Costa Rica: de política migratoria abierta a múltiples restricciones

La migración irregular no cesa en América Latina, decenas de personas atraviesan a diario los países centroamericanos en su travesía para llegar a Estados Unidos. Previo y en este contexto, Costa Rica ha realizado una serie de cambios en su política migratoria que causa gran preocupación a organismos defensores de personas migrantes, entre ellas la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu).

“Desde mi experiencia no solo como defensor sino como migrante, los cambios han sido para mal, un retroceso en materia de derechos humanos (...) motivado aparentemente por la situación económica del país”, indicó Jhoswel Martínez, presidente de Asidehu.

Martínez calificó las políticas migratorias de la nación del sur como “restrictiva” debido a que según su valoración representan un grave retroceso a los derechos humanos.

“El gobierno de Carlos Alvarado fue el que abrió las puertas, quien estableció una política de puertas abiertas a la población migrante, basado en los principios de protección internacional tomando en cuenta que Costa Rica es uno de los países signatarios. El gobierno actual (de Chaves) no vela estrictamente por los derechos sino por los intereses”, precisó.

Los cambios en la política migratoria

Cabe mencionar que desde septiembre de 2022, el mandatario Chaves empezó a proclamar una serie de discursos antinmigrantes, al indicar que estos representaban gastos a la nación del sur y que necesitaba ayuda de la comunidad internacional para atenderlos. 

“Primero dijo que la población migrante empezaba a ser una carga, y después en un discurso matutino del 6 de noviembre señaló que no podía seguir aceptando refugiados económicos, haciendo una distinción de lo que significa el refugio”, valoró Martínez.

A eso se sumó, dos decretos ejecutivo y una resolución administrativa, en estas, se da el Decreto 43809 de la creación de Categoría Especial Temporal que da un estatus migratorio a personas a los que se les negó el refugio y el Decreto 43810 que reformó el reglamento para las personas refugiadas.

Martínez mencionó de este último que es “restrictivo y violatorio de los derechos humanos” posteriormente “fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional del país indicando en diferente sentencias que quería cercenar las libertades de las personas refugiadas”.

Asimismo, Martínez destacó que el 1 de diciembre se firmó una resolución administrativa que “vino a cambiar el procedimiento para el tratamiento y renovación de permiso laborales para los refugiados, que decía que hay que pagar para obtenerlo. Es una manera de apretar el cuello para que la población migrante sea la que exija a la comunidad internacional que ayuden a Costa Rica”.

En sí, dice el defensor, “son políticas violatorias a los derechos humanos”. Entre los cambios, que Asidehu, ha identificado están la forma de pedir refugio y la calendarización de la cita, pero que tras la reforma del artículo 14 del Reglamento de la Persona Refugiada “se estableció que toda persona tiene un plazo de 30 días para formalizar su solicitud de lo contrario su gestión sería inadmisible”.

Sobre las citas para legalizar el caso de refugio, Martínez, precisó que antes se podía hacer en línea y desde que se entraba, pero ahora “lo más duro es que solo dan 70 citas al día y que se agendan un día antes, en una página web que se satura y que deja a mucha población fuera. Al mes se están dando 1,400 citas lo cual es poco por la cantidad de migrantes que entran al mes”, agregó que en 2022 se registró  que al país entraba un promedio de 6,660 personas por mes. 

Martínez explicó que como organización, les ha sido difícil tramitar una cita de refugio por primera vez. “Desde las nuevas medidas administrativas hemos sacado nada más tres citas, cuando antes podíamos sacar 100 citas a la semana” para personas nicaragüenses, venezolanas y cubanas.

Declaración de emergencia nacional

A finales de septiembre, Chaves firmó un decreto ejecutivo con el que declaró emergencia nacional por crisis migratoria, al respecto Martínez indicó que el hecho de que el gobierno dirija recursos para atender la situación es positivo, sin embargo lamentó que hay acuerdos administrativos que van contrario a los derechos.

Cabe mencionar que la declaración de la emergencia nacional, estuvo acompañado por un discurso intimidante por parte de Chaves quien amenazó con deportaciones, según dijo, a aquellos que “irrespeten” las leyes costarricenses y se porten mal. 

 “A quienes están pensando pasar por Costa Rica les reitero: ‘Este es un pueblo generoso, no confundan esa generosidad con debilidad, ya están los procesos de deportación iniciados y van de vuelta, y si quieren jugar ping pong con nosotros, vamos a tener paciencia’. Quien venga aquí, va a respetar nuestras leyes y a nuestra Policía y a los pueblos por los cuales van a transitar”, dijo Chaves.

En este caso, Martínez, señaló que las deportaciones ocurrieron particularmente a migrantes que vienen de países del sur por haber alterado el orden, “lo hicieron por seguridad, si no se incumplen las normas no hay inconveniente, pero si lo hacen van a comenzar a deportar, así lo han advertido”.

Finalmente, denunció que el tema de las deportaciones es un arma de doble filo porque hay migrantes nicaragüenses que buscan protección y no son atendidos, como el caso registrado en este año cuando nueve personas miskitas fueron deportadas.