50 mil encapuchados: La estrategia del miedo de Ortega y Murillo

En el departamento de Matagalpa 7,000 personas fueron juramentadas como “Policías Voluntarios”. • Foto: Medios oficialistas
Los grupos parapoliciales que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó en la nueva Constitución Política, y que bautizó como “Policía Voluntaria”, estarían integrados por más de 50 mil efectivos, una cifra que triplica a la del número de agentes policiales con los que cuenta el brazo represor del régimen. Junto a las brigadas parapoliciales, la dictadura también oficializó la creación de fuerzas paramilitares denominadas “fuerzas militares de reserva patriótica” las que estarían integradas principalmente por militares retirados.
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Las plazas municipales y campos deportivos fueron los principales escenarios para los actos de juramentación. En algunos casos las ceremonias se realizaron en calles y avenidas las que fueron militarizadas y cerradas para tal fin.
Las ceremonias se realizaron principalmente en las cabeceras departamentales. Para cada acto de juramentación fueron convocadas un promedio de 2,500 personas las que llegaron de los diferentes municipios que conforman cada departamento. En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, la promesa de lealtad se hizo en dos municipios de la RACCN (Siuna y Puerto Cabezas) y tres localidades de la RACCS (Nueva Guinea, El Rama y Bluefields).
Los escenarios de la ignominia
En todos los departamentos, las tarimas habilitadas para la ceremonia de juramentación fueron decoradas con una impresión de gran formato de fondo, en cuyo extremo izquierdo aparecía una foto de la pareja dictadora. Al centro del cartel propagandístico, en la mayoría de casos, se podía ver el logotipo de la institución policial, la leyenda “Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago Urroz”; seguido del nombre del departamento o región donde se dio el acto. En el extremo derecho una fotografía de Buitrago.
Cada escenario también estuvo atiborrado de la bandera rojinegra, convertida por la dictadura en su Constitución en “símbolo nacional”, la que aparecía intercalada con el verdadero símbolo patrio, el pendón bicolor.
De igual forma, en los diferentes actos, fue notorio el despliegue de efectivos policiales de las diferentes dependencias de la institución represora, destacando entre ellos los llamados comandos Tapir, una unidad de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). El despliegue incluyó la exhibición de caravanas de hasta más de 50 patrullas policiales.

Las capuchas como símbolo del terror
Según analistas, la presentación de más 50,000 personas encapuchadas para ser juramentadas por la dictadura Ortega Murillo como “policías voluntarios”, no es más que una estrategia para sembrar miedo en la población nicaragüense. Es sabido que el miedo es un recurso al que recurren las dictaduras para someter a la gente.
Desde la sociología política se ha advertido que el miedo es utilizado como arma de dominación para controlar a las personas y sofocar su libertad. Fundación Civismo, una organización española promotora de la participación ciudadana, advierte que cuando el poder infunde miedo, la gente se paraliza. El miedo termina justificando el control institucional y social consiguiendo a la vez la sumisión de la ciudadanía.
Y ese es precisamente el propósito de la dictadura nicaragüense al exhibir a lo largo y ancho del país a miles de elementos con la capucha negra cubriendo sus cabezas.
Una analista política y defensora de los derechos humanos consultada por Onda Local, coindice con esta premisa. A su criterio, la decisión del régimen de presentar a las y los parapolicías cubriendo sus rostros con capuchas, es una forma de infundir temor en la población. “Eso despierta terror” acotó la experta quien por seguridad solicitó anonimato.
Recordó que esa estrategia fue puesta en práctica durante las protestas de 2018 cuando se activaron las llamadas “caravanas de la muerte” que ejecutaron la “operación limpieza”.
Cientos de paramilitares con pasamontañas y armas de guerra, recorrieron en camionetas, las calles de las ciudades más convulsas, primero para infundir miedo, luego para neutralizar las protestas, dejando una estela de sangre y dolor con decenas de muertos y centenares de heridos.

Pasamontañas como protección contra el crimen organizado
Por otro lado, la fuente reconoció que en las filas de la policía está justificado el uso de pasamontañas, cuando los efectivos se enfrentan al crimen organizado asociado principalmente al narcotráfico, porque en este caso, cubrirse la cara es una medida de seguridad para no exponer la integridad de estos agentes en su vida civil.
“Es un mecanismo para proteger a ese policía que lucha contra el crimen organizado, que después tiene que tener una vida normal en la calle, para que no sea identificado y agredido” aseveró.
Añadió que, en el caso de las personas juramentadas como policías voluntarios, “no tiene sentido encapucharlos si lo que se está diciendo es que serán una fuerza que apoye a la policía en la seguridad ciudadana, porque en términos reales, el mensaje que están enviando es que se van a enfrentar a la población en caso que esta salga a protestar.”
La especialista recordó que varias encuestas han resaltado entre sus hallazgos que más del 80% de la población nicaragüense rechaza a la dictadura Ortega Murillo. “Ellos están claros de que más del 80% de la población no los quiere. No quiere al régimen, quieren salir del régimen, entonces están preparando una fuerza que se enfrente a la población” enfatizó.
En la misma vía agregó que la decisión de llevar estas juramentaciones a los municipios, que son la unidad básica donde se dan las relaciones entre la población y las autoridades, es para enviar el mensaje aleccionador de que ese es el mando y el control que va imperar.
Señaló que el régimen solo quiere demostrar que tiene sus fuerzas de choque para enfrentarse a cualquier sublevación de la población que podría expresarse nuevamente dado el hartazgo de ese control dictatorial.
¿Son realmente voluntarios?
En definitiva, no. Si bien entre las personas juramentadas hay algunas que efectivamente se han integrado de forma voluntaria, entre estos militantes fanatizados y expolicías; trabajadores de distintas instituciones del Estado han sido reclutados bajo coacción para que integren las filas de estas fuerzas de choque a las que se les dio rango constitucional bajo la figura de “Policía Voluntaria.”
El inspector general de la policía orteguista, comisionado Jaime Venegas, en comparecencia en un programa emitido el domingo 16 de febrero por la noche en el oficialista Canal 13, admitió que efectivamente personas empleadas públicas de diferentes instituciones del Estado son parte de la “Policía Voluntaria.”
Vanegas mencionó en particular a trabajadores de los ministerios de Salud y Educación.
“La policía voluntaria está integrada por obreros, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, constructores, albañiles, armadores, comerciantes, emprendedores por cuenta propia, toda la población que de alguna forma se ha identificado a lo largo de todos estos años con este proyecto revolucionario” confesó el inspector policial.
No obstante, entre los juramentados, además de personal del Minsa y Mined, también se ha logrado identificar a funcionarios del Poder Judicial, personal de las alcaldías, así como de las delegaciones departamentales y municipales de otras dependencias estatales. Así ha quedado demostrado en redes sociales donde la población, pese a la capucha, han reconocido a varios servidores públicos en las fotografías difundidas.
Los mensajes de odio de discurso de Francisco Díaz
Francisco Díaz llevó el mismo discurso a cada acto de juramentación. Una diatriba plagada de enunciados y consignas que con frecuencia son repetidas por la iracunda retórica de la codictadora Rosario Murillo.
En cada escenario el comisionado general se dirigía al atril con folder en mano y luego de la juramentación, pronunciaba el discurso encomendado por sus superiores de El Carmen, auxiliándose en el documento impreso.
El discurso del embelesado y dócil jefe policial, estaba atravesado de cabo a rabo, por mensajes que Murillo ha repetido hasta el cansancio en las alocuciones diarias en sus medios propagandísticos.
Díaz se regodeó emulando a su ahora jefa suprema, con palabras altisonantes, en las que mezcló mensajes de amor y de odio. Habló de paz, de seguridad, de patriotismo y heroísmo, pero también de venganza. Sembró cizaña lanzando acusaciones contra la población que se manifestó cívicamente en 2018.
“En el 2018, grupos terroristas, golpistas, intentaron un golpe Estado fallido, destruyendo la paz de las familias nicaragüenses, cometiendo crímenes horrendos, abominables, asesinando a militantes sandinistas y destruyendo casas de habitación, establecimientos comerciales, oficinas de instituciones del Estado, asaltando y extorsionando a los pobladores en los tranques de la muerte” repitió el jefe policial en cada una de las 19 tarimas a las que subió a lo largo y ancho del país.
“En cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz, la seguridad y nuestra revolución” remachó durante los 37 días que recorrió el país.
El consuegro de Ortega también recalcó que, en 2018, las protestas fueron neutralizadas con el apoyo de la “Policía Voluntaria” en referencia a los grupos de paramilitares fuertemente armados que participaron en la llamada “operación limpieza” que ordenó ejecutar Murillo.
“Este intento de golpe de Estado fue derrotado por los buenos hijos e hijas de nuestra patria, por nuestra heroica Policía Voluntaria, la Policía Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional” arengó Díaz en cada estrado.
Y amenazó con volverlo hacer: “No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018.”
Al final del discurso, Díaz también repitió una serie de consignas y frases acuñadas por Murillo: “¡Con la paz no se juega!” y “¡No pudieron ni podrán!”, fueron las más recurrentes, las que complementaba con vivas a la Policía Nacional, a la “Policía Voluntaria” y al FSLN.
El “uniforme”
Encapuchados con pasamontañas de color negro que solo permitían ver sus ojos; con camisetas blancas y pantalones azul oscuro o negros, algunos con blue jeans lullidos. Así se presentaron paramilitares, fanáticos sandinistas y empleados de instituciones estatales a los actos de juramentación de la “Policía Voluntaria” promovidos por la dictadura Ortega Murillo en todos los departamentos de Nicaragua.
Al parecer la cobija presupuestaria no dio para todo el “uniforme”, o quizá no hubo tiempo para dotarlos del atuendo completo. Lo único que se les entregó fue la capucha y la camiseta blanca. Los pantalones y zapatos debían ir por cuenta propia. Fueron parte de la “voluntariedad”.
El inspector policial Jaime Vanegas afirmó en Canal 13 de televisión que, para realizar las labores de apoyo, las y los policías voluntarios deberán portar “el uniforme” con el que fueron investidos como tales. “Utilizarán el uniforme con el que fueron juramentados cuando realicen las tareas que nosotros le encomendemos” aseveró.
“Sin límites, sin requisitos”, cualquiera puede ser policía voluntario
Así lo afirmó el comisionado policial Jaime Vanegas. El jefe policial aseguró que para pertenecer a la “Policía Voluntaria” no existen limitaciones.
“No tenemos limitaciones, cualquier ayuda, cualquier apoyo desde la comunidad, del campo, desde las zonas más remotas, desde las zonas rurales y montañosas, pueden pertenecer a la Policía Voluntaria” argumentó.
Aunque están encapuchados, en las imágenes difundidas por los medios oficialistas, claramente se puede distinguir entre hombres y mujeres, y entre ellos también personas de todas las edades, desde adolescentes y jóvenes, hasta personas de muy avanzada edad.
A criterio de analistas, lo anterior evidencia la necesidad del régimen de exhibir un poder que realmente no tiene, en ese afán, ha recurrido nuevamente a la vieja táctica de sacar gente de cualquier rincón y en cualquier condición, con el propósito de llenar las plazas públicas para aparentar el apoyo masivo, una estrategia que refuerza además la intención de infundir miedo en la población.
Personas con sobrepeso, de la tercera edad y hasta con discapacidad
Cabe resaltar que tampoco faltó entre lo heterogéneo de los juramentados, personas obesas, personas octogenarias con discapacidad que deben utilizar medios auxiliares para poder movilizarse.
En la entrevista en el Canal 13, el propagandista Roberto Zúñiga, le espetó al comisionado Jaime Vanegas, sobre el porqué de la evidente aceptación en las filas parapoliciales de cualquier persona independientemente de su condición física.
“Comisionado, ¿tiene que cumplir ciertos requisitos un policía voluntario?, le pregunto esto porque hemos visto por ejemplo hombres y mujeres en sillas de ruedas, hombres y mujeres que físicamente no son atletas, son ciudadanos comunes y corrientes. ¿Deben cumplir requisitos?” insistió Zúñiga al comisionado.
El jefe policial en su respuesta dejó entrever que no existen requisitos: “En primer lugar, cualquier ciudadano nicaragüense, patriota que tenga la voluntad, la disposición, el compromiso, con la seguridad ciudadana, con la seguridad humana, con el bienestar de su propia familia, de su propia comunidad, puede pertenecer a la Policía Voluntaria”.
La defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, advirtió sobre el peligro que representa la masa de gente que da cuerpo a este aparato cuya finalidad es controlar y reprimir a la población, aunque también reconoció que dentro de las filas hay personas que están en contra de su voluntad.
Afirmó que de acuerdo a lo visto en 2018, y tomando en cuenta que este ejército de parapolicías y paramilitares, elevados ahora a rango constitucional, como han recibido entrenamiento, podrían también ser dotados de armas. Opinó que probablemente ni siquiera estarán subordinados a los mandos de la Policía y el Ejército, sino a la pareja dictatorial, quienes podrán hacer y deshacer con los seres humanos en Nicaragua a través de esas estructuras paralelas.
No obstante, enfatizó que “no todas las personas que se están juramentando están conscientes de la barbarie que eso significa y otros que están conscientes no están con su voluntad”.
El aberrante acto de avasallar la dignidad de las personas
En ese sentido Castillo lamentó el hecho de que el aparato Estatal en Nicaragua, en virtud de ser un aparato que contrata funcionarios por su calidad profesional y humana, pasó a convertirse en un aparato que tiene “esclavos”.
“Ellos (los dictadores) se consideran como los señores feudales que pueden disponer de las personas solo por el hecho de que ganan un salario en el Estado, que es un salario venido del pueblo, no de la pareja dictatorial, pero lo han distorsionado porque ahora para todo hay que darle gracias a la pareja dictatorial” manifestó.
Castillo resaltó la falta de escrúpulos de la dictadura al incluir entre las filas de parapolicías a personas adultas mayores y con discapacidad. “Es muy importante que el pueblo en Nicaragua también sea consciente de eso” acotó.
Asimismo consideró indigno ver entre las filas de la mal llamada policía voluntaria, a una maestra, a un profesional que se sacrificó estudiando o a las personas que hacen limpieza en las oficinas, porque todas son personas con dignidad. “Ninguna de estas personas está obligada a hacer esa labor, entre comillas, de policía voluntaria” subrayó.
La activista consideró que “estamos obligados a pedirles, a llamarles que hagan valer su dignidad, que tomen distancia.” En la misma vía agregó: “Hay que saludar a esa maestra ejemplar que no se quiso poner la capucha”.
Emociones que asoman por las ventanas del alma
Además de poder distinguir claramente en las fotografías difundidas por los medios oficialistas, a hombres y mujeres de todas las edades, también se pueden percibir algunas emociones expresadas en sus miradas.
En las fotografías de plano más cerrado, se pueden ver algunas emociones que salen por “las ventanas del alma”, lo único que dejan al descubierto las capuchas negras que cubren sus cabezas.
Por la abertura a la altura de los ojos de las calientes fundas negras embutidas en las cabezas de las personas juramentadas, se asoman miradas tristes, cansadas, abatidas; agobiadas quizá por el inclemente sol o por la condición sine qua non de tener que sucumbir al capricho de los dictadores.
También entre las capuchas se asoman miradas pétreas, inquietantes, que infunden miedo, lo que evidencia lo diverso de los integrantes de estos batallones auxiliares del brazo represor del régimen. Diversidad que va desde las personas empleadas públicas coaccionados bajo pena de perder sus trabajos, hasta fanáticos más leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo, a los que les exalta el son de los tambores de guerra.
Policía Voluntaria de los años 90 contemplaba requisitos
La figura de la Policía Voluntaria, pero sin ser de rango constitucional, era reconocida en la Ley 228, aprobada en 1996, durante la administración de la presidenta Violeta Barrios.
No obstante, para ser miembro de esta se requería cumplir una serie de requisitos entre los que destacaban “ser apto psíquica y físicamente”, “ser mayor de 18 años” y “no tener antecedentes penales” además de otros requisitos administrativos de ingreso.
Estos requisitos estaban definidos en el artículo 43 de dicha ley, la cual fue derogada cuando entró en vigencia la Ley No.872, la que establece la organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, aprobada el 26 de junio de 2014.
Esta última normativa, aún vigente, también contempla la figura de la policía voluntaria, pero sin ser esta de rango constitucional. Si bien en este caso ya no aparecen los requisitos, el ámbito de acción de sus integrantes se limita claramente al “apoyo en labores de prevención”.
El artículo 25 establece que: “Los miembros de la Policía Voluntaria realizarán únicamente tareas de apoyo en labores de prevención”, las cuales están definidas en dos numerales, el primero refiere que será tarea de la Policía Voluntaria, “Auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales”.
El segundo numeral mandata a los integrantes de este cuerpo de apoyo a “Auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos delictivos, preservando el lugar, prestando la ayuda necesaria a las víctimas y dar parte oportuna a las autoridades que corresponda”.
Sin embargo, la constitucionalización de la “Policía Voluntaria” sin requisitos, casi con “vía libre” no es más que una acción desesperada del régimen por engrosar las filas de los grupos de choque para lanzarlos en su defensa ante un eventual levantamiento cívico. La juramentación de más de 50mil miembros es prueba fehaciente de ello.
Las funciones de la nueva “Policía Voluntaria”
Una fuente del departamento de Chinandega vinculada al partido gobernante, dijo a Onda Local que una de las primeras acciones que realizarán las personas que integran la “Policía Voluntaria” es hacer visitas casa a casa en barrios y comunidades, con la finalidad de advertir a personas percibidas como opositoras, que están siendo vigiladas.
La premisa es coherente con lo afirmado por el comisionado Vanegas. “Nosotros realizamos reuniones, visita casa a casa, estamos trabajando todo el tiempo en la prevención y ellos (los policías voluntarios), su principal función, su principal rol es apoyo y como cuerpo auxiliar”.
Lo que pueden hacer y lo que no
Vanegas, al ser preguntado por las funciones específicas del nuevo cuerpo parapolicial, reiteró que la Policía Voluntaria como cuerpo de apoyo, “realiza labores de prevención, nos apoya en las labores de orden público, nosotros realizamos vigilancia y patrullaje, y nos apoyamos en la Policía Voluntaria.”
Asimismo aseveró que los miembros de estas fuerzas de choque al servicio de los dictadores, “pueden hacer todas las cosas, todas la indicaciones o actividades que le oriente la Policía Nacional.”
Añadió que las brigadas “Julio Buitrago Urroz”, deben cumplir las indicaciones “con lealtad y obediencia”. En ese sentido dijo que “se constituyen en cumplidores de las tareas que la Policía Nacional les encomiende”.
El funcionario policial también refirió que si bien, los policías voluntarios no pueden ejecutar arrestos, “como cuerpo de apoyo, sí pueden participar en los mismos”. Aunque aclaró que como cuerpo subordinado, “no pueden actuar por cuenta propia, si no es con la guianza de la Policía Nacional”.

No devengarán salario, pero tendrán privilegios
Los más de 50 mil “policías voluntarios” que estarán bajo el mando de la Policía Nacional, no recibirán remuneración económica por su labor de apoyo al brazo represor de los Ortega Murillo, pero “tendrán la cobertura de la institución policial con los mismos privilegios que los policías profesionales”.
Así lo dijo el comisionado Jaime Vanegas en el programa de la televisión oficialista.
“Ellos y ellas, para ser claros, por eso se llama Policía Voluntaria, no reciben, no devengan ningún salario, por supuesto, cuando están trabajando con nosotros, cualquier incidencia, ellos están bajo la cobertura de nuestra institución policial” dijo Vanegas.
El comisionado añadió que “nosotros tenemos un hospital, tenemos una cantidad de prerrogativas que son exclusivas para los policías profesionales, pero cuando ellos están en servicio también tienen estas coberturas”.
Recibieron entrenamiento previo
Por otro lado, el inspector policial admitió que estas personas han venido recibiendo entrenamiento desde años atrás.
“Desde hace varios años ellos ya se han venido entrenando, capacitando en acciones de intervención, de conducción, de reducción y de restablecimiento del orden público” aseguró Vanegas en la televisora progubernamental.
Lo afirmado por Vanegas ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Medios de comunicación han recogido esas denuncias durante los últimos dos años. Personal principalmente de Salud, Educación y de las Alcaldías ha sido capacitado para el uso de armas y otras tácticas militares.
La noticia ha sido documentada incluso por medios de comunicación internacionales. En julio de 2024, el diario español El País publicó un reportaje con el testimonio de 8 personas empleadas públicas que fueron llevadas obligadamente a campamentos, bases militares y distritos policiales para recibir entrenamiento.
“Los ejercicios inician a las ocho de la mañana y concluyen a las cinco de la tarde. Antes de iniciar la jornada, ya sea el secretario político encargado de ellos o el jefe de la estación policial, se dirigen a los “reclutas”. Les dicen que “ellos quedan en reserva” a partir de ahora para ser convocados en caso de “cualquier intentona golpista”, asegura el medio.
El diario afirma en su investigación que “desde mediados del año 2023 el régimen de Ortega y Murillo ha iniciado en Nicaragua jornadas de entrenamiento militar de civiles en diversas locaciones del país, las cuales son manejadas con estricto secretismo”.
Vanegas, el inspector policial citado anteriormente, afirmó que “después de lo ocurrido en el año 2018, creemos que es muy importante que los y las protagonistas participen directamente en procurarse su propia seguridad, su propia tranquilidad”, añadió que el modelo con el que trabaja la policía, “es un modelo de protección a las personas, familias y comunidades, que hace que la población se convierta en protagonista de esa seguridad”.
El funcionario de la institución policial, reafirmó además, con palabras cargadas de eufemismos, que paramilitares y parapoliciales que participaron en la operación limpieza para neutralizar las protestas de 2018, fueron coordinados por la Policía Nacional: “Nosotros tenemos experiencias muy recientes, hace 7 años, en el intento de golpe de Estado fallido, en el año 2018, la comunidad, los pobladores espontáneamente se involucraron a defender la paz, la soberanía, la integridad y sobre todo el orden constituido en Nicaragua.”
La institucionalización del terror
Las fuerzas paramilitares y parapoliciales que fueron activadas por la dictadura para sofocar las protestas que iniciaron en abril de 2018, además de violentar la Constitución Política de la República, cometieron crímenes de lesa humanidad.
La llamada operación limpieza dejó más de 355 personas asesinadas, además de centenares de heridos, según constaron organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Dichos grupos armados paralelos e irregulares, estaban prohibidos en la Carta Magna, misma que reconocía únicamente dos cuerpos armados: El Ejército, como institución castrense y la Policía como institución de carácter civil.
El párrafo segundo del artículo 95, establecía claramente: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.
Por tanto, los paramilitares y parapoliciales, a quienes el Ejército y la Policía dotó de armas de guerra, operaron al margen de la ley. Con tal acción, las instituciones armadas reconocidas en la Constitución también violentaron la máxima ley de la República.
La Constitución de la República sufrió durante los últimos años varias reformas que se venían dando a cuentagotas. El 16 de enero de 2024 fue aprobada por la Asamblea Nacional la modificación del artículo 97, el cual estatuía que la Policía Nacional, era una institución de naturaleza apartidista y apolítica. Tal condición fue eliminada mediante la enmienda hecha efectiva a través de la Ley Nº. 1185 (Ley de reforma al artículo 97 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.)
Antes de esa reforma parcial, el tercer párrafo del artículo 97 refería que: “La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”.
De igual manera la Ley No. 872, aprobada el 26 de junio de 2014, y que aún sigue vigente, específica en las disposiciones generales, artículo uno, párrafo primero, referido a la naturaleza de la Policía, que “La Policía Nacional es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial”.
La iniciativa de reformas a la Constitución fue enviada por Daniel Ortega al Legislativo el 19 de noviembre de 2024 para su aprobación. Las mismas que por ley debían aprobarse en dos legislaturas, fueron iniciadas en primera legislatura en noviembre de 2024 y consumadas en segunda legislatura en enero de 2025, demoliendo así el Estado de derecho y promulgando un modelo dictatorial a su gusto y antojo.
Dentro de ese contexto es que se oficializan los grupos parapoliciales y paramilitares. La pareja dictatorial tomó la aberrante decisión de otorgarles rango constitucional.
El comisionado Vanegas justificó y defendió la decisión argumentando que esta “se debe al reconocimiento de la población de las funciones que ha venido desarrollando tradicional e históricamente en Nicaragua.”
Los artículos constitucionales que oficializan la creación de las estructuras paralelas, son ahora el Artículo 85 (referido a los paramilitares) y el Articulo 92 (referido a las “Policía Voluntaria” o fuerzas parapoliciales). Así han sido numerados en el texto definitivo luego de integradas las modificaciones y renumerados los Títulos, Capítulos y Artículos.
Los artículos referidos son los siguientes:
- Artículo 85. Se crean las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, sub oficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento del Ejército de Nicaragua, así como cualquier ciudadano o ciudadana que desee participar en la defensa armada de la Nación, para garantizar la Estabilidad, la Seguridad y la Paz.
- Artículo 92. Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria.
La nueva constitución de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el 18 de febrero de 2025.
Queda esperar las acciones de los dictadores respecto a la conformación de las “fuerzas militares de reserva patriótica”, el otro grupo armado paralelo que también ha sido abominablemente constitucionalizado.