"Elecciones” regionales: La invasión del FSLN en el Caribe nicaragüense
- 03 Mar 2024
- 12:00 a.m.
- Costa Caribe Nicaragua
Este domingo 3 de marzo de 2024 se llevan a cabo las “elecciones” en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua. No se espera ninguna sorpresa con relación a los resultados ya que son controladas por un Consejo Supremo Electoral (CSE), subordinado totalmente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de modo que, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aumentará el control en ambas regiones.
Según el CSE, cerca de 500 mil personas están convocadas para ir a las urnas y “elegir” 45 concejalías propietarias; y por primera vez, a sus respectivas suplencias en cada una de las dos regiones.
El organismo electoral detalló que, en el Caribe Norte, funcionarán 477 Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en 192 Centros de Votación (CV). En tanto, en el Caribe Sur, 268 JRV distribuidas en 117 CV.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo las ha nombrado como “elecciones victoriosas Caribe 2024”. Además de la alianza encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), participan tres partidos políticos colaboracionistas: Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Alianza por la República (APRE) y la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI).
La personería jurídica del histórico partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA) fue cancelada el 3 de octubre de 2023. Por ello, no aparecerá en la boleta electoral y ha llamado a no votar.
En la alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional participan cuatro partidos indígenas: Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Autónomo Liberal (PAL), Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (MYATAMARAN) y Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (MOSKITIA PAWANKA). En tanto, con la alianza PLI participa el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC).
En las “elecciones regionales” de 2019, el CSE le adjudicó 30 concejales al FSLN, 12 a YATAMA y tres al PLC en el Caribe Norte. Mientras que, en el Caribe Sur, le otorgó 33 al FSLN, 10 al PLC y dos a YATAMA.
“Elecciones regionales” empañadas por la violencia hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la sesión 55 del Consejo de Derechos Humanos dijo que, estas votaciones, “se han visto empañadas por una serie de retrocesos en las libertades cívicas y políticas”. Añade que, YATAMA, el principal partido indígena y afrodescendiente, ha sido excluido y sus dos diputados en la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez, están bajo detención arbitraria desde septiembre y octubre” de 2023 respectivamente. “Dado que uno de los diputados ha sido objeto de desaparición forzada y la otra está sometida a incomunicación, sigo sumamente preocupado por su vida y su inseguridad y reitero mi llamamiento para su inmediata liberación”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales en favor de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez y requirió al Estado de Nicaragua para que, de forma inmediata, les deje en libertad y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente sus vidas, integridad y salud.
El informe del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el 29 de febrero de 2024, asegura que, las “elecciones regionales” se realizan en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
El informe sostiene que, “la represión dirigida por el Estado contra líderes y organizaciones indígenas y afrodescendientes se ha llevado a cabo en un contexto de violencia generalizada de colonos armados cuya presencia en las regiones autónomas ha ido en continuo aumento, invadiendo tierras comunales”
El GHREN precisa que, desde 2018, los asaltos violentos de colonos habían causado la muerte de 46 personas –33 por arma de fuego–, principalmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. “En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual; se quemaron las casas de miembros de las comunidades; y muchas familias fueron víctimas de desplazamiento forzado”.
Una investigación de Connectas, La Prensa y Onda Local amplía cómo la falta de respuesta del Estado ha perpetuado la violencia en el Caribe nicaragüense.
El GHREN determinó que las autoridades del Estado no aplicaron medidas de prevención eficaces para proteger la vida e integridad de los miembros de las comunidades y tampoco llevaron a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas. En lugar de ello, afirma: “las autoridades han negado públicamente la responsabilidad de los colonos en los delitos identificados, e incluso han procesado a miembros de las comunidades afectadas por algunos de los delitos, imponiéndoles duras condenas”.
Lea también: Las comunidades indígenas donde reinan la violencia, la impunidad y el abandono del Estado
El partido YATAMA participó en las “elecciones” regionales de 2019, las generales de 2021 y las municipales de 2022, aun sabiendo que estaban bajo el control absoluto de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En efecto, YATAMA denunció que, las “elecciones” regionales de 2019 y las municipales de 2022, fueron fraudulentas, por lo que salieron a protestar. Las fuerzas de seguridad y los grupos progubernamentales reprimieron dichas manifestaciones.
El GHREN recordó que, desde marzo de 2022, las autoridades nicaragüenses, han cancelado la personalidad jurídica de más de un centenar de organizaciones Indígenas y afrodescendientes, incluyendo la del partido YATAMA. Después de abandonar su alianza de años con el FSLN, YATAMA ha sido objeto de represión.
“Al líder del partido y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Bryan, se le negó la entrada al país”, documenta el GHREN. Rivera regresó clandestinamente en abril de 2023 y fue detenido el 29 de septiembre del mismo año. Desde entonces, las autoridades no han facilitado información sobre su paradero.
Pocos días después de la detención de Rivera, añade el informe, la policía arrestó a la diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez James. “Tras diez días sin información sobre su paradero, Henríquez fue condenada a ocho años de prisión por difundir noticias falsas y atentar contra la integridad nacional”.
Organizaciones de observación electoral: FSLN impondrá su modelo de control absoluto
“Sin electores, ni candidatos reales”, así ha calificado el Observatorio Urnas Abiertas, las votaciones regionales de la Costa Caribe de este domingo 3 de marzo, donde la ciudadanía caribeña asiste a su novena elección, que se realizan ahora, cada cinco años en Nicaragua.
Para Urnas Abierta, en estos comicios el FSLN busca “replicar en la Costa Caribe su modelo de control absoluto vigente en el pacífico del país, con la lógica de apropiarse de los recursos naturales”. Un modelo que ya aplicó en las 153 alcaldías del país, donde el Ejecutivo ejerce el poder total.
Por su parte, la organización Transparencia Electoral señala en su informe preelectoral de las “elecciones regionales”, que estas votaciones se desarrollan en un contexto de “violencia política, con un agravamiento de la invasión de colonos mestizos a sus territorios y la cancelación de la personería jurídica del partido político indígena YATAMA”.
Lea también: Ortega anuncia nueva farsa: votaciones regionales son garantías de derechos de los pueblos indígenas.
La organización advierte que no existen en el país mecanismos ni organizaciones que puedan realizar auditoría electoral, tampoco existe observación electoral independiente, por lo tanto, los partidos políticos que se han prestado al juego son colaboradores del FSLN, “no tienen posibilidades de ganar una elección. En otras palabras, son partidos satélites que encubren el fraude electoral que va a acontecer”, señalan.
Urnas Abiertas documentó 47 denuncias sobre irregularidades en las candidaturas que van desde militantes inscritos como candidatos, candidaturas que no pertenecen a la circunscripción, candidatos que no cumplen con los requisitos establecidos por ley y partidos que no cumplen con el requisito de que la lista sea encabezada por una persona de las etnias miskita, creole, ulwa, rama o mayangna.
Abstencionismo regional
El CSE orteguista habilitó 751 Juntas Receptoras de Votos en 308 centros de votación, en 30 circunscripciones electorales. Unas 1,855 personas actuarán como policías electorales. Sin embargo, la protagonista de toda elección, la ciudadanía, no confían en el proceso, no conocen a los candidatos, a los partidos, ni los planes de gobierno. A esto se suma que en el Caribe la participación ha disminuido, pasando del “78.45% en 1990 a un 34.88% en el 2019”, según Urnas Abiertas.
Las artimañas para conseguir el voto
En el Caribe se vive una “desmotivación generalizada”, agrega la organización y explica que los partidos colaboracionistas recurrieron a estrategias pocos transparentes para “convencer” a las personas a votar.
La organización registró que el PLC en su discurso se asumen como la única vía “para hacer justicia por las invasiones y las detenciones de YATAMA y que por eso debían de votar por ellos”. Por su parte, el FSLN intentó “convencer a la base política de YATAMA, realizando visitas a comunidades y entregando beneficios sociales en circunscripciones donde históricamente ha ganado este partido”, utilizando bienes públicos.
Otra artimaña reportada al Observatorio fue que el FSLN prometió “viviendas, dinero, raíces, instrumentos de pesca, entre otros beneficios a quienes asistan a votar”.
El FSLN con de 17 años en el poder y sigue prometiendo sin cumplir. Las comunidades indígenas continúan demando el saneamiento de sus territorios y la protección de sus derechos humanos y ambientales.
Con el control absoluto de los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe Norte y Sur, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ampliará su dominio sobre los territorios indígenas y afrodescendientes para seguir dando vía libre a proyectos extractivistas como la minería y la ganadería.