Resultados de elecciones nicaragüenses son ilegítimos, según Alto Representante de la Unión Europea

“Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad”, señala Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea.        

Agrega que “Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas”.

El Alto Representante de la UE considera que el gobierno nicaragüense no ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Además, el pueblo nicaragüense se ha visto privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, añade. “Las voces disidentes son silenciadas, decenas de organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas y la represión estatal no cesa”.

Recuerda que, a raíz de las protestas sociales de 2018, el Gobierno nicaragüense ha empleado la violencia contra su propia población, ocasionando muertes, desapariciones forzosas, encarcelamientos, maltratos y exilios en masa y convirtiendo el país en una república del miedo.

“Las elecciones del 7 de noviembre completan la transformación de Nicaragua en un régimen autocrático”, sostiene.

El Alto Representante de la UE manifiesta que las “autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión y restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos. Debe autorizarse el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por encima de todo, la Unión Europea pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra ellos”.