Despidos no se hicieron esperar en Complejo Judicial de Chinandega

Mientras la alcaldesa Aura Lila Padilla y el secretario político del Frente Sandinista, José Manuel Espinoza recorrían las calles de Chinandega en una caravana, presentando los buses de origen chino, en el Complejo Judicial de esta ciudad eran despedidos al menos 30 trabajadores.

Los movimientos en el Poder Judicial se han identificado en diferentes partes del país y en Chinandega las personas afectadas fueron notificadas para que  abandonaran sus puestos de forma inmediata. Hasta ahora se desconocen las razones oficiales y si les han entregado sus prestaciones sociales. 

“Sabemos que este gobierno actúa de forma muy discrecional, pero todos estos movimientos, sin duda están relacionados a los cambios en la Corte Suprema de Justicia” indicó un abogado consultado. 

A su vez agregó: “aquí todos sabemos la gran cantidad de familiares que trabajan en los juzgados, muchos de los despedidos tenían algún tipo de relación familiar o con familiares de la exmagistrada Alba Luz Ramos, por lo que no es extraño que al ser separada de su cargo también tengan que retirar a todos sus cercanos”, apuntó.

Entre el funcionariado despedido en Chinandega se encuentra la jueza de Distrito Penal de Juicio Rosa Velia Baca Cardoza, sancionada por Estados Unidos el año pasado. 

Despidos tocan otras instituciones de Chinandega

Onda Local conoció que los despidos repentinos e inmediatos, también han afectado a otras instituciones como al Registro de la Propiedad, donde se conoce de al menos 5 despidos.

Antes de los movimientos en el Poder Judicial, en la Alcaldía de Chinandega también ya se habían realizado una serie de despidos, así lo confirmó un trabajador de la comuna chinandegana, incluso se habla de detenciones.

“Ya aquí ya habían iniciado con eso de los despidos, aunque uno no queda claro de los motivos", indicó.

La incertidumbre dentro de las instituciones de gobierno crece al pasar de los días, para algunos trabajadores los despidos son parte de un proceso para atemorizar y lograr mayor lealtad al régimen Ortega-Murillo. Para otras personas se trata de un castigo a quienes han tenido la intención de renunciar a las filas oficiales para salir del país.