Proyecto Bio-Clima podría quedar en el limbo

En este reportaje se desmenuzan diferentes aristas del proyecto Bio-Clima, una iniciativa propuesta por el gobierno de Nicaragua ante el Fondo Verde del Clima (FVC), de las Naciones Unidas, “para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de biosfera de Bosawás y Río San Juan”. El proyecto de un costo de 116.6 millones de dólares, fue aprobado por el FVC en noviembre del 2020. Durante su aprobación, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue acreditado como la entidad para los desembolsos de la financiación. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas interpusieron una queja ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM por sus siglas en inglés), una instancia adscrita al FVC, en la que advierten, entre otras cosas, que el gobierno de Nicaragua no consultó adecuadamente a los pueblos indígenas, ni llevó a cabo el proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos para la ejecución del proyecto. El informe del IRM, concluye que el Proyecto Bio-Clima violenta las políticas del FVC. Expertos en el tema aseguran que tanto el Gobierno de Nicaragua como el BCIE han incumplido procedimientos y compromisos adquiridos para hacer efectivo el desembolso de los fondos.

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El 13 de noviembre del 2020, el gobierno de Nicaragua a través de diferentes medios oficialistas anunciaba con bombos y platillos la noticia: “Fondo Verde del Clima aprueba Proyecto Bio-Clima presentado por Nicaragua”.

En tanto, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), también hacía eco de la noticia en su sitio web, pues este fue el banco acreditado por el Fondo Verde del Clima (FVC), para canalizar los recursos del proyecto.

El proyecto Bio-Clima, cuyo monto asciende a los 116.6 millones de dólares, plantea que reducirá 47.3 millones de toneladas de GEI (Gases de Efecto Invernadero), en un periodo de 20 años y tendría “51.100 beneficiarios directos, más 614.721 indirectos”.

El proyecto fue aprobado por la junta directiva del FCV durante su 27ª. reunión, celebrada entre el 9 y el 13 de noviembre de ese año.

La nota difundida por los medios oficialistas aseguraba que “el proyecto cuenta con el pleno apoyo de los Gobiernos Territoriales Indígenas y Afrodescendientes y los Gobiernos Autónomos de la Costa Caribe Nicaragüense”.

La noticia de la aprobación del Proyecto Bio-Clima, activó las alarmas de grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas, quienes, desde antes de su aprobación se oponían al mismo bajo el argumento que el gobierno de Nicaragua, no realizó el debido proceso para la consulta previa, libre e informada que mandata, tanto la legislación nacional, como los convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, por tanto, la aseveración de que el proyecto contaba con el apoyo de los pueblos indígenas y afrodescendientes asentados en la zona geografía de cobertura del proyecto es  “una falacia del régimen Ortega Murillo”.

Así lo aseguró a Onda Local una activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas que solicitó el anonimato, quien explicó que lo que realmente ocurrió es que el régimen se autoconsultó: “ellos (el gobierno) si han hecho consultas, pero solo consultan a su propia gente”. 

La activista advirtió que “lo que el gobierno de Nicaragua ha hecho es crear gobiernos paralelos. Prácticamente en todos los gobiernos de las comunidades indígenas y afrodescendientes impone sus juntas directivas, que no son las legítimamente electas por estos pueblos”, agregó que imponen a funcionarios públicos o miembros del partido sandinista, y con ellos hacen las consultas sin tomar en cuenta a los otros miembros de las comunidades.

Ante la “falacia gubernamental” los grupos ambientalistas y líderes indígenas recurrieron ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM), una instancia adscrita al FVC, cuya misión es atender las quejas de quienes se podría ver afectados por los proyectos financiados por este fondo. El IRM investigó y producto de la investigación generó un informe contundente que determinaba que el Proyecto Bio-Clima no cumplió con las políticas del FVC, ni siguió el debido proceso de consulta con las comunidades indígenas. 

El informe de IRM fue presentado a la Junta Directiva del FVC en octubre de 2022, y ha sido discutido durante dos reuniones sin llegar a un acuerdo. La última reunión se desarrolló entre el 13 y el 16 de marzo 2023, Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este reportaje, se desconocía si el FVC había tomado alguna decisión o si pospuso nuevamente la discusión para la próxima reunión de la junta.

En lo sucesivo, se detalla el escabroso camino que está llevando tomar una decisión respecto al informe del IRM, así como la postura y los roles de los principales actores involucrados en el proceso, pero además los factores que complejizan el asunto, incluyendo los conflictos de intereses y el incumplimiento de las normativas del FVC por parte de la propia junta directiva.

La denuncia ante el IRM

El Mecanismo Independente de Reparación, (IRM, por sus siglas en inglés), recibió el 30 de junio del 2021, una denuncia sobre la inviabilidad del proyecto Bio Clima. El IRM aclaró en su sitio web, que los reclamantes solicitaron ser amparados por la confidencialidad.

El IRM afirma que la principal preocupación planteada en la demanda es que el proyecto dañaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes ya que antes de su aprobación, no hubo una consulta adecuada con las comunidades, incluido el consentimiento libre, previo e informado.

De acuerdo al IRM, los denunciantes “temen que el proyecto Bio-Clima repita la historia, lo que significa degradación ambiental y ataques de colonos armados no indígenas contra comunidades indígenas, lo que resultará en la usurpación continua de tierras tradicionales y ancestrales”, de igual forma la denuncia hace hincapié en que las comunidades indígenas afectadas por este proyecto han sido víctimas de múltiples ataques, y temen que la atención y el dinero que este proyecto trae consigo, pueda aumentar aún más estos ataques.

Finalmente, según el IRM; los demandantes advierten que la entidad ejecutora (en este caso el Estado de Nicaragua), no cumplirá con sus obligaciones en la implementación del proyecto.

Luego de la revisión de la denuncia, el IRM determinó la elegibilidad de la misma, y procedió a ponerse en contacto con los denunciantes y otras partes interesadas “para evaluar más a fondo los problemas de la denuncia y proporcionar más información sobre los próximos pasos y opciones disponibles con respecto al procesamiento de la denuncia”.

IRM investigó in situ 

Ingris Hausinger, Analista de Proyectos de Financiamiento Climático, con amplia experiencia en la región centroamericana, y conocedora del proceso que lleva el Proyecto Bio-Clima en el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas, aseguró a Onda Local que el IRM estuvo en Nicaragua haciendo una investigación que duró varios meses, “fueron a Nicaragua, estuvieron en comunicación con MARENA, con el gobierno y con el BCIE” acotó.

La experta agregó que el equipo de investigadores del IRM visitó los territorios indígenas y además estuvo en Costa Rica, donde entrevistó a personas exiliadas, y a raíz de ese trabajo de investigación elaboró un informe en el que se concluyó que no se realizó una consulta previa, libre e informada.

Informe es contundente

Hausinger reveló que en el informe de cumplimiento elaborado por el IRM, se determina  que el único mecanismo que se plantea con claridad en el proyecto es el “régimen de convivencia pacífica”, pero este se propone sin consulta previa, libre e informada a las comunidades de la zona Caribe nicaragüense, “por tanto este régimen de convivencia pacífica tal como lo estaba proponiendo el proyecto, va contra el derecho de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, y por otro lado, abre el camino a los invasores, para tener acceso legal a las tierras que ellos se han apropiado por la fuerza”.

Aseguró además que el informe, en su postura crítica, afirma que el proyecto Bio-Clima, como está planteado, allanaría el camino a los invasores que ya se han apropiado de tierras indígenas, para tener acceso a legalizarlas. “El informe es muy fuerte y muy crítico, y dice que es inconcebible cómo ese proyecto pudo haber pasado las evaluaciones del Fondo Verde”, aseveró la experta.

En efecto, uno de los documentos descriptivos del proyecto, publicado por MARENA en septiembre del 2020, en un apartado referido a la tenencia de la tierra, establece que “el saneamiento es un proceso que considera varios pasos: actualización de la encuesta jurídica a terceros; diagnóstico de la situación del territorio respecto a los tipos de documentos o títulos que poseen los terceros; investigación y verificación de la historia registral de la tenencia de la tierra; saneamiento registral; realización y resolución de Asambleas Comunales y Territoriales según corresponda, mediación con los terceros y cumplimiento de las resoluciones”.

Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, la que estatuye que las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.

El mismo documento citado define a “los terceros” como “personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que alegan derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio indígena”.

El documento en mención titulado “Marco de Planificación de Pueblos Originarios y Afrodescendientes” es el séptimo de un compendio de nueve documentos que constituyen el Marco de gestión ambiental del proyecto Bio-Clima.

Sobre el informe del IRM, Hausinger aclaró que este “no es un informe sobre si Nicaragua está o no violentando los derechos humanos, porque ellos no se van a meter a eso, es un informe para ver si el Fondo Verde el clima hizo el debido proceso para asegurarse que los proyectos que le están solicitando fondos no generen daños, no incrementen violencia y no invaliden la salvaguardas”.

La especialista fue tajante al decir que “el informe concluye que el proyecto Bio-Clima violenta las políticas del Fondo Verde del Clima y violenta las salvaguardas y que no se hizo el debido proceso, ni el análisis necesario para dar ese dinero.”

Por otro lado el informe presentado el 2 de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, (GHREN), entre sus recomendaciones agregó que “al negociar proyectos de inversión y cooperación para el desarrollo en Nicaragua, los gobiernos y organismos multilaterales deben incluir garantías de derechos humanos y priorizar acciones dirigidas a mejorar la situación en Nicaragua”.

Gobierno quiere exigir a los pueblos indígenas cohabitar con sus agresores

La activista indígena consultada por Onda Local explicó que la llamada “convivencia pacífica” es una figura que viene siendo planteada por el gobierno desde años atrás, la que también ha llamado “cohabitación”, pero que no es más que un llamado a las comunidades indígenas a “que se dejen robar las tierras que terceros obtuvieron a través de la amedrentación, las violaciones y los asesinatos”.

Aseguró que las comunidades indígenas siempre han dicho que no a ese llamado, “porque ni siquiera es algo de la Ley 445; eso tiene que ver con la ley civil, a cualquier invasor violento, no se le reconocen los derechos; cualquier usurpación de tierra de manera violenta no genera derechos, al contrario, genera delitos” advirtió.

Señaló que en el caso de los pueblos indígenas, por ser grupos en vulnerabilidad, el Estado está en la obligación de reforzar la protección de sus derechos humanos, pero hace todo lo contrario, y prueba de ello es la inoperancia ante los ataques violentos de grupos armados a las comunidades indígenas, como la ocurrida el pasado 11 de marzo en la comunidad Wilú, del Territorio Mayangna Sauni As. “En las comunidades acechadas, todos los días hay amenazas, hay muertos, hay heridos; hay personas que no pueden salir a pescar, a cazar, a  cultivar porque los repelen con violencia” lamentó.

Vea la galería Las consecuencias del ataque a la comunidad Mayagna de Wilú en el territorio Sauni As en imágenes

La activista aseveró que “lo que plantean en el proyecto Bio-Clima, es que a todos esos grupos violentos los dejen ahí, les den plata para que mantengan esas tierras y para que en este caso hagan ganadería, talen los bosques y otras cosas que afectan el medio ambiente.”

Advirtió que ni siquiera los gobiernos paralelos impuestos por el miso partido de gobierno, han aceptado la propuesta de convivencia, porque ellos tienen claros que son dueños de la tierra, y no tienen porqué venir un proyecto a darle trato igual a los usurpadores.

Desembolsos condicionados

Lo anterior es un asunto que tiene que ver directamente con derechos humanos. Por eso El IRM al analizar la situación incluyó entre las recomendaciones de su informe la condición de que para hacer el primer desembolso al proyecto Bio-Clima, el gobierno de Nicaragua debe presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas asentados en el área geográfica de acción del proyecto, así lo explicó Hausinger, quien también reveló que el informe del IRM, también recomienda que se haga el segundo desembolso solo cuando el Estado de Nicaragua realice la consulta previa, libre, informada y participativa. “La recomendación explicita es que las comunidades tienen que participar en el diseño de la consulta no solo en la consulta” aclaró la experta.

Hausinger, recordó además que cuando el proyecto fue aprobado en junio del 2020, ya se le habían puesto condiciones, “una de las condiciones era que Nicaragua tenía que proponer, junto con el BCIE, una tercera entidad independiente de Naciones Unidas que monitoreara el proyecto y que crearan un marco para monitorear la participación de las comunidades en el proyecto”, sin embargó, señaló que hasta la fecha no se ha logrado avanzar tampoco con esas condiciones.

Aclaró que esa fue la razón por la que no se dio el primer desembolso, “no fue por la investigación ni por la queja; el primer desembolso no se dio porque el BCIE no presentó el plan de monitoreo con una tercera instancia independiente, que fue la condición que les pusieron para el primer desembolso”.

La activista indígena coincidió con Hausinger, al afirmar que efectivamente “no puede haber desembolso sin haberse cumplido la condicionalidad”, y reiteró que el gobierno está obligado a realizar la consulta previa, libre e informada, y proponer a un cuerpo independiente de Naciones Unidas que actué como instancia supervisora.

Informe fue presentado en octubre de 2022, pero cinco meses después sigue trabado

El IRM registra en su sitio web, que durante la 34ª. reunión de la junta directiva del FVC, desarrollada entre el 17 y el 20 de octubre del 2022, presentó a la directiva el informe de revisión de cumplimiento, basado en la queja interpuesta por los demandantes, sin embargo, la junta directiva no tomó ninguna decisión en concreto y propuso retomar el informe de verificación de la observación, en la siguiente reunión, “para tomar una decisión informada sobre este asunto”. 

La reunión referida se llevó a cabo entre el 13 y 16 de marzo 2023, y se espera que en los próximos días se publique la resolución del caso.

Hausinger reveló que la junta directiva discutió el informe el martes 14, pero no llegó a ningún acuerdo y pospusieron la discusión para el último día de la reunión, luego, al cierre de la reunión, el jueves 16, “fue discutido muy brevemente, todo tras puertas cerradas”. La experta considera que lo más probable es que se haya postergado nuevamente la discusión, “eso no lo sabemos, pero lo van a tener que decir cuando publiquen el resumen de los acuerdos tomados”.

La especialista cree que es muy probable que el informe no haya sido aprobado, pero en caso de que sí lo hayan hecho, la junta directiva, de acuerdo a sus normativas, tiene a partir del 16 de marzo, 10 días para hacer público el informe y las recomendaciones al Estado de Nicaragua, las que este debe cumplir para poder otorgarle el primer desembolso del proyecto.

Junta directiva incumplió procedimiento

Por su parte la activista indígena, quien también da seguimiento al proceso, denunció que la junta directiva del FVC, no fue transparente e incumplió sus propias normas luego de recibir el informe del IRM.

Señaló que el FVC como instancia que se deriva de los acuerdos sobre medio ambiente y cambio climático de las Naciones Unidas, tiene el mandato y la obligación de analizar el informe tomando en cuenta a las organizaciones de sociedad civil y oenegés internacionales que están acreditadas como observadoras del proceso, así como a las personas que interpusieron la queja. 

Sin embargo, ese procedimiento no se hizo, y por el contrario la junta directiva compartió el informe con el gobierno de Nicaragua y con el BCIE, sin dar a conocer los resultados de las discusiones que se generaron alrededor del mismo, lo que ha causado malestar entre los observadores y los demandantes. 

“Lo que ellos tres hicieron (junta directiva, representantes del gobierno de Nicaragua y el BCIE) fue una encerrona; hubo falta de transparencia, desde que se ocultó el informe hay falta de trasparencia, y esa es la queja fundamental, porque nadie se esconde para hacer nada bueno,” advirtió la activista indígena. “Tienen observadores, pero luego le tapan los ojos o les cierran las puertas” reclamó.

Hausinger coincidió con la activista, al asegurar que, en efecto, la junta directiva del FVC, incumplió el procedimiento, “ellos no tendrían por qué haber regresado ese informe de complimiento al gobierno de Nicaragua”, afirmó, a la vez dijo que el informe hasta ahora se sigue manteniendo estrictamente confidencial y no ha sido compartido con las personas que pusieron la queja.

“Nicaragua firma todo…pero no cumple”

Por otro lado, la analista advirtió que una de las razones por las que Nicaragua accede a tanto financiamiento y préstamos es porque al hacer las solicitudes el gobierno cumple con todos los procesos, “firma todo, reporta y cumple con los procesos legales, pero solo en el papel”.

Señaló sin embargo, que lo que se ve en la práctica es diferente. En esa vía recordó los reportes constantes que llegan desde las comunidades indígenas de la costa Caribe sobre los ataques de colonos y los asesinatos. En referencia al Proyecto Bio-Clima recordó el comunicado emitido el 24 de febrero pasado por el Concejo de Ancianos de la Moskitia, denunciando precisamente que no fueron consultados y reiterando las denuncias sobre las invasiones frecuentes de terceros a sus territorios.

En tanto, un líder indígena, que también habló con Onda Local bajo anonimato, resaltó que “los hechos de los últimos 4 años, para poner un contexto corto, demuestran que el gobierno no está dispuesto a mejorar la gobernanza en los territorios indígenas, muy por el contrario las masacres, desplazamientos forzados y abuso de autoridad han continuado a pesar de las denuncias permanentes”.

Sobre el proyecto Bio-Clima dijo que, “si bien este contiene algunas bondades, lo fundamental es que las entidades a cargo de la implementación son recurrentemente abusadoras, corruptas y sin interés en los pueblos indígenas”, por lo tanto aunque el documento del proyecto refleje aspectos favorables, la problemática de los pueblos indígenas no va a mejorar, “muestra de ello son las acciones derivadas de los desastres causados por los huracanes, donde el gobierno ha hecho caso omiso por mejorar la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las comunidades sumado a eso que los asesinatos no han parado” advirtió.

Señaló que tanto la FAO (Programa Mundial de Alimentos, por sus siglas en inglés, como el BCIE, “son entidades con conflicto de interés en el proyecto”. Agregó que “el papel de la FAO en Nicaragua es completamente plegado a los intereses del gobierno e intereses institucionales por tanto no son los mejores aliados hacia las comunidades indígenas y tampoco son los mejores testigos para rendir cuenta de lo que pasa”.

BCIE: la gallina de los huevos de oro de Ortega

El proyecto Bio-Clima solo es uno de muchos proyectos cuya fuente de financiamiento o la entidad acreditada para ello, es el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE). En los últimos años, diversos sectores políticos y sociales en Nicaragua han cuestionado fuertemente a este banco por el financiamiento que ha otorgado a diversos programas y proyectos del régimen Ortega Murillo, sobre todo a partir del 2018.

De acuerdo a un informe de la Fundación Heinrich Böll en el que se analiza el rol del BCIE en Nicaragua, los desembolsos de esta entidad financiera al régimen Ortega Murillo, entre abril del 2018 y diciembre del 2021, asciende a 1,414.5 millones de dólares. El informe de la fundación afirma que el BCIE “se ha convertido en el mayor financiador de Nicaragua”.

La Fundación Heinrich Böll es una organización internacional con presencia en Centroamérica, que incentiva la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana y el entendimiento internacional; entre sus líneas de acción están fomentar “los valores políticos de la ecología y el desarrollo sustentable, los derechos de las mujeres y la democracia de género”, entre otros.

El documento de Böll advierte que el BCIE ha incrementado los préstamos al gobierno de Nicaragua, pese a que los informes de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), señalan a las más altas autoridades del Estado de Nicaragua de haber cometido Crímenes de Lesa Humanidad en contra la ciudadanía nicaragüense a partir de las protestas cívicas que estallaron en abril del 2018.

Sin embargo el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, ha justificado los préstamos en diversas ocasiones aduciendo que el rol del banco es financiar proyectos sociales, no juzgar gobiernos por su accionar político, incluso ha calificado de injustas las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno de Ortega, principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, las que han sido impuestas precisamente por ser partícipes en la ejecución de acciones que violentan los derechos humanos de los nicaragüense.

En un debate público promovido por Dialogo Interamericano y llevado a cabo este 16 de marzo, Mossi insistió en defender el financiamiento del BCIE al régimen pese a los contundentes informes de los organismos internacionales de derechos humanos.

La Fundación Heinrich Böll advierte además, citando un estudio del South-North Nexus (SNN), que la información referida al financiamientos de proyectos del BCIE en Nicaragua, es restringida, pues lo que la entidad financiera hace público en su sitio web es información muy limitada o nula de datos formales.  El estudio de SNN, según Boel, refiere que la información que se encuentra sobre los préstamos aprobados por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más detallada en relación con la que da a conocer el BCIE, lo que resulta relevante por se el BCIE el banco que está proporcionando mayor cantidad de financiamiento a Nicaragua.

En el debate público sobre el financiamiento del BCIE al gobierno de Nicaragua, Mossi aseveró que “no importan sus políticas si el dinero está llegando a los ciudadanos con necesidades básicas” y agregó que “en eso nos enfocamos, entonces dejamos la política a un lado”. Sin embargó ante los cuestionamientos de sus interlocutores, el politólogos Manuel Orozco de Diálogo Interamericano y Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Mossi terminó trasladando la responsabilidad a la junta directiva del banco “ellos son los que toman las decisiones de lo que se debe aprobar y lo que no se debe aprobar, ellos deciden si quieren hacer algo o no.”

Congresistas de EE.UU, envían misiva a presidentes de la región para que el BCIE frene financiamientos

Solo un día después del debate público, lo senadores Robert Menéndez (demócrata) y Michael McCaul (Republicano), miembros del Congreso de los Estados Unidos, enviaron una carta a los presidentes Alejandro Giammattei,  de Guatemala,  Xiomara Castro de Honduras, Nayib Bukele de El Salvador y Rodrigo Chaves de Costa Rica,  para que estos países en su calidad de accionistas y miembros fundadores del BCIE, detengan el financiamiento de este banco al régimen de Ortega, al que los congresistas en la misiva califican como “régimen criminal”.

“Instamos a su país a aprovechar su liderazgo como miembro fundador del BCIE para garantizar que los préstamos del banco no perpetúen la consolidación de la dictadura de Nicaragua”, dice en parte la carta firmada por Menéndez y McCaul.

La carta de los congresistas también se enmarca en el contexto del informe dado a conocer a inicios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). El infirme, también contundente afirma que en efecto el régimen de Daniel Ortega, ha cometido “violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad”; el documento también menciona que existe un ataque sistemático contra civiles por razones políticas, el que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. 

El financiamiento a Bio-Clima y el escabroso camino hacia una solución

El asunto del financiamiento al proyecto Bio-Clima es más complejo de lo que parece. Al analizar más el trasfondo del proceso, van saliendo a luz los tropiezos que los que han interpuesto la queda ante el IRM van encontrando.

Par empezar, la junta directiva de FVC está integrada por 24 miembros con una representación equitativa de países desarrollados y en desarrollo, y esa constitución hace medir fuerzas entre los países del norte y los del sur, es decir entre los que se oponen a que se otorgue el financiamiento al proyecto y entre quienes está a favor.

Ingrid Hausinger asegura que la junta directiva está bastante dividida. La analista explica que “hay un grupo fuerte integrado por países del norte, que están abogando porque este proyecto se frene o se cancele, pero Nicaragua tiene un fuerte apoyo de varios países del sur, principalmente africanos que también tienen graves problemas en materia de derechos humanos, los que abogan por que no se cancele el proyecto en Nicaragua ya que eso implicaría dejar por fuera a todos los países que tienen conflictos con derechos humanos”.

La experta vaticinó que, aunque el proyecto no sea cancelado, lo más probable es que se estanque.  “Es muy difícil que se cancele porque hay mucha presión de los países del sur, los que se apoyan entre sí, entre estos Ghana y el Congo, donde aún se dan masacres como en Nicaragua” advirtió.

“No creo que se vaya a lograr la cancelación de Bio-Clima, si se logra sería algo impresionante que marcaría un precedente tremendo, muy positivo para el Fondo Verde del Clima, porque se demostrara que ante todo va, cero tolerancia al incumplimiento de las salvaguardas y de las políticas del fondo, que debería ser lo primordial”, manifestó Hausinger.

Estado de Nicaragua incumple convenios y tratados internacionales

Cabe resaltar también que al no realizar el debido proceso para la consulta previa, libre e informada, el Estado de Nicaragua está violentando los convenios y tratados que él mismo ha suscrito y ratificado para su cumplimiento.

El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 6, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, el mismo articulo estatuye que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece en el artículo 10 que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.

De igual forma el articulo 19 de la misma declaración estatuye que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, articulo cuyo mandato también recoge el artículo 23 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El proyecto Bio-Clima del gobierno de Nicaragua también incumple lo establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el que establece la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, haciendo referencia específica también a los pueblos indígenas.

EL proyecto Bio-Clima según el gobierno de Nicaragua

El Proyecto Bio-Clima, cuyo nombre completo es “Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en las Reservas de la Biosfera Bosawás y Río San Juan”, es una iniciativa del gobierno de Nicaragua que pretende capturar 47.3 millones de toneladas de GEI (Gases de Efecto Invernadero), en un periodo de 20 años.

De acuerdo al “Marco de Gestión Ambiental Bio-Clima”, una serie de nueve documentos publicados por MARENA en septiembre del 2020, “Bio-Clima contribuirá a reducir emisiones de GEI causadas por el uso inadecuado del suelo y por la deforestación y degradación forestal y aumentar las reservas de carbono a través de una mejor gestión de tierras y bosques”.

En el resumen del proyecto, el MARENA, específica que Bio-Clima es una iniciativa complementaria al Programa de Reducción de Emisiones (Programa RE), que viene promoviendo Nicaragua como parte de una estrategia más amplia llamada “Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques”, que Nicaragua ha diseñado en el marco del mecanismo REDD+.

REDD+ es un mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las emisiones producto de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. Este mecanismo se implementa en varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo Nicaragua.

En tanto el Programa RE del gobierno de Nicaragua fue aprobado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y, de acuerdo al documento resumen del Proyecto Bio-Clima, compensará a Nicaragua por implementar una estrategia nacional en el marco de REDD+ a través de pagos por resultados por la reducción de emisiones logradas. El documento agrega que Bio-Clima contribuirá a reducir las emisiones de GEI, “a través de actividades concretas e inversiones específicas”.

Al respecto, un experto en temas ambientales y defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, consultado por Onda Local, quien también solicitó proteger su identidad, dijo que efectivamente hay una serie de instrumentos que se desprenden de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y tanto REDD+, como el FVC, son parte de la CMNUCC. Explicó que el FVC, es el mecanismo financiero de la convención marco, y REDD+ es un programa de la misma convención dirigido a evitar la deforestación y la degradación de los bosques bajo una lógica financiera, aclaró que están separados, pero bastante articulado.

Explicó que efectivamente el FVC financia entre otras iniciativas los proyectos que se desprenden del programa global de REDD+ como es el caso de Bio-Clima.

“Acaparamiento verde” otra amenaza

El experto agregó que gobiernos como el de Nicaragua, se enfocan más, en teoría, en evitar más emisiones, y eso hace que quienes terminen beneficiándose de ese enfoque, son quienes termina legitimando las ocupaciones.

Recordó que las invasiones de tierra y los procesos de desplazamiento también están vinculados a otro fenómeno denominado “acaparamiento verde”, que también es generado muchas veces por este tipo de proyectos. 

Explicó que el acaparamiento verde consiste en la incursión de grandes empresas en estos territorios, las que compran grandes extensiones de tierra, bajo la promesa de promover plantaciones forestales que capturen carbono, “se lavan la cara proyectándose como empresas ambientalmente responsables, pero a la vez desplazan a los campesinos, que terminan llegando hasta las comunidades indígenas.”

Manifiesta que estas empresas movilizan todo un discurso de que hay tierras degradadas y que las van a revalorizar y recuperar sus funciones ecológicas, a través de estas plantaciones forestales.

“Esto genera el efecto de desplazamiento o fuga, porque estas empresas terminan comprando grandes extensiones de tierra, a diferentes grupos de pequeños y medianos productores que están en ciertas áreas donde se dice que las tierras están degradadas” argumentó.

Añadió que el riesgo está en que los productores que vendieron sus tierras “al final terminan siendo campesinos con dinero, pero sin tierra, y se terminan desplazando para las áreas de reserva o hacia las zonas de los territorios indígenas”.

Expectativa es que el informe del IMR se reconozca y se publique

La expectativa de los representantes de la parte agraviada, así como de otros sectores de la sociedad civil, entre ambientalistas y defensores de derechos humanos, es que el informe del IMR, sea aprobado por la junta directiva de FVC. Hausinger advirtió que según las reglas del FVC, una vez que el informe sea reconocido, la junta directiva tiene 10 días para publicarlo.

Afirmó que lo más probable es que se tomen algunas de las recomendaciones del informe, pero advirtió que “obviamente no las van a tomar todas, pues son recomendaciones que Nicaragua no va a seguir porque entre otras le piden que hagan un informe de derechos humanos y Nicaragua no va ceder”.

Finalmente reiteró que “lo más probable es que este proyecto se quede truncado y no avance, porque ni Nicaragua va a lograr cumplir con lo que le piden, ni el Fondo Verde, lo va a cancelar, entonces se va a quedar como en un limbo. Refirió que este escenario, si bien no es la solución definitiva, sería el más conveniente para la parte demandante.

El peor escenario posible

Sin embargo, también existe posibilidad de que el informe del IRM no sea aprobado, y aunque esta sea remota no debe descartarse.

Al respecto la analista aseguró que si el informe no es aprobado “nunca va a ver la luz (…), si eso pasa es un muy mal indicio y va a mostrar que la junta directiva del Fondo Verde del Clima, no sólo se va a basar en los análisis técnicos de los proyectos, sino que también va a dejar que el lobby político influya en las decisiones que se tomen para los desembolsos”.

Agregó que la lectura que se le debe dar a ese improbable escenario, en caso de que ocurra, es que la junta directiva no estaría reconociendo la independencia del IRM, lo que debilitaría al mismo FVC, porque lo deja sin un mecanismo independiente donde las comunidades puedan quejarse sobre posibles daños futuros. “Eso marcaría un muy mal precedente” puntualizó.