma llamada “El rincón de Fabi”. 

El pasado 24 de septiembre, la Coalición Nicaragua Lucha integrada por 26 organizaciones, alertó sobre el retorno intensificado de las desapariciones forzadas y destacó entre otros, el caso de Tercero. PCIN ha demandado a las “autoridades” de Nicaragua que proporcione información sobre la situación de Fabiola.  

La Coalición recordó que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, además de ser un método de terrorismo de Estado utilizado por Ortega y Murillo como instrumento para reprimir a personas opositoras y críticas a su régimen autócrata.

Las otras personas bajo la condición de desaparición forzada, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, son: los líderes indígenas de ascendencia miskita, Brooklyn Rivera y Elizabeth Henríquez, el opositor Jaime Navarrete Blandón, así como Eddie Moisés Gonzáles Valdivia, Gerson Antonio Zeledón Motta, Carmen María Sáenz Martínez, Lesbia Gutiérrez Poveda, Evelin Carolina Matus Hernández, y Domingo Antonio Munguía Carrión.  La mayoría secuestrada por la policía orteguista por ejercer su derecho a la libre expresión. 

Agresiones trascienden fronteras

El odio y la saña de la dictadura contra cualquier voz disidente siguen siendo descomunales y desproporcionados al punto que la represión contra la libertad de expresión y otras libertades fundamentales ha alcanzado a personas opositoras más allá de las fronteras nicaragüenses.

Así lo han denunciado la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos en sus últimos reportes.

El 10 de septiembre pasado, durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), detalló ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las principales acciones represivas transfronterizas ejecutadas por la dictadura Ortega Murillo.

Simon hizo énfasis en que “víctimas fuera del territorio nacional siguen siendo privadas arbitrariamente de sus medios de vida. Se le niega también arbitrariamente la entrada a su país, entre numerosos modos de denegación de una nacionalidad efectiva”.

El observatorio de PCIN también registra casos de represión transfronteriza contra periodistas. La organización gremial advierte en su informe del primer semestre de 2024, que “hubo un incremento de ataques a periodistas y comunicadores en otros países”.

El informe de PCIN refiere que se han detectado agresiones como vigilancia en eventos en países como Costa Rica, agresiones por redes sociales a víctimas en Estados Unidos y acciones como cierre de cuentas de entidades bancarias fuera de Nicaragua. “En todo 2023 se registraron 6, y en los primeros siete meses de 2024 ya suman 16 agresiones transfronterizas, lo que muestra un incremento del 166.6%”. señala el informe.

Periodistas y Youtubers extranjeros en la mira de la dictadura

Los ataques a la libertad de expresión en Nicaragua también salpican a periodistas y creadores de contenido tanto nacionales como extranjeros. Nadie que ose hablar sobre la dictadura de Nicaragua está a salvo de la represión y la censura.

Varias personas Youtubers y bloggers de viajes, han sido impedidos de ingresar al país, generalmente una vez que están en la frontera, son sometidos a interrogatorios y posteriormente se les deniega la entrada.

Verónica Weffer, una youtuber venezolana, relató en redes sociales que luego de ser interrogada por las autoridades migratorias en la frontera de Peñas Blancas, logró ingresar a Nicaragua, pero ese mismo día decidió salir del país. “Por un momento creí que no me dejarían entrar, duré más de dos horas en Migración siendo investigada por el hecho de ser periodista y tener mi canal de YouTube”, posteó Weffer en sus redes sociales el 1 de agosto de 2022.

No obstante, algunos han logrado burlar a las autoridades y una vez en el país, realizan videos en los que describen, además de aspectos culturales y sociales del país, la situación política incluyendo algunos desmanes de la dictadura, sin obviar los ataques contra la libre expresión.

Los casos más emblemáticos son los del periodista mexicano Otoniel Martínez, quien en julio de 2022 ingresó al país haciéndose pasar como turista y logró realizar una serie de reportajes que retrataban la cruda realidad sociopolítica nicaragüense y el del youtuber venezolano Oscar Alejandro Pérez, quien en marzo de este año publicó un video denunciando algunos de los atropellos de la dictadura contra personas opositoras en Nicaragua.  

Durante su visita a Nicaragua, Pérez se hizo acompañar por algunos lugares de Managua y varios municipios del país, por el youtuber nicaragüense Francisco Reyes Rosas.

Seis meses después, Reyes Rosas hizo un viaje por Europa, pero fue impedido por el régimen de retornar a su propio país. El 21 de septiembre pasado el creador de contenido confirmó su destierro.

Ataques a la libertad de prensa y expresión en el primer semestre de 2024

El Observatorio de PCIN documentó un total de 47 agresiones entre enero y julio de 2024, El informe de PCIN refiere que 34 de estas fueron cometidas en contra de periodistas, de los cuales 19 eran hombres y 15 mujeres. De acuerdo con el observatorio, producto de estas agresiones, 20 de 34 periodistas se exiliaron. 

El documento destaca que las principales agresiones continúan siendo las amenazas e intimidación, el uso abusivo por parte del Estado y el uso abusivo de actores no estatales, por lo general, simpatizantes sandinistas.

El informe de PCIN refiere que las otras 13 agresiones fueron contra medios de comunicación, tales agresiones desencadenaron en el cierre de 5 medios de comunicación más, sumando un total de 56 medios clausurados. El informe destaca el cierre de Radio María, perteneciente a la iglesia católica, cuyas transmisiones cesaron el 9 de julio de 2024.

“En estos siete meses también fueron cerrados otros 5 medios por presiones económicas, intimidación y amenazas de simpatizantes del gobierno. Uno más cambió de perfil para poder continuar operando. En este reporte no se incluyen los nombres de estos medios porque sus directivos temen represalias”, explica el informe.

El Observatorio de PCIN destaca en su informe que “a lo largo de 2024 los agentes del Estado de Nicaragua siguen siendo los principales perpetradores de las agresiones sufridas por periodistas, comunicadores y medios de comunicación”. De igual forma refiere que en total, han sido 30 los casos en los que las víctimas han reportado que fue alguien de una entidad estatal quien los agredió. De acuerdo con PCIN, las instituciones represoras son principalmente la Policía Nacional, Migración y Extranjería, y el Poder Judicial. También resalta que simpatizantes del régimen son parte del grupo de agresores. “Estos usualmente agreden junto con la Policía Nacional”, puntualiza el informe.

Burlando la censura

Pese a la férrea represión impuesta por la dictadura para neutralizar toda expresión contraria a su proyecto, que pretende ser dinástico; las voces críticas no callan y continúan denunciando los abusos cometidos por el régimen.

La ciudadanía nicaragüense si bien ha optado en buena medida por bajar la intensidad a la hora de ejercer su derecho a expresarse libremente, no ha renunciado a este derecho, y lo continúa ejerciendo de manera anónima, desde la clandestinidad, con códigos, o a través de otras formas no convencionales. 

Personas defensoras de derechos humanos, líderes religiosos, grupos feministas, líderes indígenas, entre otros grupos sociales, acuerpados bajo estrictas medidas de seguridad, continúan expresando sus ideas y pensamientos, y condenando los abusos de la dictadura.

Periodistas y comunicadores independientes, continúan su labor informativa. Mujeres y hombres de prensa que con pocos recursos y con el riesgo que implica ejercer la profesión bajo una dictadura oprobiosa como la de Ortega y Murillo, continúan burlando la censura.

Las redes sociales constituyen, hoy por hoy, una de las vías por excelencia para ejercer el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de información. El régimen no ha podido despojar al pueblo nicaragüense de estos derechos ineludibles.