Aspirantes a la presidencia de Nicaragua rechazan reforma electoral propuesta por el Orteguismo

Precandidatas y precandidatos a la presidencia de Nicaragua han firmado, este lunes 19 de abril de 2021, un pronunciamiento conjunto, en el cual rechazan las reformas electorales que quiere imponer el régimen de Daniel Ortega. A su vez, demandaron la libertad de las personas privadas de libertad por razones políticas, el retorno seguro de quienes están en el exilio y la restitución de las garantías constitucionales.

Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, George Henríquez, Juan Sebastián Chamorro, Luis Fley, María Eugenia Alonzo, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre firmaron este comunicado. 

“Este 19 de abril, nuestro país cumplió tres años de enfrentar la más grave crisis sociopolítica que en tiempo de paz hemos vivido los nicaragüenses”, recuerda el comunicado.

Agrega que las y los nicaragüenses y la comunidad internacional han venido demandando reformas electorales que garanticen “la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas, así como el restablecimiento de la institucionalidad democrática que permitan resolver la crisis”.

“También continuamos demandando la liberación de todos los presos políticos, se garantice en forma irrestricta la libertad de expresión, movilización y de prensa; la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos; y el retorno seguro y de todas las personas en el exilio y se suspenda el Estado policial”, agrega.

Quienes aspiran a la presidencia de Nicaragua señalan que, en medio de este contexto adverso,  la Asamblea Nacional convocó al nombramiento de Magistrados del Consejo Supremo Electoral y la bancada oficialista ha presentado una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Electoral cuyo contenido evidencia “la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales para dar paso a un marco legal que le supongan ventajas ostensibles en la administración y control partidario del proceso electoral, establecer restricciones legales para limitar la participación a los partidos y candidatos de la oposición, situando al partido de gobierno en una clara ventaja para el desarrollo de su campaña electoral con el objetivo de permanecer en el poder indefinidamente”.

Precandidatas y precandidatos han manifestado su rechazado categórico a estas propuestas y mencionan varias razones, entre estas: La propuesta pretende reformar por la ley electoral, la Constitución Política, estableciendo nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición que se postulan para optar a cargos de elección popular, se pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes, se mantiene el sistema electoral de control bipartidista excluyente en los organismos electorales, se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como el de acompañantes, se mantiene el padrón activo y pasivo para limitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, se faculta atípicamente a la Policía Nacional y no al CSE, para autorizar manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, convirtiendo al presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, en juez y parte de este proceso electoral; se amplía inconstitucionalmente la impugnabilidad de las resoluciones del CSE al extender la facultad del máximo órgano electoral de resolver sobre derechos, deberes y prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y candidatos en materia electoral; Se restringe el derecho a la verificación ciudadana masiva que es fundamental para depurar el Padrón Electoral, No se establecen mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva, Se legaliza la figura del Coordinador de Centro de Votación nombrándolo sin tener ningún criterio técnico-jurídico para su designación y asignación de competencias, se institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política al incorporarse en la legislación electoral leyes que violan la Constitución Política y derechos fundamentales de los nicaragüenses: Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Manifestaron que siguen demandando reformas que reestablezcan la confianza en el Sistema Electoral y garanticen la realización de elecciones libres, justas, competitivas, transparentes y observadas en noviembre de este año 2021. Asimismo, reiteraron su compromiso con una salida cívica, democrática y pacífica a la actual crisis política, social y económica y demandaron al “gobierno” que cumpla con los acuerdos firmados en marzo 2019 y la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre 2020.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emitió un comunicado en el cual considera que la propuesta de reforma de la ley electoral, que está impulsando el régimen, es regresiva y antidemocrática; que de aprobarse tal como está, recortaría más los derechos y libertades. “

“Esta reforma va en sentido contrario a las reformas electorales exigidas por la Organización de los Estados Americanos, por la Unión Europea y una diversidad de organismos internacionales, para que en noviembre se puedan celebrar unas elecciones libres justas y observadas, donde la ciudadanía mediante su voto decida libremente a quien quiere que le represente y a quien apoya para gobernar el país los próximos cinco años”, señala la Alianza.

Agregó que, en el marco de este tercer aniversario del 19 de abril, no quieren una reforma que no garantice una salida de la grave crisis política e institucional que vive Nicaragua, “tampoco queremos una reforma por la cual el gobierno pretenda perpetuarse en el poder, sin importar el costo, a través de unas elecciones amañadas y fraudulentas”, sostiene. 

“La Alianza Cívica seguirá reclamando reformas electorales necesarias para que las elecciones sean unas elecciones libres, donde se respete y garantice la libre competencia, el pleno respeto a los derechos civiles y políticos y la igualdad de oportunidades de las diferentes opciones políticas, donde se garantice la transparencia de todo el proceso electoral con verificación y observación nacional e internacional independiente, donde se respete escrupulosamente el voto de la ciudadanía”, advierte.